Presentan demanda para anular jubilaciones especiales para jueces y magistrados de la Corte Suprema
- 12/08/2025 17:02
La demanda señala que la medida establece un régimen de jubilación especial prohibido por la ley y pide su suspensión provisional. Roberto Ruiz Díaz interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Acuerdo del Pleno No. 407, de 18 de julio de 2024, que establece un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados.
La acción legal sostiene que el acuerdo es “nulo por ilegal” al contravenir diversas normas, entre ellas la Ley 8 de 6 de febrero de 1997, que prohíbe regímenes especiales de jubilación salvo para la Fuerza Pública y los bomberos; la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial sin contemplar jubilaciones especiales; y la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que fija el procedimiento administrativo general.
La demanda alega que la medida crea una discriminación entre funcionarios judiciales, carece de una fuente de financiamiento clara —más allá del presupuesto del Órgano Judicial— e invade competencias exclusivas de la Asamblea Nacional.
Ruiz Díaz solicita la nulidad total del acuerdo y de cualquier actuación posterior derivada de él, así como su suspensión provisional para evitar perjuicios mientras se resuelve el caso.
El acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial No. 30340-C del 8 de agosto de 2025, fija una compensación económica al momento del retiro equivalente al 100% para magistrados de la Corte Suprema, 60% para magistrados de tribunales superiores, 50% para jueces de circuito y 40% para jueces municipales. Según el texto, la Caja de Seguro Social cubrirá la pensión hasta el límite legal y el resto será asumido por el Órgano Judicial.
La norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, beneficiaría a unos 133 de los 519 jueces y magistrados del país (26%). Como pruebas, el demandante incluyó la publicación oficial y pidió oficios a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para determinar si existe autorización legal para la creación del fondo.
Roberto Ruiz Díaz interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Acuerdo del Pleno No. 407, de 18 de julio de 2024, que establece un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados.
La acción legal sostiene que el acuerdo es “nulo por ilegal” al contravenir diversas normas, entre ellas la Ley 8 de 6 de febrero de 1997, que prohíbe regímenes especiales de jubilación salvo para la Fuerza Pública y los bomberos; la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial sin contemplar jubilaciones especiales; y la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que fija el procedimiento administrativo general.
La demanda alega que la medida crea una discriminación entre funcionarios judiciales, carece de una fuente de financiamiento clara —más allá del presupuesto del Órgano Judicial— e invade competencias exclusivas de la Asamblea Nacional.
Ruiz Díaz solicita la nulidad total del acuerdo y de cualquier actuación posterior derivada de él, así como su suspensión provisional para evitar perjuicios mientras se resuelve el caso.
El acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial No. 30340-C del 8 de agosto de 2025, fija una compensación económica al momento del retiro equivalente al 100% para magistrados de la Corte Suprema, 60% para magistrados de tribunales superiores, 50% para jueces de circuito y 40% para jueces municipales. Según el texto, la Caja de Seguro Social cubrirá la pensión hasta el límite legal y el resto será asumido por el Órgano Judicial.
La norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, beneficiaría a unos 133 de los 519 jueces y magistrados del país (26%). Como pruebas, el demandante incluyó la publicación oficial y pidió oficios a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para determinar si existe autorización legal para la creación del fondo.