Los claroscuros de la Transparencia pública

Los últimos viajes realizados por Marlon de Souza antes de dejar la subdirección de la Caja de Seguro Social (CSS) fueron publicados en la página electrónica en abril de 2014.

Los gastos de movilización de la CSS están desactualizados. De los directivos que comenzaron a laborar el 1 de octubre, con Estivenson Girón, no hay ningún reporte en la plataforma digital.

Durante la gestión de Abigail Benzadón en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), esta entidad otorgó dos premios Prisma a la CSS, liderada por Guillermo Sáez Llorens.

‘La Comisión de Transparencia de la Caja, en estrecha colaboración con el personal de las distintas direcciones, han logrado el 100% de puntuación en seis evaluaciones consecutivas y dos años consecutivos obtener el premio Prisma a la transparencia’, declaraba Sáez Llorens en enero de 2013.

La suma de los viajes no es la única que no está visible para los tres millones de asegurados y beneficiarios de la CSS. No están disponibles la lista de contrataciones ni los montos ni los contratistas.

La CSS no es la única que no publica las contrataciones, ya sean directas o producto de licitación.

El Ministerio de Salud, por ejemplo, no ha informado de los montos del contrato con Pumper, S.A. para la recolección de los desechos peligrosos de seis hospitales de la capital.

‘En los 18 años que tengo de trabajar en este tema, el quinquenio 2009-2014 fue el más nefasto que yo recuerde’, señala la nueva administradora de la Antai, Angélica Maytín, quien agrega que ‘se violentaron las normas de transparencia y de ética con la complicidad de las autoridades que estaban llamadas a defender estos principios’.

Maytín mencionó que se aprobó una ley para crear la Antai sin someterla a ninguna consulta, ‘en total opacidad, solo para beneficiar a la persona que ocuparía la dirección general (Abigail Benzadón). Esto nunca más puede volver a ocurrir’.

La exdirectora de Transparencia Internacional recuerda que la Ley 6 de 22 de enero de 2002 (Ley de Transparencia) prevé en su articulado una extensa normativa que obliga a las instituciones a mantener disponible en las páginas electrónicas ‘cierto tipo de información, por ejemplo: planilla, gastos de representación, costos de viajes, viáticos y detalles de viaje, entre otros’.

Maytín agrega que hay otro tipo de información, que no se considera restringida, que los ciudadanos pueden solicitar presentando una solicitud de acceso a la institución correspondiente.

La administradora expresa que la Antai cuenta con un equipo que monitorea periódicamente las páginas digitales de las diferentes instituciones para asegurarse de que cumplan con el principio de publicidad.

‘Remitimos cartas a los directores de los entes que no estén cumpliendo la Ley 6, para que corrijan las faltas detectadas. Con la reciente designación de los oficiales de información en cada una de las instituciones públicas, estamos seguros de que la desactualización de las páginas será cosa del pasado muy pronto’, prometió.

POCO PERSONAL

La Antai tiene 42 funcionarios públicos, que no son suficientes para fiscalizar las operaciones del Estado en todo el país. Lo ideal, comparte Maytín, es que la autoridad tenga un representante en cada institución, tal como lo tiene la Contraloría General de la República.

Para suplir la falta de recursos humanos, Maytín propone que cada oficina pública nombre un oficial de información.

‘Con estos oficiales habrá alguien responsable del cumplimiento de las solicitudes de información, en el plazo que la norma establece. Además, la base de datos Infórmate Panamá va a generar a una alarma que avisará cuántos días restan para responder y todos los usuarios de la base de datos podrán saber quiénes están en mora, y la Antai puede aplicar multas por no cumplir’, concluyó.