Publio De Gracia, una vida de lujo bajo la lupa de la Contraloría

Un PH de lujo, una Prado, una Lexus, un amorío ventilado en medios de comunicación y redes sociales. El caso del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, disecciona la vida del exfuncionario, por quien el expresidente Ricardo Martinelli ha pedido la cabeza.

Este miércoles 12 de agosto, el juez Fermín Bonilla aprobó la medida cautelar de detención preventiva contra De Gracia, imputado por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Su esposa, Elaine Salterio, recibió la medida cautelar de reporte periódico y está imputada por blanqueo de capitales. Su exsecretaria, a quien el fiscal llamó su “querida”, Ninoshka Ríos Samaniego, recibió la medida cautelar de depósito domiciliario y también fue imputada por presunto blanqueo de capitales.

Las audiencias de control de garantías del exdirector de la DGI y su esposa se extendieron por dos días.

La de Ríos Samaniego se resolvió en una tarde. Ella fue contratada por la Contraloría General el 17 de julio de este año y renunció el pasado lunes.

En esencia, el caso se resume a un informe de la Contraloría General de la República que establece que entre 2019 y 2025, De Gracia tuvo ingresos por 1.7 millones de dólares, pero utilizó 2.4 millones de dólares en diversos gastos. Esto da una diferencia de 724 mil dólares no explicados que la fiscalía considera como lesión patrimonial injustificado.

El fiscal superior anticorrupción, Eduardo Rodríguez, cuenta como De Gracia pasó de devengar un salario de 2,400 dólares antes de entrar a la DGI, a elevar su estilo de vida, comprando un PH de lujo por 500 mil dólares, carros para su esposa y su expareja, más de 100 mil dólares en una boutique de Gucci fuera del país, entre otros gastos. Además, cuestiona porqué se pagaron más de 600 mil dólares de deuda de tarjeta de crédito en efectivo, dificultando la trazabilidad de los fondos.

“Dentro de la investigación, hasta el momento se han dado algunos datos que tienen que seguirse fortaleciendo y esclareciendo, pero se ha confirmado algunos aspectos de la investigación que dan cuenta del gran manejo en efectivo y dinero que tenía este exfuncionario público”, apuntó Rodríguez.

No hay cargos de peculado, ni corrupción contra Publio De Gracia. Pero el fiscal presentó elementos para dar posibles explicaciones de cómo habría podido salir el dinero adicional. La principal es el caso de una presunta exoneración de 16.3 millones de dólares a favor de la empresa FCC. Apuntan al pago de unos 400 mil dólares por parte de la empresa PWC, que trabajaba a su vez para FCC, a favor de la esposa del exdirector de la DGI. La defensa legal de Sarterio respondió que se trata de pagos legítimos por un servicio dado a la empresa.

En mayo, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de 18 millones de dólares en bienes a exfuncionarios, entre ellos De Gracia quien era señalado por exoneración a FCC. En ese momento, el expresidente Ricardo Martinelli, quien se mantiene asilado en Colombia con una condena de más de 10 años por blanqueo de capitales, publicó en sus redes sociales que se aseguraría que a De Gracia le cayera el peso de la ley.

“Contraloría y Tribunal de Cuentas ordenan secuestros a exfuncionarios por más de $18 millones. El peor de los peores es el tal Publio De Gracia quien no hizo mas que abusar de su puesto y violar la ley. Me aseguraré le caiga todo el peso de la ley”, tuiteó el exmandatario desde Colombia dónde también espera el resultado del Caso Odebrecht dónde aparece imputado.

En Panamá, el caso de Publio De Gracia tiene un matiz extremadamente personal. Sentado a dos sillas de su esposa, con otros miembros de su familia atrás y medios de comunicación tomando notas, escuchó como la fiscalía detalló los más de 61 mil dólares que transfirió a su expareja, el carro modelo Prado que le compró (que ella vendería para comprarse una Lexus), y cómo el fiscal cuestionaba que tuviera un verdadero arraigo familial con su esposa e hijo de 6 años. Al final, se ordenó su detención mientras la fiscalía utiliza los próximos seis meses para investigar.

“Yo pienso que como mujer, si un hombre me halaga, me da carros, por supuesto que yo voy a decir que sí. Y quizás ese halago nos lleve a preguntar de dónde salen, porque eran obsequios costosos. Pero bueno, la realidad es que él era director de la DGI. Pienso que quizás no hay dolo en ellos, simplemente el obsequio lo recibieron y bueno”, comentó la abogada Sarai Blaisdell, representante legal de la esposa de De Gracia al salir de la audiencia.

Entre los elementos de interés para los fiscales están transferencias que recibió desde Estados Unidos y República Dominicana, incluyendo una de una empresa relacionada con criptomonedas.

De acuerdo a su abogada defensora, Gladys Quintero, pueden justificar cada uno de los ingresos. Señala que hay persecución política, que se le quiere “dar gusto a alguien que tiene intereses que todavía no se pueden decir” y que lo que busca la Fiscalía es doblegarlo.

“No se le está permitiendo defenderse. Así no se hace justicia”, reclamó al salir de la audiencia dónde se decretó la detención provisional. “Hoy es Publio De Gracia, mañana puede ser cualquiera. Aquí se tiene que hacer justicia, pero con las cartas sobre la mesa y él puede justificar eso”, aseguró. La abogada presentó un recurso de apelación contra la medida de detención provisional. La audiencia de apelación fue agendada para el próximo 31 de agosto a las 2 de la tarde en el Tribunal Superior de Apelaciones.

La defensa cuestiona el informe realizado por la Contraloría General de la República, en el que señala hay varias irregularidades. También señala a la institución y al contralor como parte de lo que llaman persecución política.