La renuncia de Sherina Latorraca y los conflictos de interés en las entidades

Dos días después del escándalo, la abogada Sherina Latorraca presentó su renuncia a la dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Todo empezó el pasado lunes, cuando el diputado de Vamos Jonathan Vega en la Comisión de Presupuesto cuestionó a la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca, por el nombramiento de su hija Sherina Latorraca en Contrataciones Públicos.

El cuestionamiento giraba en torno a posibles conflicto de interés. La magistrada Santamaría de Latorraca le respondió a Vega que, antes de hacer el nombramiento, consultó tanto a la Procuraduría de la Administración como a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

“Ella no tiene, ella no está en un lugar donde se tomen decisiones jurisdiccionales ni tiene firma; ella está en Asesoría Legal, ella solo emite conceptos y se los pasa al director, y el director es quien decide los conceptos y los firma”, respondió Santamaría de Latorraca en la Comisión de Presupuesto, a la que asistió para sustentar la vista presupuestaria de la institución.

Sin embargo, la Antai indicó que la entidad no fue consultada por Santamaría de Latorraca sobre el tema de la contratación de su hija.

Además en la Dirección General de Contrataciones Públicas fueron destituidos el jefe de Fiscalización y el director de Tecnología tras la salida de Latorraca.

La Estrella de Panamá conoció que también renunciaron tres abogados.

La hija de la magistrada Santamaría de Latorraca aún se mantiene bajo licencia en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La Estrella de Panamá confirmó que Latorraca figura además como subdirectora ejecutiva institucional de la SMV, donde se encuentra de licencia sin sueldo.

Su nombramiento en la Dirección General de Contrataciones Públicas fue defendido por su madre bajo el argumento de que su hija “no participa en la toma de decisiones”.

La información de la planilla de la SMV, que se reporta ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, precisa que Sherina Latorraca devenga un sueldo de $3,500, inició labores el 2 de febrero de 2021 y el estado de su puesto es “licencia sin sueldo” desde agosto de 2024.

Las críticas por conflicto de interés por nombramientos en el engranaje gubernamental volvió al debate en la Comisión de Presupuesto.

En esta ocasión, el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA) José Pérez Barboni cuestionó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, por varios presuntos casos de conflicto de interés durante la presentación de vistas presupuestarias de la Asamblea Nacional.

Pérez Barboni cuestionó a la ministra por su cuñado, Edwin Cedeño, quien trabaja como asesor en el despacho de la viceministra, de acuerdo al propio sitio web del Mitradel.

La ministra confirmó que se trata del hermano de su esposo y arguyó que es un “préstamo interinstitucional”. Tras preguntas del diputado, añadió que ella misma fue quien solicitó el préstamo.

Aunque Muñoz afirmó que consultó con la Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información (Antai), reconoció que no cuenta con una respuesta escrita.

“Haga las investigaciones correspondientes y esperemos que la Antai responda si tiene alguna duda”, replicó la ministra.

El diputado procedió a cuestionar a la directora nacional de Empleo, Karlina Juliao de Bodero, quien aparece como agente residente de la sociedad RQ Marketing & Events, S.A.

De acuerdo con Pérez Barboni, esta empresa recibió una contratación directa del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) por 11 millones de dólares.

“Me gustaría que me cuente cómo por contratación directa usted recibe este contrato y si utilizó influencias dentro del despacho superior del Ministerio de Trabajo para conseguir este contrato”, preguntó Barboni.

Juliao respondió que no tiene nada que ver con las contrataciones o licitaciones que haga la empresa con el Estado o con cualquier otra empresa privada, que solo es la agente residente y que se cumplió con la debida diligencia.

“Yo creo que 1+1 es dos, si lo vemos de esa forma. ¿Usted sabiendo que esta empresa tenía intenciones de recibir una contratación directa por parte del Estado de no pensó que renunciar sería lo más prudente para evitar cualquier malinterpretación?”, continuó el diputado.

Fuentes del Mitradel comunicaron posteriormente que la empresa que recibió la contratación de 11 millones de dólares no es la misma en la que la directora Juliao aparece como agente residente, sino una con nombre similar llamada Marketing & Events.