‘Sin pagos completos, no habrá obras municipales’

Ernesto Cedeño es diputado de la Asamblea Nacional y actual coordinador de su bancada, además de presidir la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Abogado de formación, su discurso legislativo se ha caracterizado por un énfasis en el cumplimiento estricto de la ley, la institucionalidad y la rendición de cuentas dentro del Estado.

Desde el Parlamento, Cedeño ha asumido posturas críticas frente a iniciativas del Ejecutivo, ha impulsado reformas en materia de transparencia y ha sido un defensor de la meritocracia en el sistema de justicia. En esta entrevista aborda temas clave de la agenda nacional, desde el debate del etanol hasta la mina, el Canal de Panamá y la equidad dentro del propio Legislativo.

Este es un proyecto presentado por el Ejecutivo y estamos en la etapa de escuchar a todas las partes. Yo no puedo garantizar que haya un beneficio directo para el consumidor. El Ejecutivo plantea que generará empleo y que es ambientalmente amigable, pero en la iniciativa no se observa un beneficio concreto para el usuario final.

Además, se está obligando al consumo, no es una decisión electiva. Por eso no soy defensor del proyecto. Lo que corresponde es abrir el debate en primer tema, escuchar a todos los sectores y evaluar inquietudes, como las que han surgido sobre posibles afectaciones a los vehículos. El Gobierno dice que no habrá perjuicio, pero incluso representantes del sector automotriz han manifestado preocupaciones. El debate se dará cuando se haya escuchado a toda la población.

Hasta ahora no hemos visto que el Ejecutivo haya honrado esos débitos, más allá de señalar que lo va a hacer. Evidentemente, el incumplimiento afecta el manejo de los gobiernos municipales, sobre todo aquellos que dependen de esos recursos.

Las leyes se tienen que honrar. El objetivo de la ley de simplificación era que los fondos llegaran oportunamente. Mientras exista un saldo insoluto que el Ejecutivo no cubra al 100%, habrá proyectos municipales que no podrán ejecutarse.

Cada diputado debe tener una sola oficina. Actualmente estamos a la espera del primer debate del reglamento interno, que puede obligar a una mayor equidad y a un mejor desempeño en las comisiones.

La desigualdad debe minimizarse. Tengo conocimiento de que la Presidencia de la Asamblea ya ha abordado este tema con algunos diputados. Espero que en los próximos días se corrija esta situación y que, con la modificación del régimen interno, se logre un trato equitativo.

Panamá debe reforzar su política de relaciones internacionales. El Canal es neutral e independiente, y nosotros no tenemos ejército. La estrategia debe orientarse a dialogar con las naciones y lograr que más países se adhieran al Tratado de Neutralidad.

Eso fortalece al país y garantiza que nadie atente contra el manejo neutral y eficiente del Canal de Panamá. El respaldo internacional es clave para preservar ese estatus.

El reto principal está en las universidades y en los organismos de evaluación académica. Es necesario fortalecer el peso académico, mejorar los planes de estudio y reforzar la presencialidad en la formación.

La nueva ley introduce opciones adicionales, como el trabajo de graduación, lo que obliga a las universidades a fortalecer su planta docente y elevar la calidad de la enseñanza jurídica.

La administración de justicia recae en el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Lo primero es garantizar que jueces y fiscales accedan a sus cargos mediante concursos de mérito.

También se requiere un plan de auditoría que permita identificar expedientes rezagados y depurar el sistema. El Pacto de Estado por la Justicia puede ser una herramienta importante para abrir el debate y proponer reformas al sistema penal y acusatorio.

Es un reto enorme. No se entiende cómo una población enfrenta problemas de salud y medicamentos sin que exista una política integral. Panamá tiene medicamentos caros y problemas de abastecimiento.

Se necesita planificación, mejor distribución y apostar a la unificación del sistema para que asegurados y no asegurados reciban una atención adecuada. Eso es fundamental para la protección social.

El presidente ha señalado que no llevará este tema a la Asamblea Nacional, lo que implica que no se derogará la ley vigente. Yo no conozco aún el plan del Ejecutivo sobre una eventual reapertura.

En lo personal, no soy proclive a avalar la reapertura de la mina. Pero primero hay que conocer la decisión de Estado que tomará el Ejecutivo para analizarla desde el punto de vista jurídico. Hasta ahora, todo indica que será una competencia exclusiva del Ejecutivo.

Es fundamental fortalecer la ley de transparencia y la consulta ciudadana. Las autoridades deben cumplir la Constitución y la ley, especialmente cuando se trata de obras o decisiones que afectan a la población.

El artículo 17 de la Constitución es claro: todas las autoridades están obligadas a cumplir la norma jurídica y garantizar la participación ciudadana.

He presentado normas anticorrupción y proyectos para facilitar la relocalización de empresas, reducir la burocracia y fortalecer la estabilidad jurídica.

La prioridad es generar empleo, atraer inversión y garantizar certeza del castigo. También es importante respaldar los proyectos del Ejecutivo que vayan en esa dirección.

Mi rol ha sido propositivo. Como coordinador de bancada, busco dialogar con todos, conciliar posiciones y construir iniciativas que puedan convertirse en ley.

Participo activamente en los debates, leo los proyectos completos y trato de mejorarlos. La meta es construir normas coherentes con las necesidades de la ciudadanía y llevar los proyectos de Estado a buen término.