El sistema inquisitivo ‘colapsa' con la implementación del SPA

‘Caos, desastre, crisis'. Así definió el desenvolvimiento del antiguo sistema de justicia Alfredo Vallarino Alemán, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas.

Tras la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el Primer Circuito Judicial —Panamá, Darién, Colón, Panamá Oeste y las comarcas—, este 2 de septiembre, el sistema inquisitivo (que regía anteriormente y que seguirá rigiendo los casos sin resolver) se ha hecho inoperante.

El exfiscal Roberto Moreno Obando respalda la tesis de Vallarino Alemán. ‘Vas a los despachos del edificio Ecuador y están cerrados. Nadie sabe nada. Las tres fiscalías de descarga están llenas de cajetas de expedientes; es un caos', dice Moreno.

La desorganización surge como consecuencia del cierre de catorce fiscalías de descarga que operaban bajo el sistema inquisitivo. De las 17 que existían, solo quedan tres. Los recursos han sido destinados a atender los casos del SPA.

‘Ellos (Ministerio Público) debían entender que los casos del sistema inquisitivo seguirían siendo mayoría por unos dos años más. Después irían bajando gradualmente. Debieron mantener más recursos en el sistema inquisitivo e irlos pasando gradualmente al SPA. Pero lo que ha ocurrido es que todos los recursos se pusieron en un solo lado', agregó Moreno Obando.

JUAN CARLOS ARAÚZ

‘La logística de las fiscalías de descargas debe agilizarse para que no se entienda como un obstáculo de la justicia'

VICEPRESIDENTE

DEL CNA

Cada despacho tiene como tres mil expedientes (...) ‘planificar (...) redistribuir el recurso humano. Se debió aprender de la experiencia del interior del país, donde, pasados varios años, todavía no se habían terminado de procesar casos pendientes del sistema Inquisitivo', continuó el exfiscal.

A los únicos que les conviene la situación es a los procesados que no han sido imputados o detenidos y ‘que no serán procesados correctamente' por la recarga de trabajo, alegó Moreno Obando.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), reconoció que los problemas del Ministerio Público se deben, sobre, todo a la reorganización de las fiscalías de descarga.

La situación ha complicado los procesos, no solo por la pérdida de fiscalías, sino porque muchas de las investigaciones tenían un agente de instrucción encargado.

‘Los tres despachos que continúan abiertos, con poco personal, tienen que encargarse no solo de su propia carga de trabajo, sino de la de las catorce fiscalías cerradas. Eso implica empezar desde cero con los términos de investigación corriendo', añadió Vallarino Alemán.

En su cuenta de Twitter @carrilloley, el abogado Carlos Carrillo señaló que ‘la vigencia del SPA ha condenado los trámites de descarga a crisis por falta de personal y presupuesto para atenderlo'.

Por el mismo medio, Carrillo agregó que ‘deben tomarse medidas de emergencia para atender los casos de descarga del Ministerio Público. Crisis indescriptible se vive hoy'.

AJUSTES

Pero el vicepresidente del CNA cree que se trata de algo temporal y que, como todo nuevo sistema, habrá detalles que coordinar, aunque la reorganización del personal, dijo, debe atenderse lo antes posible. ‘No podemos perder de vista que los procesos penales están cargados de emociones porque se trata de individuos que necesitan que se les provea justicia pronta y cumplida. Cualquier alteración de un proceso causará incomodidades', añadió el abogado.

Araúz explicó que el Ministerio Público debe redoblar esfuerzos para disipar cualquier incomodidad en la tramitación de expedientes. ‘Eso no debe convertirse en una vulneración de algún derecho o garantía procesal', añade.

‘Se le debe dar un plazo prudencial al Ministerio Público para que enderece donde haya que hacerlo', continúa diciendo Araúz.

Carlos Lee, de la Comisión de Justicia y Paz, considera, por su parte, que ni el Ministerio Público ni el Órgano Judicial tomaron las medidas pertinentes para no afectar los procesos que deben continuar con el sistema inquisitivo. ‘Esto ha causado algunos inconvenientes que deben resolverse cuanto antes', dijo Lee.

Lee agregó que se requiere una legislación que modifique el Libro III del Código Judicial para ayudar a agilizar los procesos previos que están sin resolverse.

Las estadísticas indican que el 66% de los 16,848 privados de libertad no han sido condenados. De hecho, Panamá tiene la tasa de privados de libertad per cápita más alta de Latinoamérica (261 por cada 100 mil habitantes), después de Cuba y El Salvador.

Los detenidos pueden esperar más de un año por un juicio debido a las ineficiencias en el sistema legal, según el portal Americas Quarterly.

Una de las promesas para reducir la población penitenciaria descansa en la implementación del SPA, que este año se completó en el territorio nacional. Sin embargo, como todo proceso de cambio, ha experimentado tropiezos: falta de presupuesto, de tecnología e infraestructuras adecuadas.

El Ejecutivo asignó al Ministerio Público un presupuesto de $10 millones para implementar el SPA. Sin embargo, la institución considera que requiere unos $5 millones más.

El Ministerio Público anunció ayer que está tomando las medidas pertinentes para atender la sección de descargas, como el refuerzo del personal y la clasificación y digitalización de los expedientes.

EL IMELCF

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), columna vertebral de la investigación judicial, también enfrenta contratiempos para realizar su trabajo. El instituto trabaja forzado con la mitad del personal médico que requiere, explicó Humberto Más, director del Imelcf.

‘Duplicamos esfuerzos y tenemos las mismas condiciones que teníamos bajo el SPA', dijo el médico forense.

Actualmente, se cuenta con cerca de cuarenta médicos, pero se necesitan cincuenta más, detalló Más.

El Imelcf sufrió un recorte de 54% en el presupuesto, que para 2016 se estipuló en $35 millones.

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FRANCISCO CRUZ FUENZALIDA

La exitosa ejecución chilena del sistema acusatorio

‘Eficacia con garantías constitucionales'. Esa es la clave del exitoso modelo chileno del Sistema Penal Acusatorio (SPA), según análisis de Francisco Cruz Fuenzalida, embajador de Chile en Panamá.

Cruz Fuenzalida laboraba en el Ministerio de Justicia chileno y era parte del equipo que trabajó en la implementación del sistema. El diplomático no solo tiene la experiencia de su país, también tiene la de consultor internacional en el tema.

Once años después de haber concluido la implementación del sistema de justicia en Chile, el diplomático comparte la experiencia de su país. Sus comentarios se producen en el marco de la conclusión de la implementación del SPA en el Primer Circuito Judicial, el 2 de septiembre de 2016.

La ejecución del sistema se completó en Chile en 2005, dice Cruz Fuenzalida, pero los resultados no se vieron a corto plazo, con excepción de algunos muy precisos factores

Su experiencia dice que el nuevo sistema reducirá los costos de la investigación de delitos. En Chile, el delito investigado pasó de costar $720, con el sistema inquisitivo a $548, con el SPA.

Entre los beneficios que resultaron de la implementación del SPA en el país sudamericano está la reducción en el número de empleados por jueces. ‘Baja el costo de dólares para combatir el delito, pero, además, el número de empleados por juez porque organiza mejor los recursos', añadió.

La reforma traerá, además, una disminución en los tiempos de respuesta judicial. En su opinión , se van a invertir las tasas de población penal. ‘Se van a dar más personas condenadas que las que están sujetas a prisión preventiva', adelantó Cruz Fuenzalida.

‘Hay una mayor velocidad de la condena, una actuación más rápida y rendición de cuentas, porque los medios de comunicación social podrán ir a una audiencia y observar lo que pasa con los casos particulares y ver cómo se resuelven', precisó el diplomático.

El SPA es una muestra de madurez institucional, pero una implementación como ésta requiere diálogo y discusión, agregó.

En Chile, la implementación del sistema fue muy parecida a la de Panamá, se dio gradualmente, de las provincias a la ciudad. Este proceso tomó cinco años, cuenta.

En el país sudamericano hubo, además, una separación de los procesos. A los antiguos casos, que se ventilarían con el sistema inquisitivo, se les dio una ‘dedicación exclusiva'.

El sistema chileno establece jueces de dedicación exclusiva que atienden estos casos y que aquí estarían representados a través de las figuras de fiscalías de descarga.

‘Lo sistemas no son puros, no son perfectos, tienen ajustes, tienen desviaciones; en Chile lo vivimos. Lo importante es que esos ajusten no afecten la columna vertebral del sistema', dijo.

El SPA, a su juicio, construye un estándar de garantías y protección a las víctimas y ofrece las herramientas para combatir más efectivamente el crimen. ‘Es eficacia con garantías', señaló.

‘El escenario de Panamá con el SPA es auspicioso y decisivo. Lo primero, porque comienza una etapa de consolidación institucional. Esta es una etapa muy importante', sostiene el embajador. Y ‘decisivo', explicó, ‘porque la gradualidad le pone el sello al sistema, en términos de inmediación, de transparencia y de rendición de cuentas'.