Ministerio Público investiga presunta venta ilegal de contenedores en La Chorrera

La Sección de Atención Primaria de La Chorrera del Ministerio Público inició una investigación de oficio por el presunto delito de peculado, tras la difusión en redes sociales de denuncias sobre una supuesta venta ilegal de contenedores que serían propiedad del Estado.

El caso involucra a la Alcaldía de La Chorrera, que figura como responsable de la custodia de estos bienes.

Ante la apertura de la investigación, Roberto Lee, secretario general de la Alcaldía, salió al paso de las acusaciones y negó que haya irregularidades en el manejo o destino de los contenedores.

Según Lee, parte del material fue distribuido a distintas juntas comunales para apoyar obras y proyectos comunitarios en los corregimientos del distrito, mientras que otros contenedores permanecen bajo custodia de una empresa recicladora.

“Desde el día uno, el Ministerio Público vino a hacer inspecciones. Estamos entregando toda la información para que vean que realmente no hay nada oculto. Todo está allí, y estamos levantando un acta junto al Ministerio para dejar constancia de ello”, afirmó el funcionario a medios locales.

El representante municipal mostró una comunicación enviada por la empresa recicladora, en la cual esta se ofrecía a colaborar de manera gratuita con la recolección y traslado de los contenedores hacia los distintos puntos designados por la Alcaldía.

“Como empresa comprometida con la responsabilidad social, queremos poner a su disposición nuestro servicio como muestra de nuestro interés en apoyar al distrito. Ofrecemos colaborar de manera voluntaria y sin ningún interés económico en el traslado y distribución de los contenedores hacia las juntas comunales”, se lee en la carta presentada por la Alcaldía.

El Ministerio Público confirmó que funcionarios de la Sección de Atención Primaria de La Chorrera ya realizaron las primeras inspecciones en los lugares donde se encontraban los contenedores, como parte de la fase inicial de la investigación.

Por el momento, no se ha confirmado ninguna imputación formal, y las diligencias se centran en determinar si los bienes fueron efectivamente vendidos de forma irregular o si permanecen bajo control del Estado.

La Alcaldía aseguró que continuará brindando toda la documentación y respaldo necesarios para demostrar la trazabilidad de los contenedores y la legalidad de su distribución.

Mientras tanto, el Ministerio Público reiteró que la investigación de oficio continuará hasta esclarecer si hubo o no un perjuicio económico al Estado y determinar responsabilidades, de comprobarse la comisión de algún delito.