Procurador respalda consulta pública

El procurador de la administración, Rigoberto González, respalda una consulta pública por el aumento de las tarifas en los corredores.

El funcionario considera que al ser la Empresa Nacional de Autopistas, S.A (ENA) una empresa pública, ‘está obligada a cumplir con alguna de las modalidades de participación ciudadana por las decisiones que puedan afectar los derechos de grupos de ciudadano'.

En la respuesta a la consulta realizada por Angélica Maytín, directora General de la Autoridad

‘ENA ES UNA ENTIDAD PÚBLICA Y ESTÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON ALGUNA DE LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA',

RIGOBERTO GONZÁLEZ

PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), el procurador de la Administración sostiene que contrario a lo planteado por el administrador de ENA, está dentro del concepto de Institución que establece el numeral 8 del artículo 1 de la Ley de Transparencia, y está obligada a cumplir con las modalidades de participación ciudadana, que como el incremento de tarifas, afectan los intereses de los ciudadanos .

El procurador de la Administración complementó su análisis señalando que sus argumentos son de conocimiento de ENA, ‘que entiende la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Transparencia, ya que así lo menciona en su página Web, puesto que la Ley 76 de 2010, creadora de la misma, dispone que el Estado es el propietario de la totalidad de las acciones', afirmó el funcionario de la Procuraduría.

Además, advirtió González, aunque la constitución de ENA es la de una sociedad anónima, la coloca dentro del ámbito del Código de Comercio, en sus relaciones con terceros ‘y a juicio de este despacho, ello no cambia su naturaleza pública, porque la totalidad de sus acciones corresponden al Estado y permanecen bajo custodia del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 76 de 2010'.