Revisalud incurrió en una ‘conducta de incapacidad comprobada’, Procuraduría de la Administración
- 07/04/2026 17:26
Uno de los aspectos que cuestiona la Procuraduría de la Administración es que la resolución de la AAUD fue expedida en una reunión de la junta directiva de la entidad sin la participación de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.
La Procuraduría de la Administración solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar ilegal la resolución de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), mediante la cual asume la responsabilidad del servicio de recolección de desechos sólidos en San Miguelito, y al mismo tiempo consideró que la empresa Revisalud “incurrió en una conducta de incapacidad comprobada”.
La opinión de la Procuraduría de la Administración está contenida en la vista enviada a la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda de nulidad presentada por el Municipio de San Miguelito en contra de la Resolución No. 01-2026, del 13 de enero de 2026, de la junta directiva de la AAUD, mediante la cual la entidad del gobierno central asume la responsabilidad del servicio de recolección de desechos sólidos en el distrito.
La Procuraduría de la Administración concluyó que la empresa Revisalud, que mantenía la concesión de la recolección de basura hasta el 18 de enero pasado, “incurrió en una conducta de incapacidad comprobada” durante el mes de diciembre de 2025, lo que generó un exceso de desechos sólidos al que el Municipio de San Miguelito no pudo hacer frente.
Ante esta situación, se solicitó la intervención de la AAUD.También analizó que la AAUD intervino, a partir del 1 de enero de 2026, por instrucciones del Órgano Ejecutivo, de manera inmediata en la prestación del servicio de recolección de residuos en los nueve corregimientos, con la finalidad de evitar una crisis sanitaria y ambiental.
“Resulta evidente que la participación de la entidad (AAUD) en el periodo comentado se limitó a una mera colaboración, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010, que conmina a la entidad a respetar las condiciones negociadas entre el Municipio de San Miguelito y Revisalud hasta el 18 de enero de 2026”.
Uno de los aspectos que cuestiona la Procuraduría de la Administración es que la resolución de la AAUD fue expedida en una reunión de la junta directiva de la entidad sin la participación de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, a pesar de que estaba facultada para participar con derecho a voz. Esto, a juicio de la Procuraduría de la Administración, violó el artículo No. 11 de la Ley No. 51 de septiembre de 2010.