La lucha por establecer una ‘causa probable'

La Fiscalía de Estados Unidos, representada por Adam Fels, busca recabar la mayor cantidad de evidencia en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que espera audiencia el próximo 23 de agosto, para convencer al juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, de que existe causa probable para su extradición a Panamá.

La Fiscalía entregó su escrito al juez, en el que detalla el modus operandi que utilizó el Consejo de Seguridad Nacional de Panamá (CSN) entre 2010-2014 para espiar a 150 blancos en la administración Martinelli. Los delitos de vigilancia, obtener información de las computadoras de ciertos blancos e inviolabilidad de las comunicaciones sin una autorización judicial forman parte medular de la acusación de la Fiscalía.

Para ello, envió más de 33 evidencias al juez, que se componen de las declaraciones de varios exfuncionarios del CSN, aunado a una ampliación de la declaración jurada del fiscal de la causa Harry Díaz, quien expone a detalle algunos puntos a solicitud de Fels.

El reto de la Fiscalía es contar con los argumentos que responsabilicen a Martinelli como autor intelectual de las grabaciones telefónicas ilegales, el uso posterior y la desaparición del equipo empleado en esta actividad.

Una mirada a los testimonios recabados por la Fiscalía permite conocer cómo operaba el CSN en los años citados. En este sentido, todos los entrevistados por el fiscal Díaz apuntan a los mismos protagonistas, exfuncionarios del Conejo: William Pittí, Ismael Pittí y Ronny Rodríguez, éste último jefe de inteligencia de la entidad quien supuestamente actuaba como ejecutor de las órdenes de Martinelli en la selección de los ‘pinchados'.

Una de las pruebas reina de la Fiscalía es la declaración de Ismael Pittí, el único que señala directamente a Martinelli como autor intelectual de los hechos, y quien marca una relación directa entre Ronny Rodríguez y el entonces presidente. Una evidencia que la defensa del expresidente ha atacado puntualmente argumentando que es extemporánea.

Para rebatir a los abogados del exmandatario, la Fiscalía adjuntó una nota de

Tom Heinemann, asesor jurídico de inteligencia del Departamento de Estado, encargado de las peticiones de extradición, en la que avala el procedimiento efectuado por Susan Benda, quien formalizó la introducción de la declaración jurada de Pittí en el expediente de Estados Unidos.

AUTOR INTELECTUAL

La prueba de que Martinelli, siendo presidente y presidente del CSN, escogía los objetivos a los que se debía intervenir e infectar sus equipos recae en la estrategia legal que le facilitó el trabajo. Según la Fiscalía, reorganizó el CSN que hasta ese momento estaba integrado por cuatro funcionarios, y emitió el Decreto Ejecutivo 263 del 19 de marzo de 2010, que reconstituyó el organigrama como un organismo consultivo y asesor del Presidente en materia de seguridad pública y defensa nacional. Así quedaron al mando dos personas, el propio presidente, quien lo preside, y el ministro de la Presidencia.

Por tanto, esboza Díaz, ‘si Martinelli era el que determinaba qué hacía o no el CSN, y si el Consejo determinaba qué actividades hacía o no la Secretaría, y ésta efectuaba los trabajos de invasión a la privacidad a través de los equipos adquiridos. Martinelli como presidente era la persona que determina si se invadía o no la privacidad de los blancos. La secretaría del Consejo respondía a sus órdenes, éste era el medio utilizado para invadir la privacidad de las víctimas'.

Un punto que subraya la Fiscalía es que el presidente no tiene facultades legales para intervenir las comunicaciones o extraer documentación de computadoras sin una autorización judicial. Así lo entendían también algunos funcionarios que laboraron en el CSN como Ismael Pittí, quien explica que fue testigo de cómo Martinelli ordenaba a Rodríguez qué blancos intervenir.

La investigación de Díaz determinó que al menos se violó la privacidad de 40 móviles entre enero de 2012 y mayo de 2014. Entre los números intervenidos se incluyen los celulares del entonces Procurador, José Ayú Prado (hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia), quien corroboró que no existió una autorización judicial para el monitoreo.

El fiscal Harry Díaz aportó 7 cuadernillos y 26 discos compactos con las comunicaciones privadas de las víctimas.

Estas evidencias son la muestra de que Martinelli tenía conocimiento de las conversaciones privadas y que éstas no se podrían haber conseguido de otra forma sino violando la privacidad de las personas.

MALVERSACIÓN

La Fiscalía aportó la declaración de un testigo con conocimiento de ‘primera mano', narró que a raíz de las elecciones generales de 2014, se recibió orden de desmantelar todo. También se dañó la impresora por si guardaba algún back up del trabajo impreso. Otro equipo se sacó de las instalaciones un jueves o viernes de la misma semana de las elecciones para montarlos a un vehículo que tenía asignado Ronny Rodríguez y se llevaron a una oficina del Súper 99, propiedad de Martinelli.

La empresa NSO Group Technologies, proveedora del equipo Pegasus, certificó que la última comunicación del equipo ocurrió el 15 de mayo. Esta información se tiene comprobada con el IP estático a través del cual se realizó la última conexión y se realizó en el piso 6 del edificio Oceanía, un sitio que no corresponde al CSN.

Otra evidencia que aporta la Fiscalía es el correo electrónico en el cual se guardaban informaciones al cual se le realizó una diligencia de inspección ocular donde se obtuvo información de antes y después del 3 de julio de 2012 producto de las intervenciones efectuadas a las víctimas a través de ambos sistemas adquiridos, el M.L.M. Protection y el Pegasus, lo que comprueba que se utilizaron para cometer los delitos.

‘PINCHAZOS'

Varela reconoció cuatro conversaciones

Mientras Juan Carlos Varela se encontraba en plena campaña presidencial, alguien más se enteraba de sus planes políticos.

En 2013, Varela sostuvo un intercambio de mensajes a través de su teléfono Blackberry -aquellos que se pensaba eran inviolables- con uno de sus asesores de campaña, Rick Davis. La conversación giraba en torno a una reunión ocurrida entre Davis y Christian Ferry, otro asesor de su campaña. Lo que se escribieron no permaneció en ese pequeño círculo, trascendió las interioridades y no precisamente a un amigo del candidato.

Las investigaciones que realiza el fiscal Harry Díaz por la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad en contra del expresidente Ricardo Martinelli revelan que Varela fue otra de las víctimas de los pinchazos de su adversario político. No fue una vez, según los records que analizaron del correo electrónico en el que se hallaron los registros de los supuestos pinchazos.

Varela se acercó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado el 26 de marzo de 2015, a pocos minutos de las cinco de la tarde, para declarar en forma voluntaria sobre sus sospechas de que le habían violado sus comunicaciones.

El fiscal le preguntó, por formalidad, si pertenecía a algún partido político, a lo que él respondió: al Panameñista, desde su fundación. Luego le pidió que leyera un correo electrónico fechado el 31 de julio de 2013, para ver si reconocía a las personas involucradas en la información. Entonces, recordó que se trataba de una conversación por WhatsApp con Jaime Bermúdez, un ciudadano colombiano asesor, con quien tuvo una conversación cuando regresó de Río de Janeiro, Brasil, después de acudir a la Conferencia Mundial de la Juventud.

El fiscal muestra una tercera conversación obtenida de las inspecciones oculares efectuadas al mail ‘brad.pty507'. En ella Varela reconoce a Marien Calviño, administradora de la campaña de las primarias del partido, con quien intercambió comunicación. También aparecía su asistente, Rafael Flores; Raúl Sandoval, un mail que aparentemente había enviado Calviño a todo el equipo de campaña el 15 de marzo de 2013.

Luego vio otro mensaje fechado el mismo día que envió Priscila Miró a su hermano José Luis Varela en el que hablaban de asuntos internos del comité de elecciones en las primarias del partido.

Una vez que Varela observó los documentos, dijo al fiscal que confirmó algo que siempre sintió, que le estaban violando sus comunicaciones de distintas formas por celular, mail , WhatsApp, mientras fue vicepresidente y luego candidato presidencial. Acudió frente al fiscal en calidad de ciudadano ‘para que esto nunca vuelva a ocurrir en el país', dijo entonces.