Senniaf mantiene más de 15 mil expedientes de protección abiertos en todo el país

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) reportó más de 15,000 expedientes de protección de niños, niñas y adolescentes abiertos a nivel nacional, los cuales requieren atención legal, psicosocial y seguimiento institucional.

La cifra fue revelada durante la sustentación de su vista presupuestaria en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Esta información se reveló luego que la diputada Yamirelis Chong cuestionara la cantidad y distribución de los funcionarios disponibles para atender directamente a los menores de edad.

Actualmente, la institución cuenta con una planilla de 334 servidores públicos en todo el país. De ese total, 174 son considerados técnicos, equivalentes al 52%, mientras que los otros 160 desempeñan funciones administrativas.

Sin embargo, dentro de los 174 técnicos están incluidos 24 abogados. Al excluirlos, la Senniaf dispone de aproximadamente 150 funcionarios en otras áreas técnicas vinculadas con la atención, evaluación y cuidado de niños, niñas y adolescentes, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos y cuidadores.

La cantidad de colaboradores generó preocupación durante la comparecencia debido a que los expedientes de protección pueden requerir inspecciones domiciliarias, evaluaciones familiares, elaboración de informes, participación en audiencias y seguimiento después de que un menor es reintegrado a su familia.

La directora de la Senniaf explicó que los 24 abogados disponibles no se limitan a representar a la institución durante las audiencias celebradas en diferentes puntos del país.

Estos profesionales también deben dar seguimiento a los casos de restitución familiar y participar en la preparación de informes junto con trabajadores sociales y psicólogos.

“Tenemos más de 15,000 expedientes abiertos en este momento”, señaló la funcionaria al justificar la necesidad de incorporar más personal.

Aunque durante la comparecencia no se presentó un desglose de los expedientes por tipo de vulneración, provincia o etapa procesal, la cifra refleja la presión que enfrenta la entidad para responder simultáneamente a las necesidades legales, sociales y psicológicas de los menores bajo protección.

Para reforzar su capacidad de atención, la Senniaf solicitó la creación de 170 nuevas posiciones distribuidas entre centros de atención, direcciones regionales y unidades administrativas.

Entre las principales asignaciones propuestas se encuentran 20 plazas para el CAI Ciudad del Niño, 16 para el centro destinado a personas con discapacidad, 15 para Llano Tugrí, 15 para Los Santos, 12 para el CAI de Tocumen y 12 para el equipo de respuesta inmediata que trabaja las 24 horas.

La solicitud también contempla personal para las oficinas regionales de Bocas del Toro, Veraguas, San Miguelito, Herrera, Darién, Chiriquí y Colón, así como para las áreas de prevención, adopciones, asesoría legal, seguridad, transporte y servicios generales.

La directora aclaró que las 170 contrataciones incluyen personal técnico, legal, operativo y administrativo. Sostuvo que la petición fue formulada de manera conservadora ante las restricciones económicas del país y que, incluso si se autorizan todas las plazas, la institución solamente podría funcionar de forma “moderada”.

“Y aún no es suficiente”, advirtió la funcionaria sobre la cantidad solicitada.

Chong planteó que, además de aprobar nuevos recursos, es necesario revisar cómo se encuentra distribuida la planilla actual para evitar que existan funcionarios concentrados en áreas administrativas mientras las regionales y los centros de atención carecen de especialistas.

La diputada indicó que el presupuesto no debería convertirse en una excusa para mantener deficientemente atendida a la niñez y adolescencia. También consideró indispensable garantizar que las nuevas posiciones sean destinadas a las áreas donde existe contacto directo con los menores y seguimiento de los expedientes.

El reto de la Senniaf no se limita a gestionar documentos. Cada expediente puede representar a un niño o adolescente que necesita una evaluación oportuna, representación legal, protección frente a una posible vulneración de sus derechos y acompañamiento para regresar a un entorno familiar seguro.

La entidad reportó más de 15,000, que requieren atención legal, evaluación psicosocial y seguimiento institucional.