Panamá y China chocan en la OEA por puertos, Corte Suprema y buques panameños
- 24/06/2026 00:00
La tensión bilateral escaló durante la Asamblea General tras críticas de Pekín sobre concesiones portuarias y reclamos panameños por inspecciones marítimas
Lo que durante meses había transcurrido a través de comunicaciones diplomáticas, reuniones técnicas y declaraciones aisladas terminó aflorando públicamente este martes durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el Diálogo de los Observadores Permanentes con los jefes de delegación, el observador permanente de la República Popular China ante la OEA, Xie Feng, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la renovación de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. La respuesta del canciller Javier Martínez-Acha fue inmediata y dejó al descubierto uno de los momentos de mayor tensión diplomática registrados entre ambos países desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017.
“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó el jefe de la diplomacia panameña ante las delegaciones presentes.
La frase resumió la posición del Gobierno panameño frente a los cuestionamientos formulados por China sobre una decisión adoptada por el máximo tribunal de justicia del país.
La intervención china se produjo apenas un día después de que el presidente José Raúl Mulino se expresara en la sesión inaugural de la Asamblea General para denunciar un aumento “inusual e injustificado” de inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos.
Mulino sostuvo que esas acciones exceden los parámetros históricos observados por la marina mercante panameña y advirtió que el derecho marítimo internacional no debe convertirse en una herramienta de presión política.
“Las inspecciones se dan porque es así. Para eso existen mecanismos internacionales. Pero de 30 o 40 detenciones usuales a más de 140 no hay correlación alguna ni causa justificada”, señaló el mandatario.
Según cifras de Tokyo MoU, los registros pasaron de 42 detenciones en enero y 44 en febrero a 112 en marzo, 151 en abril y 160 en mayo. Hasta el 18 de junio, los registros de la organización de control del Estado rector del puerto reportaban 59 detenciones adicionales.
China sostiene que las inspecciones responden exclusivamente a criterios técnicos de seguridad marítima y al cumplimiento de convenios internacionales.
La raíz del desacuerdo se encuentra en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 29 de enero de este año, que declaró inconstitucional la extensión automática por 25 años de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
La decisión quedó en firme tras su publicación oficial el 23 de febrero.
Durante su intervención en la OEA, Xie Feng defendió la trayectoria de la empresa y sostuvo que la concesionaria operó durante casi tres décadas sin controversias significativas ni objeciones por parte del Estado panameño.
Además, calificó la decisión judicial como una medida abrupta que afecta la confianza de los inversionistas extranjeros y pidió a Panamá proteger los intereses legítimos de las empresas chinas.
La posición oficial panameña es distinta.
Martínez-Acha recordó que el fallo fue emitido por un órgano independiente del Ejecutivo y que el Gobierno está obligado a respetarlo.
“El fallo de la Corte Suprema fue claro. La renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país”, afirmó.
El aspecto más sensible del intercambio se produjo cuando el canciller reveló que representantes chinos le habían solicitado intervenir tras el fallo judicial.
“Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecer”, manifestó.
Posteriormente, en declaraciones a los medios, profundizó en ese punto.
“Ni un miembro del Ejecutivo puede intervenir en decisiones de la Corte. Se lo hice saber”, señaló.
Martínez-Acha insistió en que las diferencias existentes deben resolverse mediante el diálogo y aseguró que Panamá mantiene abiertos los canales de comunicación con Pekín.
Incluso reiteró la disposición del Gobierno de reunirse con las autoridades chinas para discutir tanto el tema marítimo como otros asuntos pendientes de la agenda bilateral.
Horas después del intercambio, el presidente Mulino respaldó públicamente la actuación de su canciller.
El mandatario defendió la respuesta ofrecida por Martínez-Acha y reiteró que Panamá tiene la obligación de proteger sus instituciones y hacer respetar las decisiones de sus órganos constitucionales.
El apoyo presidencial confirmó que la posición expresada por el canciller no fue una reacción aislada, sino parte de la línea que el Gobierno panameño ha adoptado frente a las diferencias surgidas con Pekín en torno al fallo sobre Panama Ports Company y las inspecciones a la flota mercante nacional.
Pese a las diferencias, ambos gobiernos han mantenido contactos en las últimas semanas.
La reciente reunión entre los cancilleres de Panamá y China permitió abrir conversaciones sobre cooperación marítima y comercial, mientras que las autoridades de ambos países continúan intercambiando información sobre las inspecciones portuarias.
Por otro lado, China continúa a la espera del beneplácito de Panamá para la designación de su nuevo embajador, un proceso que podría resolverse en las próximas semanas, según conoció La Estrella de Panamá.
Sin embargo, el episodio ocurrido en la OEA evidenció que detrás de esos canales de comunicación persisten discrepancias importantes sobre la interpretación del fallo judicial, el tratamiento de la marina mercante panameña y el alcance de la relación bilateral.
Por ahora, tanto Panamá como China afirman estar dispuestos a dialogar. Lo ocurrido en la Asamblea General dejó claro, sin embargo, que las diferencias ya dejaron de discutirse únicamente en privado.