Acusan a ex directivo en investigación por derrame

Un ex empleado de Halliburton fue acusado el jueves de destruir evidencia después del derrame petrolero de BP en el Golfo de México en 2010.

Anthony Badalamenti, que había sido director de tecnología de cemento en Halliburton Energy Services Inc., fue acusado en un tribunal federal de instruir a dos empleados a borrar datos durante una revisión del trabajo de cemento en el pozo de BP destruido en la explosión.

Halliburton era el contratista de cemento de BP PLC en la plataforma de perforación submarina que estalló en el Golfo en abril del 2010, mató a once trabajadores y desencadenó el mayor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos.

Badalamenti, de 61 años, residente en Katy, Texas, es acusado según un proceso cuya carátula indica típicamente que el acusado coopera con la fiscalía.

Asimismo el jueves, una jueza federal aceptó un acuerdo por el cual la compañía, con sede en Houston, pagará una multa de 200.000 dólares por su conducta en relación al cargo contra Badalamenti.

La jueza Jane Triche Milazzo opinó que el acuerdo es razonable y coincidió con la fiscalía y la compañía que "refleja adecuadamente la gravedad de la trasgresión".

Al contrario que BP y el propietario de la plataforma, Transocean Ltd., Halliburton no fue acusada de ningún delito relacionado con las causas del desastre. El cargo al que aceptó declararse culpable _una contravención de destrucción no autorizada de evidencia_ abarca una revisión del trabajo de cemento en el pozo Macondo de BP, afectado por la explosión de la plataforma.

La pena que Halliburton aceptó pagar es el monto máximo para el cargo. El acuerdo anunciado en julio también dispone que Halliburton quede a prueba durante tres años y que haga una contribución de 55 millones de dólares a la Fundación Nacional de Vida Marina y Silvestre, pero este pago no fue requisito acordado en el convenio.

BP resolvió una investigación penal del Departamento de Justicia por su papel en el desastre cuando se declaró culpable en enero de cargos de homicidio por la muerte de los trabajadores y aceptó pagar un récord de 4.000 millones de dólares en penalidades. Transocean también se declaró culpable en febrero de violar la Ley de Agua Pura y accedió a pagar 400 millones de dólares en multas.