Camacho cuestiona proyecto anticorrupción y enfrenta a fiscal del Ministerio Público
- 16/09/2025 20:11
El diputado criticó modificaciones al proyecto de ley sobre protección de denunciantes, alegando que mezcla faltas administrativas con materia penal y genera riesgos de persecución política El segundo debate del proyecto de ley para reforzar la acción penal contra la corrupción derivó en un fuerte intercambio entre el diputado Luis Eduardo Camacho y la fiscal Tania Saavedra, representante de la Procuraduría General de la Nación.
Camacho insistió en que las modificaciones al texto original, que pasó de 22 artículos a incluir 10 ajustes técnicos, transforman la iniciativa en “un proyecto nuevo”. En su intervención cuestionó que la propuesta extienda medidas de protección a denunciantes de faltas administrativas, pese a que —según argumentó— estas no corresponden a la jurisdicción penal ni a la competencia del Ministerio Público.
“¿Cómo se pretende otorgar protección penal a una persona que denuncia una falta administrativa que no es perseguible penalmente?”, insistió el diputado, en un tono que generó tensión en el hemiciclo.
Choque con el Ministerio Público La fiscal Saavedra respondió que su asistencia obedecía a la invitación formal de la Asamblea y que la Procuraduría ya había emitido una opinión técnica sobre el proyecto, mediante nota fechada el 7 de marzo de 2025. Aclaró que las faltas administrativas no son competencia del Ministerio Público, pero que el proyecto incluye reformas a artículos del Código Penal relativos a la corrupción, lo que justifica su participación.
Camacho replicó que no se sentía satisfecho con la respuesta y reiteró que la norma podría abrir espacio a “abusos” y a la utilización de testigos protegidos para fines políticos, evocando el caso de Ricardo Martinelli y los testimonios cuestionados en procesos pasados.
El debate se prolongó con recriminaciones sobre el alcance del proyecto y la naturaleza de las modificaciones, hasta que se declaró un receso para continuar la sesión al día siguiente.
El segundo debate del proyecto de ley para reforzar la acción penal contra la corrupción derivó en un fuerte intercambio entre el diputado Luis Eduardo Camacho y la fiscal Tania Saavedra, representante de la Procuraduría General de la Nación.
Camacho insistió en que las modificaciones al texto original, que pasó de 22 artículos a incluir 10 ajustes técnicos, transforman la iniciativa en “un proyecto nuevo”. En su intervención cuestionó que la propuesta extienda medidas de protección a denunciantes de faltas administrativas, pese a que —según argumentó— estas no corresponden a la jurisdicción penal ni a la competencia del Ministerio Público.
“¿Cómo se pretende otorgar protección penal a una persona que denuncia una falta administrativa que no es perseguible penalmente?”, insistió el diputado, en un tono que generó tensión en el hemiciclo.
La fiscal Saavedra respondió que su asistencia obedecía a la invitación formal de la Asamblea y que la Procuraduría ya había emitido una opinión técnica sobre el proyecto, mediante nota fechada el 7 de marzo de 2025. Aclaró que las faltas administrativas no son competencia del Ministerio Público, pero que el proyecto incluye reformas a artículos del Código Penal relativos a la corrupción, lo que justifica su participación.
Camacho replicó que no se sentía satisfecho con la respuesta y reiteró que la norma podría abrir espacio a “abusos” y a la utilización de testigos protegidos para fines políticos, evocando el caso de Ricardo Martinelli y los testimonios cuestionados en procesos pasados.
El debate se prolongó con recriminaciones sobre el alcance del proyecto y la naturaleza de las modificaciones, hasta que se declaró un receso para continuar la sesión al día siguiente.