Fallo de la Corte revive el tablero portuario entre EE.UU. y China

El fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados desde 1997 por Panama Ports Company (PPC), marca un antes y un después en la política portuaria panameña y proyecta sus efectos mucho más allá del ámbito jurídico nacional.

La decisión judicial, que anula la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997 y otras normas relacionadas, ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, dos potencias que observan con atención cualquier movimiento en torno al Canal de Panamá y su entorno logístico.

Más allá del debate constitucional, el fallo impacta directamente a uno de los principales eslabones del sistema portuario nacional, a miles de trabajadores, a la comunidad marítima internacional y a la imagen de Panamá como centro logístico global. Al mismo tiempo, reaviva una disputa geopolítica en la que el país queda, nuevamente, en medio de intereses estratégicos de alcance mundial.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigió al país para fijar la posición oficial del Gobierno y enviar un mensaje de tranquilidad a trabajadores, operadores, clientes y a la comunidad internacional.

“Somos plenamente conscientes de que este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es una decisión de gran relevancia e impacto que requiere de toda nuestra atención y trabajo orientado a proteger este activo de todos los panameños”, afirmó el mandatario, al subrayar el carácter estratégico de los puertos para la economía nacional y el comercio global.

Mulino recordó que las acciones legales contra el contrato de concesión existían desde mucho antes de la llegada de su administración y que, por ello, el Gobierno activó desde hace un año un plan de contingencia para prever los distintos escenarios posibles. “No podíamos repetir los errores y la improvisación del pasado”, señaló, en alusión a experiencias recientes como el cierre de la mina de cobre.

El presidente explicó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, se mantendrá un período de continuidad operativa, sin cambios en la administración actual de los puertos. Posteriormente, se abrirá una etapa de transición hasta la adjudicación de una nueva concesión bajo condiciones que —según dijo— serán más favorables para el país.

Uno de los mensajes centrales estuvo dirigido a los trabajadores portuarios. “Quiero ser claro: su fuente de trabajo es el activo más valioso de nuestras terminales y está garantizada. No se producirán despidos”, afirmó Mulino, quien instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y al Ministerio de Trabajo a mantener un diálogo permanente con los colaboradores.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, realizó visitas a las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal como parte del seguimiento institucional al proceso de transición, mientras el Gobierno reiteró que se garantizará la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores.

El mandatario también anunció la designación del ingeniero Alberto Alemán Zubieta como asesor presidencial y coordinador de un equipo técnico interinstitucional que liderará el proceso de transición. “No habrá improvisación alguna. Cada paso se dará con orden, profesionalismo y claridad”, aseguró.

Además, reveló que el Gobierno ha sostenido conversaciones con operadores portuarios de clase mundial y destacó que APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, ha mostrado disposición para asumir de forma transitoria la operación de las terminales, una vez el fallo quede ejecutoriado, hasta que se adjudique una nueva concesión mediante un proceso abierto y competitivo.

La reacción de China elevó el caso al plano diplomático. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Beijing “tomará todas las medidas necesarias” para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas, tras el fallo de la Corte Suprema panameña.

“La empresa en cuestión ha declarado que el fallo contradice las leyes bajo las cuales Panamá aprobó la concesión correspondiente”, señaló Guo durante una rueda de prensa en Beijing, citado por la agencia estatal Xinhua. Agregó que la compañía se ha reservado todos sus derechos, incluidos los procedimientos legales.

El vocero enfatizó que China actuará “de forma resuelta” para proteger los intereses justos y legítimos de sus empresas, en un pronunciamiento que refleja la sensibilidad del caso en medio de la rivalidad estratégica con Estados Unidos.

Aunque CK Hutchison tiene su sede en Hong Kong, su peso económico y su vinculación con intereses chinos han convertido la concesión panameña en un tema de interés directo para Beijing, que observa con atención cualquier precedente que pueda afectar a sus inversiones en el extranjero.

Desde Washington, la reacción fue opuesta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró públicamente la decisión judicial panameña.

“Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China”, escribió Rubio en la red social X.

El pronunciamiento se produce en un contexto de presión sostenida de la administración estadounidense. Al inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump llegó a amenazar con retomar el control del Canal de Panamá, al considerar que China ejercía una influencia indebida sobre infraestructuras estratégicas vinculadas a la vía interoceánica.

Rubio visitó Panamá en febrero del año pasado, en su primer viaje oficial al exterior, y se reunió con el presidente Mulino, quien anunció entonces una auditoría a las concesiones portuarias. Ese proceso desembocó, meses después, en las demandas presentadas ante la Corte Suprema.

En paralelo, CK Hutchison había acordado el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una operación que fue frenada por China en el marco de su disputa geopolítica con Estados Unidos. Tras conocerse el fallo judicial panameño, las acciones de CK Hutchison cayeron más de 4% en la bolsa de valores de Hong Kong.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, aseguró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de anular la concesión de CK Hutchinson en los puertos de Balboa y Cristóbal reafirma enérgicamente el Estado de derecho. Confirma que el Órgano Judicial independiente de Panamá aplica el cumplimiento de la ley, la transparencia y las obligaciones de interés público, exigiendo a los operadores privados que rindan cuentas.

Panama Ports Company manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión del Órgano Judicial a través de un comunicado emitido el 29 de enero de 2026. La empresa señaló que, aunque aún no ha sido notificada formalmente del fallo, este resulta incompatible con el marco jurídico vigente.

“La decisión anunciada resulta incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato de concesión, el cual ha servido de base para nuestras operaciones durante casi tres décadas”, indicó la compañía, citando una evaluación preliminar realizada por sus asesores legales.

PPC calificó el fallo como “el episodio más reciente de una serie de acciones del Estado panameño” que, según sostuvo, se han desarrollado durante más de un año y han afectado tanto a la concesión como a su inversionista. “Estas medidas generan incertidumbre jurídica sobre el futuro de la actividad portuaria bajo nuestra administración”, advirtió.

La empresa destacó que, en 28 años de operación, ella y su inversionista han realizado inversiones superiores a 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano. Según PPC, estas inversiones han contribuido a la generación de miles de empleos directos e indirectos y al posicionamiento de Panamá como un hub logístico y portuario de referencia mundial.

En su comunicado, la compañía recordó que la concesión fue adjudicada mediante una licitación internacional y aseguró haber cumplido de forma sostenida con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías efectuadas por el Estado panameño. “Hemos mantenido una actitud de transparencia y cooperación con las autoridades”, afirmó.

PPC también advirtió que el fallo podría afectar no solo a la empresa, sino al bienestar de miles de familias panameñas que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria, y alertó sobre un posible impacto negativo en la reputación internacional del país como destino de inversión. Finalmente, reiteró que se reserva todos sus derechos, incluyendo la posibilidad de recurrir a instancias legales nacionales e internacionales.