Millonario gasto social sin impacto: 75% de los más pobres están excluidos de los programas del Mides

Barril sin fondo. Aunque el Estado panameño destina cientos de millones de dólares, solo este año $55 de estos, en programas de transferencias monetarias, más del 75% de las personas en pobreza extrema continúa sobreviviendo sin asistencia estatal por no estar correctamente focalizados.

Se consideran en pobreza extrema a aquellos ciudadanos cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la Canasta Básica Familiar. Esta contradicción de una política pública que pareciera no dar los resultados esperados la expone el informe: “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, elaborado por el Banco Mundial, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Y es que las provincias y comarcas con mayores niveles de pobreza multidimensional —es decir, donde la población enfrenta carencias no solo económicas, sino también en educación, salud y acceso a servicios básicos, entre otras— como Bocas del Toro, Darién, Guna Yala y Emberá Wounaan, también figuran entre los territorios con menor cantidad de beneficiarios de programas como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián, según cifras del Mides y el último informe de Pobreza Multidimensional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en 2018.

Por otro lado, el estudio del Banco Mundial, publicado al inicio de mayo 2026, concluye que aunque las transferencias de estos programas han contribuido históricamente a reducir la pobreza en Panamá, la cobertura actual continúa siendo “muy limitada”.

El hallazgo más crítico es que solo entre el 6% y el 23% de la población ubicada en los sectores más pobres recibe algún tipo de transferencia de 120 a los 60, Red de Oportunidades o Ángel Guardián, según la cobertura combinada de estos programas sociales.

Actualmente estos programas suman 189,930 beneficiarios en todo el país, de acuerdo con cifras de la Red Nacional de Beneficiarios (Renab), las mayores concentraciones se registran en las provincias de Panamá, Chiriquí y Veraguas, así como en la comarca Ngäbe Buglé, donde cada una supera los 20,000 beneficiarios dentro de las iniciativas de transferencia monetaria.

Paradójicamente, con excepción de la comarca Ngäbe Buglé, ninguno de estos territorios supera el 20% de población en situación de pobreza multidimensional. Veraguas encabeza este grupo con el indicador más alto, al registrar una incidencia de 18%.

El problema adquiere mayor gravedad ya que en zonas rurales y comarcales las condiciones de vida son más críticas y donde la niñez enfrenta carencias estructurales relacionadas con salud, educación, nutrición y acceso a agua potable, entre otras necesidades.

En este sentido, el sociólogo Mario De León, coincide con los hallazgos del informe de la entidad bancaria internacional y destaca que la pobreza no solo se debe medir por la falta de ingresos sino que los factores como el acceso a servicios públicos, la infraestructura y las condiciones regionales y locales en las que se encuentran los ciudadanos son clave.

“Los programas de transferencias monetarias no son suficientes, son solo mecanismo de distribución del ingreso pero más nada, se necesitan otras políticas además de eso. Las políticas no se pueden improvisar, se deben dar a raíz de un estudio previo, y aquí en Panamá parece que hay un divorcio entre los estudios y las políticas”, concluyó el experto.

En cuanto a los recursos destinados por el Mides a los programas de transferencia monetaria, el ministerio desembolsó $55 millones únicamente en el primer pago de este año, correspondiente al periodo entre enero y marzo. Esto apenas representa el 0,16% del presupuesto general del Estado para 2026.

Durante 2025, los desembolsos acumulados para programas de transferencias monetarias alcanzaron los $380,9 millones distribuidos en cuatro pagos, equivalente al 2% del presupuesto estatal de ese año, fijado en $32,841,7 millones.

El contraste se vuelve más evidente frente a otros renglones del gasto público: solo el servicio de la deuda absorbió $5,825 millones, cerca del 18% del presupuesto nacional, mientras que el sector de banca y financiamiento recibió $6,511 millones, convirtiéndose en el rubro con mayor asignación de recursos, según el portal gestiontransparentepanama.mef.gob.pa/.

Por otro lado, la pasada administración destinó $1,768 millones a programas de transferencias monetarias a lo largo de su quinquenio.

Sin embargo, los organismos internacionales advierten que el problema no necesariamente es la falta de recursos, sino la ineficiencia en la focalización. La coexistencia de subcobertura en los hogares más pobres y filtraciones hacia sectores medios y medio-altos expone debilidades en los mecanismos de selección y control, explica el Banco Mundial.

El informe también muestra que entregar dinero, por sí solo, no reduce automáticamente la pobreza. La evidencia internacional muestra que las transferencias monetarias solo generan cambios sostenibles cuando están acompañadas de servicios públicos básicos. Atención primaria de salud, educación inicial, desarrollo infantil temprano, agua potable y programas de generación de ingresos forman parte de la ecuación.

Asimismo, la desigualdad territorial sigue siendo una de las mayores deudas del Estado panameño.

Las regiones comarcales y rurales concentran los peores indicadores de pobreza multidimensional superando el 90% de sus poblaciones, pero también enfrentan las mayores barreras para acceder a servicios públicos y oportunidades económicas.

Entre los obstáculos identificados por el Banco Mundial destacan la falta de consenso político sostenido, limitaciones técnicas para implementar programas territoriales y debilidades institucionales para monitorear resultados.

“Es necesario contar con datos, informes e investigaciones para conocer la situación a lo concreto pero eso no es suficiente para cambiar la pobreza. Una cosa es el estudio sobre la realidad del país y otra es que el gobierno va a hacer con esos datos, qué políticas públicas se van a desarrollar a partir de esa información”, señaló De León.

El sociólogo destaca que en el país cuando se realizan los informes no se aplican políticas adecuadas en función de los hallazgos.

Sin embargo, Panamá no cuenta con estadísticas socioeconómicas recientes que ayuden a implementar políticas contra la pobreza en el país. Una rápida búsqueda en el portal del MEF deja ver que los últimos reportes de pobreza en el país datan al 2018, mientras que el último informe de la distribución de ingresos es de 2023 y el informe del índice de progreso social más reciente es del quinquenio pasado.

La Decana consultó con el MEF la razón por la cual no han sido actualizados estos indicadores y cómo puede el Estado plantear una política pública contra la pobreza sin conocer la realidad actual del país en este sentido, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mientras Panamá mantiene esquemas “limitados”, otros países de la región ya aplican modelos más focalizados y progresivos.

Brasil, por ejemplo, ajusta los montos del programa Bolsa Família según la cantidad de hijos y las edades de los niños en cada hogar. Argentina implementa un esquema similar mediante la Asignación Universal por Hijo.

Estos programas han demostrado resultados en la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores de salud y educación entre las familias beneficiadas por los mismos, al promover la asistencia escolar y el acceso a controles de salud.

Actualmente en Panamá, hogares con múltiples hijos menores reciben apoyos que muchas veces resultan insuficientes frente a las necesidades reales, mientras que los programas de Brasil y Argentina son respaldados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) por sus resultados.