Mulino defiende eliminación del Ministerio de la Mujer: ‘Los títulos no hacen las instituciones’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió este jueves 23 de octubre la eliminación oficial del Ministerio de la Mujer y su transformación en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una medida que el Consejo de Gabinete aprobó dos días antes mediante el proyecto de ley 34-25.

“Los títulos no hacen las instituciones. Ese fue un ministerio que nació con nombre propio y se politizó. Lo que queremos es crear una entidad menos burocrática y más efectiva”, afirmó el mandatario durante su conferencia semanal desde la provincia de Veraguas, donde también reiteró que la decisión busca “ordenar el aparato estatal y optimizar recursos”.

Mulino aclaró que la actual titular de la cartera, Niurka Palacio, permanecerá al frente de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM/OEA), y subrayó que la participación de Panamá en los organismos internacionales “no se verá mermada”. Al mismo tiempo, manifestó su preocupación por la violencia de género y los casos de femicidio en el país, aunque señaló que “estos temas no tienen nada que ver con el Inamu, que ni investiga ni juzga”.

El Ejecutivo justificó la eliminación del ministerio asegurando que el nuevo Inamu asumirá la coordinación y ejecución de políticas públicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, con un enfoque más técnico y menos burocrático.

Sin embargo, la decisión provocó una fuerte reacción de colectivos feministas. La Coalición Internacional de Mujeres y Familias (Cimuf) calificó el cambio como un “retroceso de magnitud histórica” y advirtió que “restarle presupuesto y regresar a la figura de instituto no representa ningún avance”.

“Ni el Ministerio ni el Instituto son una Fiscalía. Que disminuyan la institución porque les da la gana, pero que no digan que es para mejorarla”, expresó Cimuf en su comunicado. La organización también exigió que la persona que dirija la entidad cuente con formación académica y experiencia en políticas públicas de género, y que el Gobierno garantice los fondos necesarios para mantener los 17 Centros de Atención Integral a víctimas de violencia.

“Ni el ambiente ni las mujeres somos prioridad”, concluyó el pronunciamiento, que exhortó al Estado a cumplir los compromisos internacionales asumidos en materia de igualdad, protección y derechos humanos de las mujeres.