Libertad Ciudadana pide a Mulino objetar el proyecto de ley que reforma el ‘Reglamento Interno’ de la Asamblea

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y Transparencia solicitó este miércoles 19 de agosto al presidente José Raúl Mulino objetar por inexequible y no sancionar el proyecto de ley No. 594, aprobado por la Asamblea Nacional, mediante el cual se reforma el Reglamento Interno de la entidad.

A través de una carta abierta dirigida al mandatario, la organización expresó su preocupación por varias disposiciones de la iniciativa, al considerar que desnaturalizan las funciones constitucionales de los diputados y podrían generar nuevamente mecanismos vinculados al clientelismo político.

Según Libertad Ciudadana, el proyecto establece que los diputados deberán “gestionar, impulsar y fiscalizar” programas y proyectos específicos en sus respectivos circuitos, además de contemplar una inversión mínima para obras y proyectos sociales dentro del Presupuesto General del Estado.

La fundación sostiene que los artículos No. 159, 160 y 161 de la Constitución establecen de manera taxativa las funciones del Órgano Legislativo y, a su juicio, ninguna de estas disposiciones faculta a los diputados para gestionar, impulsar o fiscalizar proyectos específicos en sus circuitos electorales.

También señala que el artículo No. 163 de la Constitución prohíbe expresamente a la Asamblea Nacional inmiscuirse en competencias que corresponden de manera exclusiva a otros órganos del Estado.

En ese sentido, la organización recuerda que los artículos No. 232, 233, 242, 243 y 250 de la Constitución atribuyen determinadas responsabilidades de gestión local a los municipios, alcaldes, concejos municipales y juntas comunales.

Para Libertad Ciudadana, la reforma podría provocar una superposición de funciones entre los diputados y las autoridades locales.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana también considera que el proyecto de ley revive mecanismos que históricamente han servido de base para el clientelismo político, al convertir a los diputados en gestores directos de proyectos y recursos destinados a sus circuitos.

La organización recordó además que la Corte Suprema de Justicia, mediante un fallo del 16 de marzo de 2017, declaró inconstitucional el esquema de partidas circuitales, debido a razones que, según la fundación, guardan relación con las disposiciones planteadas actualmente.

“Sancionar esta ley no solo contradiría la letra de la Constitución, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema, reabriendo espacios para el clientelismo político y la utilización de fondos públicos como ventaja electoral”, señala la carta.

La organización agregó que el presidente Mulino tendría la oportunidad de mantener su compromiso de “hacerlo distinto” y evitar que su administración quede sometida a mecanismos de presión o intercambio político basados en prebendas.

Libertad Ciudadana reiteró que la decisión de no sancionar el proyecto de ley representaría, a su criterio, un acto de coherencia con el principio de separación de funciones establecido en la Constitución.