Maersk responde a arbitraje de Panama Ports Company y niega responsabilidad en disputa portuaria

La empresa Maersk reaccionó al anuncio de arbitraje internacional presentado por Panama Ports Company (PPC), asegurando que no se considera responsable de las reclamaciones en medio de la disputa por la operación de terminales portuarias en el país.

En una breve declaración, Maersk confirmó que PPC inició el proceso arbitral en su contra, relacionado con las acciones del Gobierno panameño y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que invalidó la concesión portuaria que mantenía Panama Ports Company en enero de este año.

No obstante, subrayó que responderá a los señalamientos “en el foro correspondiente” y que, por el momento, no emitirá más comentarios.

El pronunciamiento de Maersk se produce luego de que PPC —filial de la multinacional CK Hutchison— anunciara este martes 7 de abril el inicio de un arbitraje internacional en la ciudad de Londres, alegando incumplimientos contractuales por parte de la naviera.

Según PPC, el proceso se fundamenta en un acuerdo de largo plazo que contemplaba un modelo de colaboración exclusiva para el uso de sus operaciones portuarias, así como el acceso a instalaciones e información estratégica.

La empresa sostiene que Maersk habría incumplido ese contrato al alinearse con el Estado panameño en una serie de acciones que derivaron en su salida de las terminales.

La controversia se centra principalmente en el puerto de Balboa, cuya operación pasó a manos de APMT Panamá S. A., empresa vinculada a Maersk, tras la ejecución de medidas estatales de este 23 de febrero.

Dichas acciones, según PPC, incluyeron la toma de las terminales previamente operadas por ellos en Colón y Panamá, puertos de Cristóbal y Balboa, respectivamente, y la adjudicación de una nueva concesión.

Además, PPC alegó que el nuevo operador habría utilizado instalaciones e información que pertenecían a la compañía, lo que, a su juicio, agrava el conflicto contractual.

El contrato temporal con APMT Panamá contempla una contraprestación económica de 26.1 millones de dólares por la operación del puerto de Balboa.

PPC también aclaró que este arbitraje contra Maersk es independiente de otros procesos legales que mantiene contra el Estado panameño, al que acusa de vulnerar compromisos contractuales y normas de protección de inversiones.