Vega confronta a Ábrego por fondo confidencial del Canal: ‘¿Esto es legal o no para Panamá?’
- 16/09/2026 11:52
El ministro defendió el mecanismo para reforzar la protección de la vía interoceánica, mientras el diputado cuestionó su sustento jurídico y manejo reservado
La creación de un fondo especial para reforzar la seguridad del Canal de Panamá provocó un tenso intercambio este miércoles entre el diputado Jhonathan Vega y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, durante la sustentación presupuestaria de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Vega cuestionó tanto el sustento jurídico del mecanismo como el carácter reservado de su información financiera. También reclamó que recursos procedentes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sean destinados a seguridad mientras sectores como educación, salud e infraestructura enfrentan limitaciones presupuestarias.
“¿Por qué no invertirlo en escuelas, en salud, en infraestructura vial, en caminos de producción o en alimento para nuestros niños en la comarca?”, preguntó el diputado.
El parlamentario también relacionó la discusión con los B/.27 millones destinados a la compra de armamento, aunque durante la comparecencia no se estableció que esa adquisición será financiada directamente con el nuevo fondo.
El ministro Frank Ábrego rechazó que el acuerdo se haya manejado de manera oculta y aseguró que su creación fue publicada en la Gaceta Oficial.
Según explicó, Panamá asumió la responsabilidad de proteger y defender la vía interoceánica tras la transferencia del Canal. Recordó que anteriormente la ACP ya había entregado recursos para equipar a unidades policiales encargadas de vigilar sus instalaciones.
Ábrego sostuvo que las conversaciones para fortalecer la seguridad comenzaron en 2023, durante la administración anterior, debido a cambios en el escenario internacional y a nuevas amenazas contra infraestructuras estratégicas.
La propuesta inicial, reveló, rondaba los B/.200 millones, pero fue considerada excesiva. Posteriormente, el Gobierno de José Raúl Mulino retomó las negociaciones entre el Ministerio de Seguridad y la ACP.
El acuerdo finalmente alcanzado contempla B/.12.992 millones durante tres años para servicios de patrullaje, vigilancia y protección en áreas bajo competencia de la autoridad canalera.
“Este acuerdo no es secreto ni guarda ningún tipo de reserva o confidencialidad que no esté establecida en las leyes del Canal de Panamá”, afirmó Ábrego.
El viceministro de Seguridad informó que actualmente permanecen B/.5.2 millones en una cuenta de custodia, recursos que todavía no pueden utilizarse.
Explicó que el dinero permanecerá inmovilizado hasta que se elabore un manual para su utilización y este sea refrendado por la Contraloría General de la República.
El manejo de la cuenta, agregó, estará bajo la supervisión de la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la propia ACP.
Sin embargo, Vega insistió en conocer qué disposición permite trasladar recursos del Canal hacia una institución gubernamental sin una ley formal aprobada por la Asamblea.
“¿Esto es legal o no es legal para Panamá? Usted sabe que esto hace ruido”, increpó el diputado, quien advirtió que la reserva establecida para la información contable podría afectar la confianza ciudadana.
“Esto rasguña la poca credibilidad que existe en el país y lacera todo lo que está pasando con los temas de corrupción”, agregó.
Ábrego respondió que el Ministerio debe cumplir la normativa impuesta por el MEF para el desembolso, fiscalización y ejecución del dinero. Aseguró que la entidad únicamente podrá actuar dentro de lo permitido por la ley.
El titular de Seguridad justificó el reforzamiento de la vigilancia por la evolución del crimen organizado internacional, las amenazas contra infraestructuras estratégicas y el uso de nuevas tecnologías con fines ofensivos.
Como ejemplo, mencionó la utilización de drones para ejecutar ataques y señaló que, aunque el Canal dispone de mecanismos para enfrentarlos, necesita ampliar sus capacidades de respuesta.
La comparecencia dejó abierto el debate sobre el alcance de la autonomía financiera de la ACP, la base jurídica utilizada para constituir el fondo y los límites de la confidencialidad aplicada a recursos destinados a proteger uno de los activos más importantes del país.
El acuerdo contempla B/.12.992 millones para tres años, de los cuales B/.5.2 millones permanecen en una cuenta de custodia sin poder utilizarse hasta que se apruebe su manual de manejo.