Panama Ports califica de ilegal la ‘toma’ de los puertos y advierte arbitraje internacional

Panama Ports Company, S. A., filial de CK Hutchison, detalló la tarde de este lunes 23 de febrero que el Estado panameño tomó control de los puertos de Balboa y Cristóbal mediante el ingreso directo a las instalaciones y la intervención sobre bienes y personal de la compañía, lo que —según la empresa— la obligó a cesar sus operaciones portuarias.

En un comunicado, Panama Ports calificó la medida como el punto culminante de una “campaña ilegal” que, afirma, el Estado habría iniciado hace un año contra la empresa, sus inversionistas y el contrato de concesión que mantenía desde 1997.

La compañía manifestó que no ha consentido la toma de los puertos ni el uso o control de sus recursos y propiedades, y advirtió que la interrupción genera riesgos operativos en ambas terminales.

El comunicado se conoció luego que en un Consejo de Gabinete extraordinario se aprobó las resoluciones N.° 4 y N.° 5, mediante las cuales se autorizan los contratos de concesión transitoria —hasta por un total de 18 meses— entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A. para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

De acuerdo con lo aprobado, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.

En tanto, el acuerdo con TIL Panamá, S. A. fija una contraprestación de $15,800,000 de dólares por la administración del puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón. Ambos puertos se encuentran en las entradas al Canal de Panamá.

La acción estatal se produjo horas después de que la Gaceta Oficial publicara el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, así como el Decreto Ejecutivo No. 23, que ordena la “ocupación” de todos los bienes muebles vinculados a los puertos, incluyendo grúas, vehículos, equipos informáticos, programas y demás activos, dentro o fuera de las instalaciones.

De acuerdo con la empresa, representantes del Gobierno —incluyendo funcionarios de la Presidencia, la AMP y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral— se presentaron en las terminales, notificaron que la concesión había dejado de existir y comunicaron que los puertos son propiedad del Estado. PPC sostuvo que recibió advertencias sobre posibles acciones penales en caso de incumplimiento.

La compañía señaló que el fallo judicial, el decreto ejecutivo y las actuaciones posteriores son inconsistentes con la legislación aplicable y con la postura mantenida por el propio Estado durante casi tres décadas. Además, indicó que la Corte no le habría facilitado copia del fallo antes de su publicación oficial.

PPC afirmó que, en las semanas previas, intentó coordinar con las autoridades para evitar disrupciones en las operaciones y proteger a su personal, proveedores y clientes. No obstante, aseguró que no recibió claridad sobre el plan estatal para asumir el control ni una base legal que le permitiera continuar operando. También indicó que no ha recibido compensación alguna por la intervención.

La empresa y sus inversionistas informaron que se reservan el derecho de iniciar acciones legales contra el Estado panameño, incluyendo arbitrajes internacionales y mecanismos de protección de inversiones contemplados en tratados vigentes, mientras continúan explorando posibles soluciones a la situación.

Por su lado, el Ejecutivo panameño reiteró que las concesiones tendrán carácter temporal mientras se definen los términos de un esquema definitivo para la gestión de ambas terminales portuarias y se establece el pliego de cargos para efectuar la licitación de la administración de los puertos.