Huelga general contra Temer no paraliza Brasil en medio de crisis política

La segunda huelga general convocada por los sindicatos contra las reformas económicas impulsadas por el presidente de Brasil, Michel Temer, no paralizó hoy al país, pese a la creciente presión sobre el mandatario tras ser denunciado por corrupción.

Ni el terremoto político desatado desde mayo pasado, ni las polémicas reformas económicas emprendidas por el Ejecutivo consiguieron detener por completo un Brasil que vivió hoy el segundo paro general en dos meses, tras el del 28 de abril.

La negativa de los sindicatos del transporte en Sao Paulo, el estado más poblado e industrializado del país, y Río de Janeiro a participar en el paro fue determinante en el resultado final de la huelga.

Por el contrario, en la capital, Brasilia, la protesta se notó con mayor intensidad, con la paralización del metro y de casi la totalidad de las líneas de autobuses.

En la mañana, grupos de huelguistas bloquearon los accesos a algunas de las principales ciudades del país con barricadas a las que prendieron fuego.

Más tarde, hubo movilizaciones en las 27 entidades federativas del país para protestar, de manera pacífica, contra el paquete de reformas promovido por el Gobierno, de corte liberal y que incluye un severo ajuste fiscal.

En Sao Paulo, manifestantes quemaron en la Avenida Paulista, en el corazón financiero de la ciudad, un pato gigante, que se ha convertido en el símbolo de la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente de Brasil.

Las protestas clamaron por todo el país principalmente contra la reforma de las leyes laborales y del sistema de pensiones.

Sin embargo, ambos proyectos, alabados por las patronales y duramente criticados por los sindicatos e incluso por la Fiscalía, han visto paralizado su trámite en el Congreso desde el escándalo que amenaza la continuidad en el poder de Temer, denunciado este lunes por la Fiscalía por un supuesto delito de corrupción pasiva.

El mandatario, que ha reiterado que agotará su mandato, que expira el 1 de enero de 2019, es investigado además por los delitos de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, lo que podría derivar en nuevas demandas en su contra.

Las sospechas sobre Temer se basan en las revelaciones a la Justicia de varios ejecutivos del grupo JBS, que lo acusan de recibir sobornos desde 2010 y aportaron una explosiva grabación en la que el gobernante brasileño escucha en silencio y hasta consiente posibles delitos.

Desde que estalló el escándalo, destapado el pasado 17 de mayo, el presidente ha perdido el apoyo de varios partidos minoritarios con representación parlamentaria e incluso la oposición y algunos legisladores de la base oficialista han pedido su inmediata renuncia y obstaculizado el trámite de las citadas reformas.

La reforma laboral está a un paso de entrar en vigor y solo falta que el pleno del Senado la apruebe antes de ser sancionada por el presidente, mientras que la del sistema de pensiones está paralizado en la Cámara de Diputados, órgano que decidirá si procede o no la denuncia contra Temer.

Para que la denuncia sea aceptada debe ser aprobada por al menos dos tercios del pleno de la Cámara de Diputados, donde Temer conserva, por el momento, una amplia mayoría.

En caso de que los diputados autoricen la denuncia, la Corte Suprema analizaría el tema en su pleno y, de secundar la decisión, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días.

En medio de la zozobra, el Supremo puso hoy en libertad al exdiputado Rodrigo Rocha Loures, exasesor de Temer implicado en el mismo caso que el gobernante, un balón de oxígeno para afrontar un futuro aún incierto.