¿Seguridad o vigilancia? Ministerio de Seguridad combate la ‘desinformación’ con nueva ‘escuela’

Sin reconocimiento académico oficial, pero con la misión de capacitar al personal que enfrentará las llamadas “operaciones de desinformación”. Así nace la nueva Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), del Ministerio de Seguridad, la cual no contará con el aval del Ministerio de Educación (Meduca), máxima entidad regente de educación en el país.

¿Quién definirá qué constituye desinformación? ¿Con qué criterios y bajo qué métodos actuará el Senan? Estas son algunas de las interrogantes que La Estrella de Panamá planteó al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) sobre la nueva Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, creada mediante la Resolución 122, publicada el pasado 16 de junio en la Gaceta Oficial y que el ministerio prometió contestar próximamente.

Por su parte, el titular de Seguridad, Frank Ábrego, afirmó que la escuela del Senan “no es un centro para investigar a nadie”. Sin embargo, la creación de esta institución ha despertado preocupación entre diversos expertos, quienes coinciden sobre los riesgos que podría representar para las libertades democráticas.

La creación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Senan abre la puerta a posibles mecanismos de vigilancia sobre la ciudadanía, argumentó Nelva Reyes, docente y activista del movimiento social.

Su preocupación surge porque la resolución que da vida a este centro identifica las operaciones de desinformación como una de las nuevas amenazas para la seguridad nacional, junto con el terrorismo híbrido y el cibercrimen.

Además de esa misión, la escuela tendrá como objetivo profesionalizar a los agentes del Senan en coordinación operativa, estandarización de procesos y el desarrollo de capacidades para la búsqueda, el procesamiento y el análisis de información mediante el uso de nuevas tecnologías, indica el citado documento

A pesar de esto, la escuela no emitirá diplomas ni se encuentra avalada por el Meduca. De acuerdo a la resolución 122, este centro estará adscrito a la Dirección Nacional de Docencia, bajo las órdenes de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Contrainteligencia del Senan.

La creación de esta escuela también implica que se actualizará el Manual de Organización de Funciones de ambas direcciones para incorporar las funciones de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia.

Otro punto de interés, es que aunque la resolución que crea la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia dispone que sus funciones no podrán vulnerar los derechos fundamentales, expertos advierten que esa garantía, por sí sola, no elimina los riesgos asociados a una institución con facultades en materia de inteligencia.

Ricardo Herrera, vicepresidente del Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem), sostiene que la creación de este centro merece un análisis riguroso, sobre todo en un escenario político cada vez más polarizado, donde este tipo de herramientas podría prestarse para usos que trasciendan su propósito original.

“En un contexto con tanta desconfianza institucional, donde no existen mecanismos de control ni de valoración para que la ciudadanía pueda evaluar realmente lo que se busca con esta iniciativa, esto podría traer riesgos ya que la desinformación es un concepto muy ambiguo”, explicó Herrera, señalando que la definición de qué es considerado desinformación depende de cómo interprete este término cada gobierno de turno.

Según el vicepresidente del Cidem, la ambigüedad con la que se define este concepto abre la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían afectar la libertad de expresión y el pensamiento crítico.

“Se necesita tener un modelo institucional evaluable y claro para que [la escuela] pueda funcionar y en Panamá estamos muy lejos de tener instituciones evaluables, transparentes y confiables”, agregó.

Por otro lado, es importante que existan definiciones claras, controles efectivos y límites estrictos para esta escuela, expresó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

“La seguridad y la inteligencia deben desarrollarse dentro del marco del Estado de derecho, garantizando que nunca se conviertan en mecanismos para inhibir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la participación ciudadana”, dijo.

Desde el sector empresarial, se señala que esta inciativa es importante, especialmente por los desafíos en materia de seguridad del país, como el crimen organizado. Sin embargo, destacan como fundamental que la enseñanza de técnicas de inteligencia vaya de la mano con el respeto absoluto a los derechos y garantías fundamentales.

”Si Panamá va a fortalecer sus capacidades en materia de inteligencia, también debe asegurarse de que quienes se formen en esta escuela comprendan que la protección de la seguridad y el respeto a los derechos humanos son principios que deben avanzar siempre de la mano. Ese equilibrio es el que fortalece las instituciones y genera confianza en la ciudadanía”, detalló Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

“Se siguen sumando nubarrones que anuncian una preocupante tormenta para el clima democrático de Panamá”, advirtió el analista político José Eugenio Stoute, quien considera que la creación de esta escuela se suma a una serie de decisiones que, a su juicio, deterioran el clima democrático del país.

Stoute expresó especial preocupación por el hecho de que haya sido creada mediante una resolución ministerial, lo que la mantiene bajo la órbita del Órgano Ejecutivo sin el escrutinio o control de la Asamblea Nacional.

En ese sentido, comparó este mecanismo con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Seguridad, instituciones que calificó como “instrumentos al servicio del poder Ejecutivo de turno y no del Estado bajo los controles democráticos exigibles”.

Pero esta decisión, para los analistas consultados, no constituye un hecho aislado y recordaron que en ocasiones anteriores el gobierno actual ha restringido libertades ciudadanas.

Ejemplo de esto son los episodios de represión registrados el año pasado cuando se suprimieron las garantías fundamentales al declarar el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro desde el 20 al 29 de junio, contra las personas que ejercían su derecho a la protesta en contra de la reforma a las pensiones públicas de la Caja de Seguro Social (CSS), en un contexto en el que también se reportó un aumento en la importación de armamento y en las compras de municiones destinadas a los estamentos de seguridad.

A ello se suma el contenido del Plan Firmeza, la estrategia de seguridad actualmente impulsada por el Minseg, que identifica la protesta social como una de las amenazas y riesgos para la seguridad pública.

El documento sostiene que estas manifestaciones representan un “grave riesgo de alteración del orden público” y plantea la necesidad de contar con mecanismos especializados para evitar que deriven en escenarios de tensión interna que comprometan la seguridad pública.

Esa caracterización también genera inquietud entre sectores del movimiento docente. Diógenes Sánchez, profesor y dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), considera que la creación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia podría convertirse en un nuevo paso dentro de una política que, según sostiene, “está criminalizando la protesta social”.

”El gobierno nacional está utilizando todo el poder del Estado para disminuir la crítica a su gestión, y eso es preocupante porque atenta contra el Estado de derecho y las libertades fundamentales del ciudadano; eso realmente es un peligro para la democracia de Panamá”, afirmó.

El debate sobre los alcances de las nuevas capacidades de inteligencia del Estado remite a antecedentes durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009 -2014). En ese periodo, cuando el hoy presidente José Raúl Mulino era ministro de Seguridad, se implementaron estrategias de interceptación de telecomunicaciones. Mulino ha defendido que esas medidas respondían a la lucha contra el crimen y que fueron ejecutadas con autorización judicial.

A pesar de que Martinelli resultó “no culpable” por las acusaciones de estas intercepciones o los llamados “pinchazos”, los exdirectores del Consejo de Seguridad Pública: Alejandro Garúz y Gustavo Pérez fueron condenados a 50 meses de prisión por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en perjuicio de unas 150 personas.

En tanto, los exagentes del citado Consejo, Ronny Rodríguez y William Pittí, están detenidos y procesados bajo el sistema inquisitivo por la presunta desaparición del equipo de espionaje y por el delito de inviolabilidad del derecho a la intimidad y esperan sentencia. De acuerdo con la fiscalía, el 98% de las interceptaciones se dirigieron a políticos y también alcanzaron a empresarios y periodistas.