Productores de Barú denuncian desalojos ilegales de sus tierras

Los productores de Barú, provincia de Chiriquí, no cesan en su lucha contra el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Banapiña, subsidiaria de la transnacional Del Monte.

Este lunes denunciaron en conferencia de prensa que la semana pasada hubo dos intentos de desalojo contra los productores que lograron detener con recursos de apelación.

Ada Pinzón, dirigente de los productores, en conjunto con el abogado Santander Tristán y Gisela Pérez Polo, de la Alianza Estratégica Nacional, denunció que el Gobierno los quieres sacar de las tierras que han hecho producir por más de 20 años.

Explicó que existe una orden de lanzamiento ‘por intrusos' a los casi 400 productores de Barú que se oponen a que sus tierras formen parte del contrato de concesión de Banapiña, que fue aprobado por la Asamblea Nacional en marzo del año pasado.

Los desalojos son ejecutados por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) por orden del juez de paz del corregimiento Rodolfo Aguilar.

Pinzón dijo que el Gobierno ya ha expropiado a 60 productores y pide a la Corte Suprema de Justicia se pronuncie lo antes posible sobre las dos demandas de inconstitucionalidad que se han presentado contra el contrato de concesión.

Las demandas fueron presentadas en agosto del año pasado y, después de más de un año, la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto los recursos contra el contrato.

‘Hemos solicitado a los últimos cuatro gobiernos que nos titulen la tierra y no han querido y, ahora, nos las quieren quitar',

ADA PINZÓN

DIRIGENTE DE PRODUCTORES DE BARÚ

El abogado, por su parte, dijo que presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado panameño por los desalojos.

Tanto Tristán como Pinzón cuestionan que el Gobierno considera a los productores como ‘invasores', cuando ellos tienen más de veinte años trabajando la tierra. Además del derecho posesorio al que tienen derecho, los productores también son protegidos por el Código Agrario.

Tristán cita el artículo 153 del Código Agrario, que establece que ‘los bienes públicos y privados son susceptible de posición agraria...'. ‘La actividad que realizan los productores sobre estas tierras es legal y constitucional', insiste el abogado.

A juicio de Tristán, los desalojos son totalmente ilegales porque los procesos los realiza la juez de paz, Ulzana Valdés, cuando deben ser atendidos por un juzgado agrario. ‘Los fallos de la juez Valdés son peores con los fallos que hacían los corregidores', indicó Tristán.

‘La actividad que realizan los productores es legal, por lo que no pueden ser considerados invasores',

SANTANDER TRISTÁN

ABOGADO DE LOS PRODUCTORES

Los productores tienen planes de presentar querella contra la juez Valdés por extralimitación de funciones.

El contrato de concesión, sin embargo, es una ‘espada de Damocles' para los productores al considerarlos como ‘invasores'.

‘En cuanto a las fincas propiedad del Estado que se encuentran ocupadas por invasores a la firma de este contrato, el Estado asumirá, por medio de las autoridades locales de policía, las acciones legales pertinentes para que el momento que inicie operaciones la empresa las fincas se encuentren desocupadas...', señala el contrato.

Para Tristán, se trata de una arbitrariedad del contrato, porque los productores estaban en la zona mucho antes.

La Alianza Estratégica Nacional considera que el contrato ‘es la reinstalación del enclave del siglo pasado' que mantuvo la empresa United Fruit Chiquita.

Los productores piden una revisión del contrato y sacar de la concesión las 2,000 hectáreas que las 400 familias han trabajado por años.