Residentes de Limajo aguardan por la solución del MOP

Cansados de esperar por una respuesta del Ministerio de Obras Públicas (MOP), los residentes y arrendatarios de tres PH ubicados en la urbanización Limajo, en el distrito de San Miguelito, se reunieron ayer con el titular de la Defensoría del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, para que intervenga en la diferencia que tienen con la entidad, ya que la situación afecta a unas 80 familias.

Los afectados dijeron a La Estrella de Panamá que de no lograr que este mes el MOP avale la orden de proceder para que reparen la presunta fractura en la tubería de 42 pulgadas, cerrarán las calles, ‘pues al parecer es la única manera que a uno lo escuchen', señaló Manuel Núñez, uno de los empresarios afectados con las inundaciones.

Núñez manifestó que llevan tres años y medio en incertidumbre, esperando que el MOP resuelva esta situación de manera definitiva, pero ‘solo nos dan largas y el tiempo sigue pasando poniendo vidas en riesgo'.

‘Si en este mes (noviembre) no resolvemos este problema, será otro año más perdido, porque los trabajos, de aprobarse, deberían darse en la temporada seca y, como estamos estaremos en elecciones, habría que explicarle a quien gobierne todas nuestras calamidades, lo que no es justo, pues lo ocurrido lo debería resolver esta administración', indicó.

Al igual que otros propietarios, Núñez expresa impotencia, pues la situación no la generaron ellos sino que compraron un bien al banco que deben seguir pagando, pero que tiene orden de demolición.

‘Nos volvimos a inundar con las lluvias del lunes y la ruptura de una tubería de agua potable; hoy (ayer) todavía nos encontramos sacando agua del área, pues para evitar las inundaciones en el área no pueden registrarse precipitaciones densas ni por largo tiempo. Adicional, debe operar una bomba día y noche, una bomba que extrae tanto las aguas de la servidumbre pluvial como la de la fosa séptica colindante'.

REUNIONES SIN CONCRETAR

Desde que se registró la primera inundación, en 2015, los afectados han enviado más de 30 notas al MOP, pero no han recibido respuesta.

CRONOLOGÍA

En la Corte Suprema de Justicia reposa un amparo de garantías.

El PH Comercial Limajo fue construido en 1997; Madison Tower, en 2012, y el último Operadora Universal, en 2015.

La ordenes del MOP se fundamentan en la Ley 11 de 2006.

Sin embargo, una vez salió el tema a la palestra se han dado múltiples reuniones, sin que el MOP haya concretado la solución.

Núñez, quien adquirió el inmueble en 2011, indicó que ‘el MOP, de ir a una reunión, se centra en preguntar quién costeará la reparación, pero al no identificarse quién asumirá el gasto, la entidad vuelve a la postura de que se viola la ley, al estar los PH construidos sobre la servidumbre pluvial, ‘pese a ser ellos los responsables de ordenar la demolición y lo que nos llevó a ir hasta la Corte'.

La reunión en la Defensoría es la tercera de su tipo, pero aunque el MOP es citado, solo asistió a la primera, dejando plantado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil, Acodeco, UTP e Idaan, entre otras entidades.

ANTECEDENTES

Los PH afectados por inundaciones desde agosto de 2015 y sancionados con $100 mil por el MOP, al estar construidos sobre una servidumbre pluvial subterránea, son: Comerciales Limajos (comercios), Madison Tower (residencia) y Operadora Universal (comercio).

La finca madre se subdividió en tres lotes. Cada uno corresponde a uno de los PH: Comercial Limajo, construido en 1997; Madison Tower, en 2012, y el último antes de ser ocupado por Operadora Universal, en 2015, sería una estación de servicio de combustible de Petróleos Delta, pero no se hizo.

Según la Ley 11 de 2006, el MOP es la entidad regente de todo lo relacionado al régimen de servidumbres públicas, que atraviesan los tres PH. Sin embargo, el plano de diseño y construcción de la primera edificación data de 1993, y fue sellado por el Ministerio en 1995.

Inicialmente el MOP ordenó, mediante la Resolución 094 del 6 de julio de 2018, la demolición de los tres PH por ilegales, ya que están construidos sobre una servidumbre pluvial, la cual le pertenece a la entidad.

A inicios de septiembre, los residentes interpusieron un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, que suspendió la orden de demolición. No obstante, los residentes y arrendatarios reconocen que el proceso podría durar años.