Menos recursos: 482 mil niños en pobreza entre recortes a la inversión social

Detrás de los grandes rascacielos y de indicadores macroeconómicos que superan a los de la región, uno de cada tres niños vive en pobreza en Panamá. Aunque el país presume del mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de América Latina, las cifras también revelan una profunda brecha social, en medio de recortes a subsidios y presupuestos destinados a la inversión social.

La contradicción es una de las principales alertas del Reporte Anual 2025 de Unicef, publicado en julio de este año: Panamá puede ser uno de los países con mayores ingresos de América Latina, pero ese crecimiento no ha llegado de la misma manera a toda su población.

En el país, unos 482,033 niños viven en pobreza monetaria. Es decir, más de uno de cada tres menores de edad crece en un hogar que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades. En las comarcas indígenas, la desigualdad adquiere dimensiones todavía más dramáticas: nueve de cada diez niños viven en pobreza.

Por otro lado, Euclides Méndez, del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá (UP), señala que la pobreza en el Estado es un indicador de fracaso de la organización social de una nación “Para la sociedad que contiene la pobreza implica el fracaso en la gestión del desarrollo social, la falta de cohesión nacional, la ausencia de valores humanos y el incumplimiento de responsabilidad pública”, señaló.

Uno de los datos que expone con mayor claridad la distancia entre las necesidades sociales y la respuesta del Estado es el nivel de inversión. De acuerdo con el reporte de Unicef, Panamá destina alrededor del 9% de su PIB al gasto social, mientras que el promedio regional alcanza el 18%.

Sin embargo, los ajustes previstos en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2027 podrían profundizar esta brecha.

Para el 2027, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene un presupuesto de inversión de $145 milllones, $49 millones menos que lo otorgado en 2026.

“No podemos pensar que es positivo hacer recortes presupuestarios sin un análisis para medir cuál va a hacer el impacto a futuro que eso va a tener. No se puede trabajar con políticas económicas que al final van a tener un alto costo en las políticas sociales”, expresó Rosaria Correa Pulice, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

De acuerdo a Correa, bajar el presupuesto en este tipo de renglones es retroceder además de ser una “violación a los estándares internacionales” y derechos que Panamá ya ha reconocido en su propia legislación. “Por eso es importante que se desarrolle un sistema de monitoreo de medición de cuentas. Hay cuestiones que todavía falta desarrollar y para eso se necesitan recursos, no solo económicos, sino recursos humanos”, explicó.

A pesar de esto, la educación tampoco escapa de estos recortes. Para 2027, el mantenimiento preventivo de las escuelas contará con $20 millones, mientras que los recursos para construcción y rehabilitación de planteles pasarán de $1,272 millones este año a $1,188 millones el próximo.

La distribución de los recursos también plantea interrogantes. Mientras la nutrición escolar dispondrá de $51 millones, el fortalecimiento de la tecnología contará con $94,6 millones, en un país donde 16% de los niños y adolescentes proviene de hogares que no logran cubrir la canasta básica alimentaria

Así lo habría advertido el informe “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, elaborado por el Banco Mundial, Unicef y el Mides.

La discusión sobre la inversión social ocurre, además, después de una fuerte reducción en los subsidios destinados a los hogares.

Entre 2024 y 2025, los subsidios a las familias panameñas pasaron de $1,365 millones a $728 millones. La diferencia representa una reducción de $638 millones, equivalente al 47%.

Los mayores ajustes se registraron en el Fondo Solidario de Vivienda, que prácticamente desapareció. El programa, eliminado durante la actual administración, otorgaba un bono no reembolsable de $10,000 a familias que adquirían su primera vivienda dentro del rango de interés social.

También se redujeron los recursos destinados al subsidio de intereses preferenciales para viviendas, que pasó de $15 millones en 2024 a $5 millones en 2025.

Otros programas sociales, como Ángel Guardián, las becas estudiantiles y el programa PASE-U, también registraron disminuciones.

Esto ocurre pese a que el presidente José Raúl Mulino sostuvo el pasado 1 de julio que había rechazado recortar los subsidios, en medio de un proceso de reorganización del Estado y de instituciones que, según sus propias palabras, habían perdido capacidad de ejecución.

Este tipo de decisiones políticas no parecen responder a las recomendaciones de expertos como Méndez para combatir y erradicar la pobreza. Entre sus propuestas, plantea que el Estado debe definir áreas estratégicas de desarrollo económico y establecer políticas de atracción demográfica, de manera que se consoliden núcleos poblacionales importantes que permitan una prestación más eficiente de los servicios y políticas públicas, haciendo más efectiva la inversión estatal.

“Para un estado es indispensable la localización y la identificación de la pobreza sus diversos niveles y dimensiones para generar políticas y acciones efectivas no solo que la mitiguen sino que la acaben”, aclaró Méndez.

Las carencias tampoco terminan en la pobreza económica. Unicef advierte que uno de cada dos niños experimenta disciplina violenta en su hogar.

Además, más de 14.000 adolescentes son madres. Estos datos revelan otra dimensión de la crisis: la protección de la infancia continúa siendo insuficiente.

La pobreza y la falta de oportunidades pueden agravar situaciones de violencia, abandono y exclusión. Al mismo tiempo, un sistema de protección que no logra identificar y atender a tiempo a los menores en situación de vulnerabilidad permite que los problemas se profundicen.

La discusión sobre el gasto social, por lo tanto, no puede limitarse a una operación contable. Pero también hay otra cara de la moneda: gastar más sin corregir los problemas de focalización tampoco garantiza resultados, señala Unicef.

“La protección de los derechos humanos de los niños no consiste solamente en guardarlos en un albergue; es garantizarles sus derechos y desarrollar buenas políticas públicas, no solo enfocadas en los niños, sino también en los padres, para que tengan trabajo; atacar el crimen organizado y garantizar la seguridad. Hay que pensar de otra forma”, concluyó Correa.