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23 de Oct de 2019

América

Piden que organismos de DDHH supervisen liberación de detenidos en Nicaragua

De acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega, la cifra de presos políticos es de 340 y los familiares y la oposición aseguran que es hasta en 802.

El dirigente estudiantil y negociador de la Alianza Cívica, Max Jérez, dijo a periodistas que han hecho esa propuesta al Ejecutivo en la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.

La opositora Alianza Cívica informó este martes que planteó al Gobierno de Nicaragua que sean los organismos humanitarios nacionales e internacionales los que se encarguen de supervisar la liberación de los manifestantes que se encuentran detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega.

El dirigente estudiantil y negociador de la Alianza Cívica, Max Jérez, dijo a periodistas que han hecho esa propuesta al Ejecutivo en la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.

"No hemos tenido una respuesta concreta y esperamos que se dé la liberación de la forma más pronta posible", señaló.

El dirigente estudiantil aseguró que desde que comenzaron las negociaciones, el pasado 27 de febrero, le han insistido al Gobierno sobre la necesidad y la urgencia de liberar a los "presos políticos" para contribuir a un mejor clima en las conversaciones.

Según la Alianza Cívica, aún está pendiente el tema del protocolo sobre el seguimiento de la salida de los presos, y si va a requerir asistencia adicional.

La mesa de negociación sigue a la espera de que el Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) se incorpore para apoyar el tema de la liberación de los "presos políticos", que el Gobierno cifra en 340 y los familiares y la oposición hasta en 802.

Las partes acordaron el viernes pasado conciliar las distintas listas de "presos políticos" antes de proceder a su liberación definitiva, para lo cual convinieron un plazo no mayor de 90 días.

Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.

En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Daniel Ortega tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva.

Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.

El Ejecutivo de Daniel Ortega solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.