Bhuwan Ribhu, activista por la infancia: ‘El matrimonio infantil todavía no es aceptado globalmente como un delito’

El matrimonio infantil continúa arrebatando educación, autonomía y seguridad a millones de niñas, pese a décadas de tratados y compromisos internacionales. Para Bhuwan Ribhu, activista indio por los derechos de la infancia y fundador de Just Rights for Children, el problema comienza por la manera en que numerosos países todavía lo interpretan: como una costumbre social o cultural y no como una grave violación de derechos.

“El mayor desafío ha sido que globalmente no existe una aceptación del matrimonio infantil como un asunto de justicia penal o como una violación sexual de un niño”, afirmó Ribhu en una entrevista con La Estrella de Panamá. A su juicio, cuando una niña de ocho años es casada con un hombre de 80, las palabras tradición y matrimonio encubren un abuso que exige prevención, protección y sanciones.

La Asamblea General de las Naciones Unidas avanzó este viernes en la adopción de una resolución que establece el 27 de noviembre como Día Internacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. La iniciativa pretende fortalecer la cooperación internacional, evaluar los avances, aumentar la sensibilización y movilizar a gobiernos, organizaciones civiles, comunidades y líderes religiosos.

“Hoy el mundo ha hablado con una sola voz: no más. El fin del matrimonio infantil no solo es posible, sino que es inminente”, sostuvo el activista. Para Ribhu, la decisión representa un “punto de inflexión”, pero su verdadero alcance dependerá de que los Estados transformen la declaración en políticas verificables.

UNICEF estima que 640 millones de niñas y mujeres vivas fueron casadas o comenzaron una unión antes de cumplir 18 años. Cada año, aproximadamente 12 millones de niñas contraen matrimonio durante la infancia. Aunque la proporción mundial de mujeres jóvenes casadas siendo menores disminuyó del 21% al 19% en cinco años, el ritmo tendría que multiplicarse por 20 para cumplir el objetivo de erradicar la práctica en 2030.

Al paso actual, advierte el organismo, podrían transcurrir otros 300 años antes de eliminarla. Las crisis económicas, los conflictos armados, los desplazamientos, los efectos del cambio climático y las interrupciones educativas amenazan además con revertir los avances, al empujar a familias vulnerables a considerar estas uniones como una falsa forma de protección o supervivencia.

Los progresos, sin embargo, demuestran que la intervención pública puede modificar la tendencia. UNICEF calculó que la aceleración de programas, reformas legales y educación evitó 25 millones de matrimonios infantiles durante una década, un promedio aproximado de 2.5 millones anuales. En una medición de largo plazo, entre 1997 y 2022, se estima que fueron prevenidas cerca de 68 millones de uniones tempranas.

Ribhu asegura que la experiencia de India también muestra resultados. Según explicó, organizaciones asociadas a su movimiento impidieron o detuvieron más de 550,000 matrimonios infantiles en tres años. La cifra fue presentada por el activista como resultado de una estrategia que combinó movilización comunitaria, intervención institucional y acciones judiciales.

“Los compromisos internacionales siguen siendo solamente un papel, salvo que se traduzcan en acciones sobre el terreno para proteger a cada niño”, señaló. La política global, agregó, debe llegar hasta la menor en riesgo y su situación debe alcanzar a quienes diseñan las decisiones nacionales: “Hasta que ese círculo de cambio se complete, el cambio permanece únicamente sobre el papel”.

El impulso para instituir el día internacional nació de campañas desarrolladas inicialmente en India. Ribhu relató que promovió una reforma para abordar las relaciones sexuales con menores dentro del matrimonio y posteriormente participó en la campaña Child Marriage Free India. El 27 de noviembre de 2024, más de 250 millones de personas, según su recuento, se comprometieron públicamente a rechazar esta práctica bajo el auspicio del Gobierno indio.

En marzo planteó formalmente la necesidad de contar con una jornada mundial que reuniera a gobiernos, comunidades, organizaciones civiles y representantes religiosos. La primera dama de Sierra Leona, Fatima Maada Bio, respaldó y promovió la propuesta, que recibió además el impulso de Sierra Leona, Cabo Verde, Marruecos y Colombia.

América Latina y el Caribe alberga el 9% de las niñas y mujeres que fueron casadas o entraron en una unión durante la infancia. Aplicado al estimado mundial de 640 millones, representa aproximadamente 57.6 millones. La región enfrenta una dificultad particular: muchas relaciones no son matrimonios formalmente registrados, sino convivencias tempranas que permanecen fuera de los controles institucionales.

UNICEF advierte que la cohabitación genera preocupaciones similares a las del matrimonio y puede aumentar la vulnerabilidad en ámbitos como herencia, ciudadanía y reconocimiento social. En Panamá, su perfil estadístico calcula que más de 373,000 niñas y mujeres fueron casadas o estuvieron en unión antes de los 18 años, y que una de cada cuatro mujeres jóvenes vivió esa situación durante la infancia.

Ribhu rechaza que estos casos sean completamente desconocidos. “El matrimonio infantil no es un delito que ocurre dentro de una habitación cerrada, donde solo una o dos personas saben. Es celebrado por la comunidad. No es un caso desconocido; es un caso conocido que simplemente no se denuncia ante el Gobierno o la Policía”, manifestó.

Para el activista, la responsabilidad alcanza a quienes integran el entorno que hace posible la práctica: familiares, funcionarios, líderes comunitarios o religiosos y proveedores que participan en las celebraciones. “Se necesita a toda una comunidad no solo para criar a un niño, sino también para protegerlo, especialmente de un abuso celebrado por toda la comunidad”, expresó.

Ribhu propone que cada Estado apruebe un plan nacional con presupuesto, plazos e instituciones responsables. Las escuelas deberían informar que el matrimonio infantil constituye una violación de derechos, monitorear la asistencia para identificar deserciones y conectar a las niñas vulnerables con becas, servicios de salud y programas de protección.

También reclama sistemas que respondan inmediatamente cuando una niña o un integrante de la comunidad denuncie un caso. Policías, trabajadores sanitarios y autoridades municipales tendrían que conocer sus obligaciones; los funcionarios que omitan actuar deberían rendir cuentas.

“El Gobierno debe traducir su compromiso de hoy en un mañana accionable, y esa acción debe comenzar desde las bases”, afirmó. Insistió en que la prevención necesita educación, capacidad para denunciar y consecuencias jurídicas que disuadan a quienes organicen o faciliten estas uniones.

Como primer paso, propuso una campaña de 100 días entre el 27 de noviembre y el 8 de marzo. Durante ese periodo, cada estudiante debería recibir información y en cada iglesia, mezquita, templo o lugar donde pueda celebrarse una boda tendría que exhibirse un mensaje inequívoco contra el matrimonio infantil.

La formación debe involucrar también a los niños y promover ideas sobre consentimiento e igualdad. La fecha no puede agotarse en actos simbólicos.

“Los gobiernos hicieron hoy una promesa. El mañana depende de cómo conviertan esa promesa en resultados mediante planes nacionales presupuestados”, concluyó Ribhu. Su llamado resume el reto que seguirá después de la resolución: “El 27 de noviembre debe ser el principio del fin. En 2030, matrimonio infantil nunca más”.