Minería, empleo y reformas al Estado marcan expectativas del discurso

El informe de gestión que el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentará este 2 de enero ante la Asamblea Nacional llega en medio de altas expectativas ciudadanas y políticas, en un contexto marcado por el desempleo, la presión sobre las finanzas públicas y una persistente demanda de reformas institucionales.

Más que un balance de gestión, distintos sectores coinciden en que el país espera del mandatario definiciones claras sobre el rumbo del Estado, con propuestas concretas que permitan enfrentar problemas estructurales y recuperar la confianza pública.

Entre los temas que concentran mayor atención se encuentra el futuro de la mina de Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, cuya definición podría producirse durante el primer trimestre de 2026, según adelantaron autoridades del Ejecutivo.

Aunque no se ha confirmado si el presidente abordará este asunto en su discurso, distintos sectores esperan señales claras sobre el enfoque que adoptará el Gobierno: si privilegiará el consenso nacional, el diálogo institucional y la transparencia, o si optará por postergar una decisión que tiene profundas implicaciones económicas, sociales y ambientales.

Desde una lectura política, la minería es y será una prueba de autoridad y de capacidad de construcción de consensos, en un país marcado por la polarización y la desconfianza hacia las grandes decisiones estatales.

Más allá de la minería, la expectativa central del discurso se concentra en la reactivación económica, la generación de empleo y la seguridad jurídica. Para el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino y de la bancada Seguimos, el presidente debe colocar este tema como eje articulador de toda la agenda gubernamental.

A su juicio, el país necesita conocer qué proyecto de Estado impulsa el Ejecutivo para generar empleo, atraer inversión y ofrecer estabilidad jurídica, tanto al inversionista como al ciudadano común.

“El panameño quiere una opción económica coherente, que se ajuste a la Constitución y al Estado de derecho. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo con reglas claras y sostenibles”, planteó el diputado.

Desde esta perspectiva, el mensaje presidencial será evaluado por su capacidad de explicar cómo se traducirán las intenciones en políticas concretas, y no solo por el diagnóstico de la situación heredada.

Otro de los aspectos que genera expectativa es la relación entre el Órgano Ejecutivo y la administración de justicia, un tema sensible en el debate público panameño.

Cedeño insistió en que cualquier iniciativa del Gobierno debe respetar estrictamente el principio de separación de poderes, y que si se pretende fortalecer la justicia, ello debe hacerse mediante proyectos de ley que refuercen su independencia y funcionamiento.

El analista político José Eugenio Stoute advierte que, como ocurre con este tipo de informes, el discurso presidencial combinará rendición de cuentas con la construcción de una agenda política para el año que inicia.

“El país espera escuchar no solo las dificultades encontradas, sino los objetivos concretos que se propone el Gobierno para superar la grave situación en la que se encuentra”, precisó.

Según Stoute, existe una expectativa particular sobre si el presidente abordará de manera directa temas como la reforma institucional del Estado, la evasión fiscal y el fortalecimiento de la independencia judicial, asuntos que suelen mencionarse, pero pocas veces desarrollarse con precisión.

A ello se suma la urgencia de medidas frente a un desempleo que ronda el 12%, un indicador que condiciona la percepción ciudadana sobre la efectividad de la gestión gubernamental.

En la antesala del discurso, la coalición Vamos por Panamá hizo llegar al Ejecutivo una carta en la que enumera 10 temas que considera urgentes y que reflejan preocupaciones ampliamente compartidas por la población.

Entre ellos figuran el acceso al agua potable, la lucha anticorrupción, la reforma educativa, la reducción del costo de la energía y los medicamentos, el combate a la evasión fiscal y la necesidad de consensuar cualquier decisión relacionada con la minería.

Más allá de la lista, el mensaje de la coalición apunta a una expectativa central: que el discurso presidencial incorpore prioridades ciudadanas claras y no se limite a una visión general del desarrollo.