Procuraduría de la Administración reporta $104.7 millones ahorrados al Estado y recorte de $200 mil para 2027
- 15/09/2026 16:26
La institución sustentó ante diputados una asignación recomendada de B/.13,166,774, enfocada principalmente en funcionamiento, modernización tecnológica e infraestructura pública nacional
La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, informó que la actuación de la entidad en procesos judiciales permitió generar un ahorro de B/.104,758,915 para el Estado, entre enero y julio de 2026.
La cifra fue revelada durante la sustentación presupuestaria de la Procuraduría de la Administración para la vigencia fiscal de 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Según los datos presentados, los procesos de plena jurisdicción representaron resultados favorables por B/.23,649,108, mientras que las reclamaciones de indemnización contra el Estado alcanzaron B/.81,109,807. La suma de ambos renglones asciende a B/.104,758,915.
Villalaz de Allen explicó que una de las funciones centrales de la entidad es representar los intereses estatales y municipales, emitir criterios jurídicos y orientar las actuaciones administrativas de los servidores públicos.
Para 2027, la institución presentó un presupuesto de B/.13,366,774. Sin embargo, la asignación recomendada quedó establecida en B/.13,166,774, lo que supone una diferencia de aproximadamente B/.200,000.
Los recursos estarían destinados a servicios personales y no personales, compra de materiales y suministros, transferencias corrientes y proyectos de inversión.
El presupuesto modificado correspondiente a 2026 también asciende a B/.13,366,774, distribuido entre B/.12,144,991 para funcionamiento y B/.1,221,783 para inversión.
La procuradora indicó que el monto inicialmente presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encontraba dentro del límite presupuestario asignado a la entidad.
Entre los resultados de su gestión, la institución destacó la emisión de dictámenes jurídicos relacionados con operaciones financieras del Estado.
De acuerdo con la exposición, la procuraduría examinó cinco operaciones de préstamos por aproximadamente B/.5,560 millones y dos operaciones de bonos globales por B/.2,980 millones.
Estos análisis forman parte del control de legalidad que ejerce la entidad sobre determinadas actuaciones y operaciones remitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En cuanto a los procesos promovidos en interés de la ley, se reportaron 56 casos de cobro coactivo, 42 procesos de nulidad y actuaciones relacionadas con plena jurisdicción, advertencias de ilegalidad, derechos humanos y laudos arbitrales.
La Oficina de Coordinación del Programa de Mediación Comunitaria recibió y revisó 2,309 casos entre enero y julio de 2026.
Del total:
La entidad también brindó consultas, orientación y asistencia jurídica en distintas provincias, entre ellas Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.
El Centro de Investigación y Capacitación desarrolló 299 actividades presenciales y virtuales en diferentes regiones del país.
La procuradora informó que aproximadamente 10,553 personas se conectaron a las jornadas impartidas en línea.
Asimismo, señaló que las actividades de formación continua habían beneficiado o impactado a 23,765 servidores públicos hasta julio de 2026. La meta establecida para 2027 es alcanzar a 25,000 funcionarios, lo que representaría un incremento de 5.19%.
En materia judicial, la institución proyecta pasar de 13,350 diligencias y actuaciones registradas en 2026 a unas 25,500 durante 2027, equivalente a una variación estimada de 91.01%.
El plan de inversión contempla continuar la restauración del edificio sede de la procuraduría, una estructura con más de 100 años de antigüedad.
Los trabajos incluyen:
La institución también proyecta contratar los planos para ampliar el edificio de Plaza Jardín, ubicado en Llanos de Curundú, y diseñar una nueva infraestructura destinada a oficinas jurídicas.
Para cada uno de estos diseños se contempló una partida de B/.120,000. La nueva edificación incorporaría estacionamientos, aceras, equipamiento y una planta para el tratamiento de aguas residuales, dentro de una planificación que abarcaría los años 2027 y 2028.
La procuradora sostuvo que estas inversiones forman parte del plan institucional 2025-2034, enfocado en fortalecer el capital humano, la infraestructura, la tecnología, la innovación y los mecanismos internos de control.