Rechazan proyecto de ley sobre derecho a réplica

Representantes de los principales gremios periodísticos del país solicitaron este martes en la Asamblea Nacional que se retire el proyecto de ley sobre derecho a réplica, al considerar que la propuesta, tal como fue aprobada en primer debate, genera preocupaciones sobre la libertad de prensa, la libertad editorial y el ejercicio del periodismo en Panamá.

La petición fue planteada durante una reunión informal con miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en la que participaron voceros del Fórum de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodismo, representantes de medios de comunicación y miembros de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

Durante el encuentro, los gremios expresaron que el proyecto debe volver a una etapa de discusión más amplia y técnica, con participación de los sectores periodísticos, como ocurrió con la elaboración de la Ley 22 de 2005, que actualmente regula el derecho a réplica, rectificación y respuesta.

Los distintos representantes del gremio periodístico señalaron que no fueron consultados previamente sobre el contenido de la propuesta.

Los representantes del sector insistieron en que, si se quiere legislar nuevamente sobre esta materia, debe hacerse a partir de una construcción consensuada y con base en estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Guido Rodríguez, quien participó en la elaboración de la normativa vigente, recordó que la Ley 22 de 2005 surgió de un proceso colectivo entre instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y los gremios periodísticos.

A su juicio, la ley actual ha funcionado adecuadamente durante más de dos décadas y no existen elementos que justifiquen una reforma que pueda alterar principios ya establecidos.

Rodríguez explicó que la legislación vigente ya contempla mecanismos judiciales para hacer valer el derecho a réplica y que, en la práctica, el sistema ha operado sin mayores conflictos. También advirtió que algunos de los cambios incorporados al texto aprobado en primer debate podrían generar interpretaciones que afecten la libertad editorial de los medios.

En particular, cuestionó disposiciones relacionadas con la ubicación y la prominencia de la réplica, al considerar que esos criterios pueden resultar ambiguos o interferir con decisiones editoriales propias de cada medio.

Otro de los planteamientos de los gremios fue que el problema principal no radica en los medios tradicionales, sino en el crecimiento de plataformas, cuentas anónimas y espacios digitales informales que difunden desinformación, ataques reputacionales o contenidos manipulados.

Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional y también vinculada al comité de ética del Consejo Nacional de Periodismo, recordó que los medios tradicionales ya cuentan con mecanismos de autorregulación y que el país enfrenta hoy un desafío distinto: el del nuevo ecosistema digital.

En esa misma línea, los representantes de medios digitales, pidieron distinguir entre la formalidad de sus plataformas, con responsables identificables, y estructuras anónimas que operan sin controles éticos ni profesionales.

Los gremios coincidieron en que sí existe una preocupación legítima por los daños que pueden producir publicaciones irresponsables en entornos digitales, pero consideraron que el proyecto discutido no resuelve ese problema de fondo.

Durante la reunión participaron los diputados Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno; Janine Prado, Roberto Zúñiga, Luis Duque y Raúl Pineda.

En sus intervenciones, varios diputados reconocieron la importancia de escuchar a los gremios periodísticos y coincidieron en que el pleno de la Asamblea debe conocer sus observaciones antes de que continúe el trámite del proyecto.

La diputada Janine Prado señaló que una de las principales preocupaciones expresadas por los gremios, vinculada a la responsabilidad subsidiaria del medio, fue eliminada durante el primer debate. No obstante, reconoció que persisten otros puntos sensibles que ameritan discusión.

Además, planteó que existen distintas salidas procesales, entre ellas el retiro del proyecto por parte del proponente o la presentación de modificaciones en segundo debate.

Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga se mostró a favor de gestionar una cortesía de sala para que los representantes del sector periodístico expongan sus preocupaciones directamente ante el pleno legislativo.

El diputado Raúl Pineda también manifestó su respaldo a una discusión más amplia y afirmó que apoyaría una propuesta para que el proyecto vuelva a primer debate.

“Ponerle cortapisas a los periodistas es atentar contra la democracia y la libertad de expresión”, afirmó Pineda.

Camacho, por su parte, se mostró abierto a continuar conversando sobre posibles ajustes, indicó que no comparte la idea de devolver el proyecto a primer debate y consideró más viable introducir cambios durante la discusión en segundo debate. Dijo que varias de las disposiciones más controvertidas del texto original ya fueron eliminadas durante el primer debate y defendió que el objetivo del proyecto ha sido hacer más efectivo el ejercicio del derecho a réplica, sin perjudicar a los medios ni a los periodistas.

Los gremios periodísticos también se reunieron con el presidente de la Asamblea, el diputado Jorge Herrera, quien se comprometió conversar con el proponente de la iniciativa, el diputado Ernesto Cedeño. Los gremios periodísticos informaron que buscarán que especialistas en libertad de expresión puedan participar en la discusión cuando empiece el debate en el pleno.