La terapia de la tortura

NUEVA YORK. Un equipo de la Asociación Psicológica Estadounidense que asesoró a militares sobre interrogatorios a prisioneros “se apresuró a sacar conclusiones que violaban las Convenciones de Ginebra”, denunció Médicos para los Derechos Humanos.

Entre los integrantes de ese grupo había muchos funcionarios del Departamento de Defensa y del gobierno de George W. Bush (2001-2009), agregó.

Documentos internos de la Asociación recientemente difundidos señalan que en 2005 su grupo de trabajo sobre ética en los interrogatorios se adaptó a las pautas del Pentágono.

Así lo señaló Médicos para los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), que exigió una investigación independiente y otra del inspector general del Departamento de Defensa para constatar si algún empleado federal ejerció influencia sobre los psicólogos.

El grupo de psicólogos “produjo un informe que fue apresurado, secreto y estuvo guiado hacia conclusiones (?) que violaban las Convenciones de Ginebra”, dijo a IPS el director de la Campaña de PHR Contra la Tortura, Nathaniel Raymond.

“La Asociación supeditó la ética a la ley al seguir pautas establecidas por el Pentágono”, señaló, agregando que los miembros el grupo de trabajo tienen “vínculos históricos” con esa cartera, y que entre ellos había muchos funcionarios del gobierno de George W. Bush (2001-2009).

“La Asociación tiene que explicar cómo sucedió eso. Y el inspector general del Pentágono tiene que investigar cómo se permitió que esto pasara”, agregó Raymond.

Estas acusaciones llegan luego de que se publicaran varios mensajes de correo electrónico del grupo de trabajo en el sitio de Internet Salon.com y en ProPublica, una organización sin fines de lucro que promueve el periodismo de investigación.

PHR dijo que los mensajes indican que el grupo de tareas desarrolló su política ética para ajustarse a las pautas del Pentágono.

“Estas serias acusaciones requieren una investigación independiente para determinar si la dirigencia de la Asociación se comprometió en una conducta antiética”, dijo Steven Reisner, consejero de ética psicológica en PHR.

“El público estadounidense se merece saber si hubo contactos inadecuados o conflictos de intereses entre funcionarios de la Asociación y el Pentágono”, añadió.

El grupo de trabajo consideró que esto era “consistente con el Código de Ética de la Asociación” para que los interrogadores realizaran consultas a los psicólogos a favor del interés de la seguridad nacional.

Aunque observa que los psicólogos no participan en las torturas y tienen la responsabilidad de reportarlas, y deberían estar comprometidos con el código de ética de la Asociación cada vez que enfrenten “conflictos entre la ética y la ley”, el grupo de tareas decidió que “si el conflicto no puede resolverse, los psicólogos pueden adherir a los requisitos de la ley”.

PHR es desde hace tiempo un crítico manifiesto de la política del Grupo Presidencial de Trabajo sobre Ética Psicológica y Seguridad Nacional de la Asociación, que rige la participación de terapeutas en los interrogatorios, exigiendo una prohibición contra la participación de profesionales de la salud en los interrogatorios.

Aunque los miembros de la Asociación Psicológica Estadounidense en 2008 aprobaron un referendo que prohíbe a los psicólogos el ingreso a instalaciones que violan el derecho estadounidense e internacional sobre derechos humanos, PHR cree que la política del Grupo Presidencial de Trabajo debe revocarse inmediatamente. Reisner dijo que era tiempo de “poner las obligaciones éticas de un psicólogo para con los principios de derechos humanos por delante de las órdenes a seguir”. El recientemente desclasificado informe del Comité de Servicios Armados del Senado que detalló los abusos a detenidos por parte del Departamento de Defensa confirma que los psicólogos racionalizaron, diseñaron, supervisaron e implementaron el programa de torturas del gobierno de Bush. Ese informe “confirma que los psicólogos fueron fundamentales para el uso que el gobierno de Bush hizo de la tortura”, dijo Raymond.

“En el contexto de estas revelaciones, el público estadounidense necesita saber por qué una política ética presuntamente independiente fue escrita por parte del propio personal presuntamente implicado en el abuso a detenidos", dijo. Stephen Soldz.