Piratería y Uber: el plan del nuevo director ATTT

La ratificación de Nicolás Daniel Brea Cabacil como director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la Asamblea Nacional no se limitó a un trámite político.

La sesión en la Comisión de Credenciales se convirtió en un espacio de cuestionamientos directos sobre los problemas que enfrentan a diario los usuarios del transporte público: piratería, taxis colectivos, plataformas digitales, revisados “por foto”, monopolio de grúas y accidentes de tránsito.

Designado por el presidente José Raúl Mulino, Brea respondió uno a uno los planteamientos de diputados de distintas bancadas, quienes actuaron como voceros de reclamos ciudadanos y del propio sector transportista.

Este es el mapa completo de lo que preguntaron y lo que contestó el nuevo director.

La reorganización del transporte: “Debe alimentar al Metro”

El diputado Ernesto Cedeño Alvarado abrió el bloque de preguntas con un enfoque estructural: ¿cuáles serán las prioridades para mejorar la organización y eficiencia del transporte público?

Brea respondió que su gestión se centrará en la modernización y reorganización del transporte colectivo y selectivo. Señaló que no se trata solo de cambiar buses, sino de ordenar empresarialmente a las prestatarias, mejorar el régimen laboral de los conductores y adecuar la flota a las necesidades reales del usuario.

Además, planteó que todo el sistema debe funcionar como alimentador de las líneas 1, 2 y 3 del Metro, para lograr integración y reducir la improvisación en rutas.

El planteamiento apunta a una visión integral: menos competencia desordenada entre rutas y mayor conexión con el sistema masivo.

Piratería: “El usuario se monta porque no tiene opción”

La informalidad en el transporte fue uno de los temas más insistentes. El diputado Cedeño y la diputada Yamirelis Chóngg preguntaron qué medidas concretas aplicará para reducir la llamada “piratería”.

Chóngg llevó el debate a la realidad de provincias como Colón y Panamá Oeste, donde los usuarios esperan horas por un bus formal y optan por vehículos ilegales porque no tienen alternativa.

Brea sostuvo que la única forma real de limitar el transporte informal es ofrecer un buen servicio autorizado. Afirmó que el usuario no debe verse obligado a elegir entre llegar tarde o viajar sin garantías.

También lanzó una advertencia: en caso de accidente, el pasajero de un vehículo pirata no cuenta con seguro que cubra lesiones. Para él, la informalidad no solo es un problema económico, sino de seguridad.

La estrategia anunciada combina fiscalización con tecnología. Habló de cámaras de control y sistemas que reduzcan la discrecionalidad en operativos, con el fin de evitar arbitrariedades y aumentar la trazabilidad.

El mensaje central fue claro: si el servicio formal mejora y se cumple la frecuencia, la excusa de la piratería pierde fuerza.

¿Taxi selectivo o taxi colectivo?

El diputado Cedeño también cuestionó la práctica conocida como “donde caben dos caben tres”, en referencia a taxis que recogen varios pasajeros en una misma ruta sin que el servicio sea exclusivo.

Brea respondió que el transporte selectivo debe ser selectivo por definición. Planteó que la tecnología puede ser la herramienta para garantizar que el usuario que solicita un taxi tenga certeza de que el vehículo no se convertirá en colectivo improvisado.

La idea es que el uso de plataformas y sistemas de geolocalización permita formalizar el servicio exclusivo y reducir prácticas que generan desconfianza.

Uber e InDrive: la competencia desigual

Uno de los intercambios más sensibles se dio cuando los diputados Benicio Robinson y Eliecer Castrellón abordaron la competencia entre transportistas tradicionales y plataformas digitales como Uber e InDrive.

Castrellón preguntó cómo pueden competir los taxistas si las aplicaciones cobran comisiones que, según afirmó, pueden llegar al 40%. Robinson sugirió que el Estado impulse una plataforma nacional para que los transportistas paguen una comisión más baja, alrededor del 18%.

Brea no planteó una confrontación directa con las apps, pero reconoció la necesidad de modernizar al transportista tradicional. Indicó que el sector debe elevar su nivel tecnológico y recuperar la confianza del usuario.

También señaló que la normativa vigente —Ley 14 de 1993, Ley 34 de 1999 y Ley 42 de 2007— requiere actualización para adaptarse a nuevas modalidades de transporte.

El enfoque propuesto no es eliminar plataformas, sino equilibrar la competencia bajo reglas claras.

Leyes “obsoletas” y la deuda de las concesiones

El diputado Cedeño preguntó si el marco regulatorio actual requiere revisión.

Brea fue categórico: las leyes están desfasadas. Propuso avanzar hacia un modelo basado en contratos de concesión, en lugar de simples permisos o resoluciones administrativas.

Según explicó, el contrato de concesión otorga estabilidad jurídica por periodos de 20 o 25 años, pero también establece obligaciones claras y sanciones. Para el transportista, esto representa seguridad para invertir en mejores unidades. Para el usuario, implica reglas más estrictas de cumplimiento.

El director calificó este cambio como una deuda histórica del Estado con el sector transporte.

Revisados “por foto”: de la denuncia a la concesión

La diputada Chóng puso sobre la mesa una práctica irregular: talleres que aprueban revisados vehiculares con solo recibir una fotografía del auto.

Brea reconoció el problema y anunció que la relación con los talleres cambiará. Actualmente operan mediante autorizaciones que pueden revocarse con facilidad y generan vacíos de control. La propuesta es formalizar contratos de concesión con obligaciones específicas y sanciones económicas o cancelación en caso de incumplimiento.

La diferencia es sustancial: una concesión implica inversión, supervisión y riesgo real para quien incumpla.

El monopolio de las grúas

Otro punto sensible fue el cobro de grúas tras accidentes o remociones. Diputados denunciaron tarifas arbitrarias y falta de regulación.

La respuesta de Brea fue similar a la planteada para los revisados: contratos de concesión administrativa donde la autoridad defina precios fijos. Con ello busca eliminar monopolios y evitar abusos económicos.

Seguridad vial: la meta de “cero muertes”

El diputado Augusto Palacio preguntó cuál es la visión de trabajo para los 38 meses restantes ante lo que calificó como “anarquía” en las calles.

Brea centró su plan en la seguridad vial, con la meta de alcanzar “cero muertes por accidentes de tránsito”. Propuso sincronizar semáforos inteligentes, reforzar fiscalización tecnológica y fortalecer programas de educación vial desde la escuela básica hasta la media.

El enfoque combina prevención, control y formación ciudadana.

Plan Libertad y resocialización

Palacio también consultó si la ATTT apoyará el Plan Libertad, que involucra a privados de libertad en fase de reinserción.

Brea respaldó la iniciativa y planteó que personas con buena conducta puedan integrar cuadrillas para pintar señalizaciones y demarcar áreas viales y peatonales. Esto permitiría reducir costos y promover resocialización.