Colombia debe negociar y no pedir la información financiera ‘con pistola'

Aunque Colombia se quejó de Panamá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por no cumplir con el intercambio de información financiera automática, tanto el Gobierno panameño como expertos del sector financiero afirman que Colombia no tiene ese acuerdo con Panamá y ‘lo que debe hacer es ajustar su normativa y luego sentarse a negociar'.

Carlos Troetsch, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), señaló que Panamá estableció ‘reglas muy claras' con Colombia, pues existen mecanismos por los cuales Panamá intercambia información y Colombia ‘debe entender eso'.

Por su parte, Julio Aguirre, asesor financiero de Aguirre & Schwarz, indicó que en el tema de intercambio multilateral de información financiera y tributaria de forma automática, Panamá ha cumplido al pie de la letra con cada requerimiento de la OCDE a través del Common Reporting Standard (CRS).

Según Aguirre, ‘Panamá se ha volcado a responder en función de los estándares exigidos por la OCDE y de Estados Unidos a través del FATCA, por ende, aquel país que quiera intercambio de información automática debe adaptarse a las reglas que sigue el Istmo'.

‘Si Colombia requiere de información, debe establecer esa normativa en su país primero, y no estar pidiéndola con pistola, pues no han hecho gestión técnica y se requiere una ley que respalde tal acción bilateral', confirmó el asesor financiero.

‘Si Colombia requiere información, debe establecer las normativas en su país, y no estar pidiéndola con pistola, pues así no logrará recabar la información',

JULIO AGUIRRE

ASESOR FINANCIERO

Tanto Troetsch como Aguirre, quienes este miércoles participaron en el XXII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por la ABP, coincidieron en que la queja de Colombia no tiene sustento y que, primero, el país sudamericano debe honrar los fallos de la Organización Mundial del Comercio que favorecen a Panamá en el tema de los aranceles discriminatorios.

En enero de 2018, cuando Panamá se comprometió ante la OCDE al intercambio multilateral de información financiera y tributaria de forma automática, Colombia negociaba su ingreso al grupo y no fue hasta mayo pasado que lo logró.

Además, en 2016, el entonces ministro de Economía y Finanzas panameño, Dulcidio De La Guardia, acordó con su homólogo colombiano de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, un Tratado para evitar la Doble Tributación que incluye una cláusula de intercambio de información fiscal a requerimiento, conforme a los estándares de la OCDE, mas no de forma automática. Este tratado entró en vigencia este año.

Sin embargo, recientemente, Cárdenas Santamaría, en una entrevista a la revista colombiana Portafolio, indicó que ‘ya expresamos nuestra queja ante la OCDE y le enviamos una carta, manifestando el incumplimiento de Panamá con el convenio suscrito ante ese organismo, que obliga a esa nación a intercambiar información tributaria automáticamente con Colombia'.

Y es que desde el primero de enero de este año, el Gobierno colombiano debió haber enviado los datos a su Ejecutivo, de modo que se pusiera bajo la lupa a personas con capitales o activos escondidos –no declarados– en Panamá, que se la vio oscura en su momento, cuando estalló el escándalo de los Panama Papers.

Así las cosas, según las declaraciones del funcionario colombiano, la desobediencia de este mandato deja a Panamá con un alto riesgo para sus finanzas. ‘Las consecuencias de esta infracción pueden ser incluso que el istmo quede en una lista gris, por parte de la Unión Europea, lo cual tiene repercusiones desde el punto de vista de las relaciones económicas y financieras', advirtió el ministro de la cartera económica de ese país, quien además, en 2016, año en que se firmó el acuerdo, instó a través del mismo medio a sus compatriotas ‘que tienen activos en el vecino país' para que normalizaran su situación fiscal pagando una penalidad del 11.5% del monto total invertido, con el fin de ‘legalizar' su situación de activos en Colombia.