La advertencia sindical que empaña la estrategia económica del Gobierno

Las Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR) alertaron sobre las graves consecuencias que afronta el país tras ser incluido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la “lista larga” de los 40 países con mayores incumplimientos de las Normas Internacionales del Trabajo. Esta medida, adoptada en abril de 2026, responde a las violaciones al Convenio Fundamental No. 87 sobre la libertad sindical.

A partir del próximo 1 de junio de 2026, durante la Conferencia Anual de la OIT, se definirá la “lista corta” integrada por 24 naciones del mundo. Estos países serán sometidos a un escrutinio riguroso por parte de la Comisión de Aplicación de Normas. Según el pronunciamiento de la OIR, Panamá es un “fuerte candidato a ingresar a esta lista, por segundo año consecutivo”, debido a una conducta estatal que desconoce los derechos mínimos de los trabajadores, atenta contra la autonomía de los sindicatos y sostiene una campaña de persecución contra sus líderes.

La organización sindical criticó la postura del Ejecutivo, señalando una contradicción entre la búsqueda de capitales y el cumplimiento de los compromisos internacionales. Mientras el presidente de la República busca recuperar la confianza de los organismos mundiales de crédito y atraer inversionistas extranjeros para el sector empresarial, “insiste en subestimar el impacto negativo reputacional y en el desprestigio de País como destino de inversiones”.

La OIR advirtió que reincidir en la lista corta implicaría una eventual escalada en los mecanismos de control de la OIT para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de los derechos humanos. Ante este escenario, el gremio lamentó los intentos gubernamentales por maquillar la situación internacional del país mediante el uso de supuestos dirigentes.

Mediante un comunicado de prensa dado a conocer este lunes 18 de mayo, la coalición obrera hizo un llamado urgente para “instaurar un Diálogo Social efectivo”. Este proceso, detallaron, debe construirse sobre reglas democráticas que respeten la representatividad y legitimidad de las organizaciones sindicales y sus líderes, elegidos libremente y sin la intervención del gobierno nacional ni del sector empresarial.