Manifestantes protestan contra ampliación de la Vía España y denuncian presuntos delitos ambientales en Panamá

Crece la polémica por el proyecto de ampliación de la Vía España. Comerciantes, propietarios y miembros de la comunidad realizaron una protesta para rechazar las obras impulsadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, al considerar que el plan representa un grave impacto ambiental, económico y urbano para la ciudad.

Durante la manifestación, el abogado Donaldo Sousa Guevara aseguró que ya fueron presentadas denuncias ante la Procuraduría de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Ambiente, argumentando que el proyecto habría iniciado sin estudio de impacto ambiental.

Según Sousa, la ampliación afectaría directamente a más de 600 comercios ubicados a lo largo de cinco kilómetros de la Vía España, debido a la eliminación de estacionamientos y las modificaciones viales previstas en el proyecto.

El jurista calificó la iniciativa como “inviable” y sostuvo que las obras podrían deteriorar la calidad de vida de residentes y comerciantes del sector.

“Se está rellenando de cemento el centro de la ciudad, cuando las tendencias urbanísticas modernas buscan precisamente lo contrario”, expresó durante la protesta.

Además, advirtió sobre posibles afectaciones ambientales por la tala de árboles centenarios y el aumento del ruido y la contaminación en la zona.

Los manifestantes rechazaron las críticas en redes sociales que los señalan de oponerse al desarrollo de la ciudad. Sousa afirmó que el movimiento no está en contra del progreso, sino de proyectos que —según argumenta— no cumplen con criterios científicos, ambientales y legales.

También sostuvo que especialistas en urbanismo consideran que la ampliación no solucionará los problemas de tráfico y podría generar mayores embotellamientos en la capital.

La comunidad organizada anunció que continuará realizando protestas y acciones legales para intentar frenar el proyecto.

Entre las medidas ya interpuestas figuran una querella penal contra el ministro de Obras Públicas, un amparo de garantías ante la Corte Suprema y una denuncia formal ante el Ministerio de Ambiente.

Los opositores al proyecto aseguran que el propio ministro habría reconocido públicamente que la obra no cuenta con estudio de impacto ambiental, situación que consideran una violación a la normativa vigente en Panamá.