Las amenazas y trabas a emprendimientos de hospedaje de corta estancia en Panamá
- 26/07/2025 00:00
Un proyecto de ley pretende limitar el uso de plataformas como Airbnb, impactando a cientos de pequeños propietarios y revelando tensiones entre modelos emergentes de negocio y actores tradicionales del sector turístico Los hospedajes de estancias cortas o rentas de alquiler temporal han sido una actividad económica en constante crecimiento, tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país. Este auge se ha desarrollado de forma orgánica y sin mayores conflictos donde ha existido la demanda. Las escasas barreras de entrada han permitido que panameños comunes, con algún patrimonio inmobiliario, puedan participar en un rubro que anteriormente estaba reservado a los grandes capitales; desde apartamentos en Casco Antiguo y San Francisco en ciudad de Panamá, residencias de playa en Coronado y la costa arriba de Colón hasta bungalows en Mariato, Pedasí y Bocas del Toro. Tras la pandemia, se ha generado un gran excedente de propiedades inmobiliarias. Sin embargo, no se han implementado incentivos significativos para el financiamiento de viviendas usadas, lo que encarece el mantenimiento de una propiedad, especialmente cuando existen compromisos como hipotecas u otros gastos fijos.
Durante la crisis sanitaria, las políticas implementadas para proteger a los inquilinos con alquileres tradicionales dejaron a muchos propietarios con grandes deudas. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) no asumió responsabilidad alguna respecto a estas obligaciones, lo que generó un fuerte descontento entre los dueños de inmuebles, quienes se sintieron desprotegidos frente a las intervenciones estatales y la falta de garantías en los contratos de arrendamiento. En este contexto, los alojamientos de estancia corta han surgido como una opción atractiva frente a las desventajas del arrendamiento tradicional, el cual ofrece pocas protecciones para los propietarios. Este nuevo modelo ha crecido gracias a la intermediación de plataformas tecnológicas como AirBnB —la pionera en este campo—, seguida por otras como Booking y Vrbo, que han replicado el modelo de negocio. Estas plataformas facilitan la conexión entre clientes y proveedores de servicios, de forma similar a lo que ocurre en el mercado de transporte compartido.
¿Regulación o restricción? La polémica detrás del nuevo proyecto de ley
En 2012, el artículo 21 de la Ley 80 de 2012 de la Ley 80 de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el objetivo de proteger al sector hotelero para salvaguardar las millonarias inversiones hoteleras, por lo que se estableció la prohibición de los hospedajes de corta estancia en áreas urbanas de la capital, con onerosas multas. Sin embargo, la ATP no logró implementar mecanismos efectivos para regular ni sancionar estas prácticas. En una entrevista a su directora Gloria López, la ATP ha manifestado la intención de incorporar un marco normativo más integral dentro de la Ley General de Turismo. Este esfuerzo incluiría la participación del departamento legal, los gremios turísticos y diversos sectores involucrados, con el fin de establecer reglas claras, aplicables y actualizadas para los modelos de hospedaje emergentes, como las estancias cortas gestionadas mediante plataformas digitales.
Del emprendimiento al obstáculo: lo que implica la nueva ley para anfitriones
El diputado Neftalí Zamora, miembro de la Asamblea Nacional, ha presentado de forma unilateral un proyecto de ley que no deja claro cuál sería el verdadero beneficio para el país o para el sector turístico. Por el contrario, sus consecuencias negativas son evidentes y podrían ser devastadoras para la actividad económica, particularmente para los microempresarios y pequeños emprendimientos que han encontrado en las estancias cortas una fuente legítima de ingresos y generación de empleos. El proponente menciona que busca brindar una “realidad jurídica”, sin que exista una demanda ciudadana comprobable en ese sentido. Esta aparente “seguridad” parece más bien una excusa para restringir una actividad que ha generado beneficios directos para miles de panameños.
Más trabas, menos turismo
Uno de los aspectos del proyecto es que abre la puerta para que las juntas de condominos o propiedades horizontales (PH) puedan prohibir la operación de plataformas como AirBnB dentro de sus edificios, lo que podría desplazar a cientos de anfitriones que hoy generan ingresos legítimos. Esto podría constituir una vulneración al derecho de propiedad privada y al uso que cada dueño puede dar a su unidad, siempre que no infrinja la ley. Además, el proyecto propone un impuesto mínimo del
10 % y 20 % sobre las estancias cortas, el cual inevitablemente será trasladado al cliente, encareciendo el servicio afectaría directamente la rentabilidad de un modelo de negocio que ya opera con márgenes reducidos debido a los altos costos de mantenimiento, limpieza, seguridad y gestión. Aunque el proyecto afirma que fomentará la inversión y generará empleo, la realidad parece ser la contraria: más trabas para quienes ya operan, mayores costos para los emprendedores y menos incentivos para quienes desean iniciar en este sector. Finalmente, propone que la Acodeco sea la entidad encargada de gestionar los reclamos de clientes y huéspedes. Sin embargo, esta función ya es asumida por las propias plataformas digitales, que cuentan con sistemas eficientes de resolución de disputas, evaluaciones de calidad y atención al cliente, sin generar costo alguno para el Estado.
La estrategia de administradores de propiedades y empresas de bienes raíces: el golpe a los pequeños anfitriones
A pesar de la creciente demanda por hospedajes de corta estancia —una actividad que ha permitido la participación de un amplio sector de la población—, los turistas y visitantes continúan llegando y utilizando estas plataformas de manera sostenida. Sin embargo, la nueva legislación parece buscar el respaldo de ciertos promotores inmobiliarios, junto a grandes empresas que actúan como administradoras de propiedades y operan múltiples unidades destinadas a estancias cortas en Panamá. El objetivo de estas medidas sería restringir esta práctica dentro de condominios y propiedades horizontales (PH), utilizando la vía legal para desplazar a competidores más pequeños y reducir la oferta existente. Esta estrategia no solo busca limitar la competencia, sino también abrir espacio en el mercado para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios dirigidos exclusivamente a grandes inversionistas. Estos nuevos desarrollos consisten en edificios de uso único, diseñados específicamente para estancias cortas, lo que les permite operar sin restricciones internas y capturar un mayor segmento del mercado.
Una oferta amplia de hospedaje beneficia directamente a los consumidores, al brindar más opciones según presupuesto, tipo de viaje y duración. Plataformas como AirBnB ofrecen espacios más amplios y flexibles que los hoteles tradicionales, ideales para familias o grupos. Además, estos alojamientos están presentes en distintos barrios de la ciudad, permitiendo una experiencia más auténtica y generando ingresos en comunidades fuera del circuito hotelero. Restringir esta modalidad encarece los precios, limita la diversidad de la oferta y perjudica tanto a viajeros como a pequeños emprendedores locales. En lugar de promover la competencia y ampliar las opciones del mercado, la legislación propuesta favorece a un sector como el hotelero, fuertemente subsidiado y las empresas administradoras de propiedades a costa de emprendedores locales y pequeños propietarios. Las contradicciones del proyecto son evidentes: pretende “ordenar” el mercado mientras encarece los precios para los huéspedes, reduce la oferta disponible y pone en riesgo cientos de empleos e ingresos legítimos. Lejos de resolver un problema, esta iniciativa podría profundizar las desigualdades y frenar la innovación dentro de esta oferta que ha crecido en Panamá.
Los hospedajes de estancias cortas o rentas de alquiler temporal han sido una actividad económica en constante crecimiento, tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país. Este auge se ha desarrollado de forma orgánica y sin mayores conflictos donde ha existido la demanda. Las escasas barreras de entrada han permitido que panameños comunes, con algún patrimonio inmobiliario, puedan participar en un rubro que anteriormente estaba reservado a los grandes capitales; desde apartamentos en Casco Antiguo y San Francisco en ciudad de Panamá, residencias de playa en Coronado y la costa arriba de Colón hasta bungalows en Mariato, Pedasí y Bocas del Toro. Tras la pandemia, se ha generado un gran excedente de propiedades inmobiliarias. Sin embargo, no se han implementado incentivos significativos para el financiamiento de viviendas usadas, lo que encarece el mantenimiento de una propiedad, especialmente cuando existen compromisos como hipotecas u otros gastos fijos.
Durante la crisis sanitaria, las políticas implementadas para proteger a los inquilinos con alquileres tradicionales dejaron a muchos propietarios con grandes deudas. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) no asumió responsabilidad alguna respecto a estas obligaciones, lo que generó un fuerte descontento entre los dueños de inmuebles, quienes se sintieron desprotegidos frente a las intervenciones estatales y la falta de garantías en los contratos de arrendamiento. En este contexto, los alojamientos de estancia corta han surgido como una opción atractiva frente a las desventajas del arrendamiento tradicional, el cual ofrece pocas protecciones para los propietarios. Este nuevo modelo ha crecido gracias a la intermediación de plataformas tecnológicas como AirBnB —la pionera en este campo—, seguida por otras como Booking y Vrbo, que han replicado el modelo de negocio. Estas plataformas facilitan la conexión entre clientes y proveedores de servicios, de forma similar a lo que ocurre en el mercado de transporte compartido.
¿Regulación o restricción? La polémica detrás del nuevo proyecto de ley
En 2012, el artículo 21 de la Ley 80 de 2012 de la Ley 80 de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el objetivo de proteger al sector hotelero para salvaguardar las millonarias inversiones hoteleras, por lo que se estableció la prohibición de los hospedajes de corta estancia en áreas urbanas de la capital, con onerosas multas. Sin embargo, la ATP no logró implementar mecanismos efectivos para regular ni sancionar estas prácticas. En una entrevista a su directora Gloria López, la ATP ha manifestado la intención de incorporar un marco normativo más integral dentro de la Ley General de Turismo. Este esfuerzo incluiría la participación del departamento legal, los gremios turísticos y diversos sectores involucrados, con el fin de establecer reglas claras, aplicables y actualizadas para los modelos de hospedaje emergentes, como las estancias cortas gestionadas mediante plataformas digitales.
Del emprendimiento al obstáculo: lo que implica la nueva ley para anfitriones
El diputado Neftalí Zamora, miembro de la Asamblea Nacional, ha presentado de forma unilateral un proyecto de ley que no deja claro cuál sería el verdadero beneficio para el país o para el sector turístico. Por el contrario, sus consecuencias negativas son evidentes y podrían ser devastadoras para la actividad económica, particularmente para los microempresarios y pequeños emprendimientos que han encontrado en las estancias cortas una fuente legítima de ingresos y generación de empleos. El proponente menciona que busca brindar una “realidad jurídica”, sin que exista una demanda ciudadana comprobable en ese sentido. Esta aparente “seguridad” parece más bien una excusa para restringir una actividad que ha generado beneficios directos para miles de panameños.
Más trabas, menos turismo
Uno de los aspectos del proyecto es que abre la puerta para que las juntas de condominos o propiedades horizontales (PH) puedan prohibir la operación de plataformas como AirBnB dentro de sus edificios, lo que podría desplazar a cientos de anfitriones que hoy generan ingresos legítimos. Esto podría constituir una vulneración al derecho de propiedad privada y al uso que cada dueño puede dar a su unidad, siempre que no infrinja la ley. Además, el proyecto propone un impuesto mínimo del
10 % y 20 % sobre las estancias cortas, el cual inevitablemente será trasladado al cliente, encareciendo el servicio afectaría directamente la rentabilidad de un modelo de negocio que ya opera con márgenes reducidos debido a los altos costos de mantenimiento, limpieza, seguridad y gestión. Aunque el proyecto afirma que fomentará la inversión y generará empleo, la realidad parece ser la contraria: más trabas para quienes ya operan, mayores costos para los emprendedores y menos incentivos para quienes desean iniciar en este sector. Finalmente, propone que la Acodeco sea la entidad encargada de gestionar los reclamos de clientes y huéspedes. Sin embargo, esta función ya es asumida por las propias plataformas digitales, que cuentan con sistemas eficientes de resolución de disputas, evaluaciones de calidad y atención al cliente, sin generar costo alguno para el Estado.
La estrategia de administradores de propiedades y empresas de bienes raíces: el golpe a los pequeños anfitriones
A pesar de la creciente demanda por hospedajes de corta estancia —una actividad que ha permitido la participación de un amplio sector de la población—, los turistas y visitantes continúan llegando y utilizando estas plataformas de manera sostenida. Sin embargo, la nueva legislación parece buscar el respaldo de ciertos promotores inmobiliarios, junto a grandes empresas que actúan como administradoras de propiedades y operan múltiples unidades destinadas a estancias cortas en Panamá. El objetivo de estas medidas sería restringir esta práctica dentro de condominios y propiedades horizontales (PH), utilizando la vía legal para desplazar a competidores más pequeños y reducir la oferta existente. Esta estrategia no solo busca limitar la competencia, sino también abrir espacio en el mercado para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios dirigidos exclusivamente a grandes inversionistas. Estos nuevos desarrollos consisten en edificios de uso único, diseñados específicamente para estancias cortas, lo que les permite operar sin restricciones internas y capturar un mayor segmento del mercado.
Una oferta amplia de hospedaje beneficia directamente a los consumidores, al brindar más opciones según presupuesto, tipo de viaje y duración. Plataformas como AirBnB ofrecen espacios más amplios y flexibles que los hoteles tradicionales, ideales para familias o grupos. Además, estos alojamientos están presentes en distintos barrios de la ciudad, permitiendo una experiencia más auténtica y generando ingresos en comunidades fuera del circuito hotelero. Restringir esta modalidad encarece los precios, limita la diversidad de la oferta y perjudica tanto a viajeros como a pequeños emprendedores locales. En lugar de promover la competencia y ampliar las opciones del mercado, la legislación propuesta favorece a un sector como el hotelero, fuertemente subsidiado y las empresas administradoras de propiedades a costa de emprendedores locales y pequeños propietarios. Las contradicciones del proyecto son evidentes: pretende “ordenar” el mercado mientras encarece los precios para los huéspedes, reduce la oferta disponible y pone en riesgo cientos de empleos e ingresos legítimos. Lejos de resolver un problema, esta iniciativa podría profundizar las desigualdades y frenar la innovación dentro de esta oferta que ha crecido en Panamá.