Juicio Odebrecht: Fiscalía revela penas, millonarias multas y exclusiones de cargos

El juicio por el caso Odebrecht se reanudo la tarde de este 23 de febrero en su etapa de alegatos.

Durante su turno, la Fiscalía Anticorrupción, liderada por la fiscal Ruth Morcillo, detalló un amplio listado de sentencias condenatorias y acuerdos suscritos con personas naturales y jurídicas, que incluyen penas de prisión, inhabilitaciones, multas millonarias, comisos de bienes y devoluciones de dinero al Estado.

Entre los primeros imputados mencionados se encuentran José Luis Saiz, condenado a 47 meses de prisión e inhabilitación por igual término, además de una multa de $750 mil; Jorge Espino, sentenciado a 42 meses de prisión e inhabilitación por 42 meses, con multa de $1.000.000; y Andrés Mozes Libedinisky, quien recibió 42 meses de prisión, inhabilitación por dos años y multa de $1.742.212 balboas.

Mauricio Cort y García fue condenado a 48 meses de prisión e inhabilitación por 42 meses para ejercer cargos públicos, además del pago de $1.6 millones. Raúl De Saint Malo y Humberto de León recibieron penas de 60 meses de prisión cada uno, con multas de $1.9 millones en ambos casos. Olmedo Méndez Tribaldos fue sentenciado a 46 meses de prisión, inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos y el pago de $1.8 millones vinculados a buques, mientras que Eduardo Patrao fue condenado a 48 meses de prisión y multa de $600 mil.

La Fiscalía también informó sobre otros acuerdos de pena. Daysie Villareal fue condenada a 34 meses de prisión y al comiso de dos fincas y un automóvil. Carlos Hoo recibió 48 meses de prisión e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, además de una multa de $220 millones. Timothy Scorah Lynn fue condenado a 48 meses de prisión y multa de $2.8 millones, y Freddy Barco a 32 meses de prisión con dos años de inhabilitación para realizar contratos con el Estado.

En el caso de la persona jurídica Constructora Norberto Odebrecht de Panamá y CNO se informó sobre un acuerdo de colaboración eficaz con exclusión de cargos. También se detallaron acuerdos de colaboración eficaz que derivaron en exclusión de cargos para André Luis Campo Rabello, Olivio Rodrigues, Luis Da Rocha Soares, entre otros.

La lista de colaboraciones eficaces incluye además a Gabriel Alvarado Far, Roberto Brin y Amado Barahona, todos con exclusión de cargos. Ramón Carretero suscribió un acuerdo de colaboración eficaz que también implicó exclusión de cargos y la devolución de un millón de dólares.

Otros acuerdos de pena comprenden a Paulo César de Miranda, condenado a 48 meses de prisión y la devolución de $25 mil; Evelyn Vargas y Francisco Pérez Ferreira, ambos con penas de 40 meses de prisión; Juan Carlos Espinoza, sentenciado a 21 meses de prisión y la devolución de $21 mil; y Ricardo Francolini, condenado a 30 meses de prisión con devolución de $1.9 millones.

Según la Fiscalía, la mayoría de estos acuerdos se enmarcan en procesos por blanqueo de capitales, mientras que algunos también incluyen delitos contra la administración pública.

Los fiscales sostienen que la colaboración eficaz permitió reconstruir la ruta del dinero, identificar los mecanismos financieros utilizados para canalizar sobornos y avanzar en la recuperación de activos.

El proceso, uno de los más relevantes en materia de corrupción en el país, pone a prueba la efectividad de las herramientas legales creadas para enfrentar estructuras complejas de criminalidad económica.

Durante la audiencia de este 23 de febrero la jueza Marquínez le otorgó a la fiscal Morcillo hasta una hora de alegatos para sustentar el caso contra cada uno de los presuntos imputados.

“La Fiscalía tomará el tiempo que requiera, atendiendo la consideración contra cada procesado”, insistió Marquínez.

Al concluir Morcillo comenzarán sus alegatos los abogados defensores de los implicados en esta investigación.

Entre las personas implicadas en esta causa está el expresidente de la República Ricardo Martinelli, seis exministros, exfuncionarios, empresarios y particulares.

La investigación se inició en 2017, cuando el Ministerio Público, mediante herramientas de colaboración eficaz internacional, obtuvo declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y en Panamá.

Estas declaraciones permitieron establecer cómo la empresa pagó a funcionarios panameños para obtener el beneplácito en la construcción de obras a través de la llamada caja 2 de Odebrecht.

Según la investigación, Odebrecht operaba por medio de la División de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos a funcionarios públicos, utilizando sociedades anónimas en varias jurisdicciones como Belice, Uruguay, Países Bajos, Bahamas, Bolivia, Chipre y Panamá.Las declaraciones que constan en el expediente, producto de la colaboración internacional de Brasil, Suiza y Estados Unidos, señalan que la empresa reconoció haber hecho pagos de sobornos.

La estructura de los pagos presuntamente incluía la participación de testaferros, sociedades y cuentas facilitadas por la empresa a través de terceros para recibir dinero ilícito.

En el marco de este caso, se registran sobornos por alrededor de 439 millones de dólares pagados por la constructora no solo en Panamá, sino también en países como Colombia, México, Angola, Mozambique, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y República Dominicana.Hasta la fecha, en esta causa hay 19 personas condenadas y se han recuperado más de 80 millones de dólares.