Panamá: la imagen de ciudad global

A comienzos de la década de 1990, cuando la literatura económica predominante auguraba que la revolución de las telecomunicaciones y la digitalización disolverían las fronteras geográficas y dispersarían el poder territorial, la socióloga Saskia Sassen propuso una tesis a contracorriente.

En su obra fundamental, ‘La ciudad global: Nueva York, Londres y Tokio’ (1991), Sassen demostró que la dispersión de las actividades económicas transnacionales no eliminaba la necesidad del espacio físico. Por el contrario, exigía una concentración territorial sin precedentes de funciones de comando, control y servicios avanzados. Lejos de evaporarse en el ciberespacio, la globalización requería nodos concretos, hiperconectados y altamente especializados para gestionar la complejidad de los mercados financieros y los flujos globales de capital.

No obstante, la aportación más aguda de Sassen no se limitó a describir la arquitectura financiera de estas metrópolis, sino a desentrañar la profunda contradicción socioespacial sobre la cual se erigen. La ciudad global no es un espacio homogéneo de prosperidad compartida, sino una estructura intensamente polarizada. Para operar como plataforma de vanguardia al servicio de corporaciones transnacionales, firmas de consultoría, banca de inversión y ejecutivos cosmopolitas, la ciudad demanda inevitablemente una inmensa masa laboral subalterna.

Detrás del brillo corporativo existe un circuito secundario compuesto por trabajadores de limpieza, alimentación, seguridad privada, construcción, mensajería, transporte y mantenimiento. Esta fuerza de trabajo, con frecuencia precarizada y empujada a las periferias urbanas, constituye el soporte material indispensable sin el cual el sofisticado engranaje de la economía de comando colapsaría.

Bajo esta lente, la ciudad de Panamá opera como un arquetipo depurado de la ciudad global latinoamericana, cuya morfología actual reproduce una segregación histórica arraigada en su propio origen. El núcleo señorial de piedra intramuros en torno a la Plaza Mayor, reservado para las trescientas familias privilegiadas tras el traslado a las faldas del cerro Ancón en 1673, encontró su contraparte excluida en el arrabal extramuros de Santa Ana, que reprodujo la marginalidad racial y social impuesta a la población afrodescendiente. Aquella división física original entre la élite y la servidumbre sentó las bases de un patrón de exclusión centro-periferia que hoy se proyecta a escala metropolitana.

Durante el último siglo, este distanciamiento socioespacial adquirió una velocidad expansiva implacable. En 1940 la huella urbana duplicaba a la de 1904, para 1980 se había multiplicado por 48, y hoy es 155 veces más extensa que al inicio de la República. Para 1960, la periferia metropolitana albergaba apenas a 49,000 personas. Desde entonces ha absorbido un promedio de 170,000 nuevos residentes por década hasta concentrar hoy más de un millón de habitantes en las periferias Norte, Este y San Miguelito.

El principal motor de esta fragmentación reside en la dinámica del mercado inmobiliario y los incentivos estatales. Aunque el sector de la construcción representa entre el 8% y el 14% del producto interno bruto y sustenta altas tasas de propiedad, la vivienda asequible ha sido sistemáticamente desterrada del centro. Entre 2011 y 2019, el 61% de los metros cuadrados edificados correspondió al uso residencial, concentrándose un abrumador 76% en las periferias.

Este esquema consolidó tres realidades territoriales irreconciliables: corregimientos periféricos que se expanden horizontalmente sobre tierra barata desprovista de servicios y actividad económica; nodos céntricos que se verticalizan con torres de apartamentos para estratos medios-altos e inversores; y áreas degradadas, tanto centrales como marginales, que quedan en el abandono absoluto.

Mientras la periferia absorbe el crecimiento residencial de bajo costo, el centro urbano consolida una muralla económica impenetrable para la clase trabajadora. Con un precio mediano de venta que ronda los B/2,200 por metro cuadrado y apartamentos medianos tasados en B/265,000, encontrar residencia en el centro urbano para la clase trabajadora se vuelve inalcanzable. La desconexión con el ingreso real es abismal: un obrero de la construcción que dedicara íntegramente su salario básico, -sin gastar en alimento o transporte-, tardaría más de treinta años en pagar de contado el valor de un apartamento mediano en algún barrio del centro.

La consecuencia directa de esta expulsión es una fractura radical en el acceso a la calidad de vida y al derecho a la ciudad. El centro urbano funciona bajo el esquema de la ciudad de proximidad: barrios de tipología vertical donde sus residentes, con ingresos promedio superiores a los B/2,100 mensuales, acceden a entre 200 y 300 comercios y servicios a menos de quince minutos. Por el contrario, la masa laboral radicada en las periferias unifamiliares asume el costo invisible del funcionamiento del nodo global a través de extenuantes traslados diarios. Con un promedio de 67 minutos por trayecto en transporte público, las limitaciones de la movilidad metropolitana panameña representan la principal externalidad negativa de este modelo expulsor de las clases media y baja.

Para legitimar y sostener este modelo, la ciudad global requiere construir y proyectar un imaginario visual rigurosamente curado. La construcción de la marca país y de la imagen urbana contemporánea de Panamá ha perfeccionado un repertorio iconográfico que satura las campañas de promoción turística, los videos en redes sociales y la publicidad inmobiliaria internacional.

La narrativa visual predominante descansa en planos aéreos capturados por drones sobre la Cinta Costera, componiendo un perfil vertical de rascacielos frente al mar que busca emular la estética de Miami, Dubái o Singapur. A esta postal se suman secuencias dinámicas de buques transitando por las esclusas ampliadas, tomas del casco patrimonial reducidas al consumo gastronómico nocturno, y encuadres de selvas tropicales domesticadas que se presentan como un mero adorno paisajístico al alcance del ejecutivo moderno.

Este despliegue de imágenes no es inocuo ni meramente publicitario, cumple una función ideológica precisa. El encuadre selectivo de la ciudad global opera como un dispositivo de invisibilización que borra deliberadamente las contradicciones materiales generadas por el propio modelo de acumulación.

En la postal hiperestetizada del rascacielos y el velero no hay espacio para registrar el hacinamiento de los barrios populares contiguos a las áreas patrimoniales, las horas perdidas en los atascos vehiculares de las periferias, ni el esfuerzo físico de quienes limpian las fachadas de vidrio o atienden las cocinas de la alta gastronomía. La ciudad real, con sus asimetrías y sus disputas cotidianas por el suelo, queda suprimida bajo una superficie pulida que presenta el éxito de la plataforma corporativa como si fuese el bienestar de todo el cuerpo social.

Al analizar la metrópoli panameña a través de las herramientas críticas que nos legó Saskia Sassen, se hace evidente que el desafío del país no consiste en multiplicar los lemas publicitarios ni en estilizar aún más sus fachadas financieras. El reto fundamental radica en desarmar la ilusión de la postal y confrontar la fractura interna que la sostiene.

Una ciudad que solo concibe su territorio como plataforma de tránsito para el capital y pasarela de consumo para las élites corre el riesgo constante de ahondar la disparidad con sus propios habitantes. Repensar el derecho a la ciudad exige reconocer el protagonismo de quienes la sostienen desde la base, superando la seducción del espejismo global para construir un espacio urbano donde la equidad territorial y la dignidad cotidiana dejen de ser el costo oculto de la modernidad.