Temas Especiales

21 de Oct de 2020

Nacional

Procurador quiere investigación efectiva a Odebrecht, FCC Y Martinelli

En una entrevista con Efe, Ulloa aseguró que la instrucción que ha dado a los fiscales Anticorrupción es la de acelerar los procesos y llamar a todo el que esté implicado

El Procurador de Panamá, Eduardo Ulloa, habla este lunes durante una entrevista.
El Procurador de Panamá, Eduardo Ulloa, habla este lunes durante una entrevista.Bienvenido Velasco | EFE

El caso Odebrecht fue reactivado este lunes en Panamá, dijo a Efe el nuevo fiscal general, Eduardo Ulloa, quien impulsa una investigación integral y efectiva tanto de la actuación en el país de la constructora brasileña como de la española FCC por el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos, así como del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Ulloa asumió el cargo el pasado 2 de enero para un período de 5 años tras la renuncia de Kenia Porcell en medio de un escándalo por filtraciones telefónicas del expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019), que la hicieron blanco de dudas sobre su imparcialidad e independencia.

En una entrevista con Efe, Ulloa aseguró que la instrucción que ha dado a los fiscales Anticorrupción es la de acelerar los procesos y llamar a todo el que esté implicado en los casos Odebrecht y FCC, sin importar su papel político ni relevancia económica, para que así "la ciudadanía sienta de que la Justicia se está realizando".

SE REACTIVA EL CASO ODEBRECHT

"El caso Odebrecht se reactiva, se reinicia lo que es su investigación el día de hoy, porque ya fue notificada la resolución que concede la prórroga" de cinco meses y 8 días aprobada este mismo mes por un Tribunal Superior que aceptó un recurso de Apelación de la Fiscalía, dijo Ulloa.

La investigación a la constructora brasileña, que levantó obras emblemáticas como el paseo marítimo Cinta Costera y dos líneas del metro de la capital, estas junto a FCC, estuvo detenida varios meses después de que una corte de circuito negara a la fiscalía una nueva prórroga, la segunda, para continuar las pesquisas.

"Es un expediente que tiene 879 tomos", afirmó Ulloa al sostener que se mantiene al frente del caso la fiscal Zuleika Moore, y que al mismo "se incorporará la información adicional que se recopile y se harán las formulaciones de imputación para otras personas si así lo surgieren elementos" de prueba.

Un informe difundido por Porcell antes de salir del cargo indica que el caso Odebrecht se inició en enero de 2017, que hay 82 personas imputadas por blanqueo, soborno internacional y corrupción, y que 16 personas aceptaron su participación en esos hechos a través de acuerdos de pena y de colaboración validados judicialmente.

Ulloa no descartó que se revise el acuerdo alcanzado por la Fiscalía con Odebrecht y validado por un tribunal panameño, que incluye el pago de 220 millones de dólares por parte de la constructora, porque posterior al mismo han surgido "informaciones sobre una serie de actividades de la empresa en Panamá" que no fueron tomadas en cuenta.

"Hemos sostenido desde un principio que la ciudadanía lo que desea es conocer la verdad de todo lo sucedido aquí con la empresa desde que llega al país", durante el Gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), "hasta el último proyecto que han estado desarrollando", agregó Ulloa.

LA INVESTIGACIÓN A FCC

La investigación iniciada en abril de 2017 a la constructora española, por el pago de supuestos sobornos y sobrecostos por más de 100 millones de dólares en una obra vial adjudicada en la capital panameña, "está abierta", dijo Ulloa.

"Lo que le hemos pedido a los fiscales Anticorrupción y se lo hemos reiterado es que traten de meterle el mayor dinamismo, la mayor celeridad a esas investigaciones", dijo el fiscal general.

En diciembre pasado un juzgado panameño otorgó a la Fiscalía un año más para que amplíe la investigación a FCC por el caso relacionado con proyectos del Plan para el Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá, en que hay imputadas 14 personas por delitos de peculado y corrupción, y blanqueo de capitales".

FCC también es investigada en España, donde ya ha comparecido ante la Audiencia Nacional y explicado detalles sobre el pago, a través de facturas simuladas, de 82 millones de dólares en comisiones para contratos públicos en Panamá y por las que está siendo investigada por corrupción y blanqueo.

En esas delaciones ha surgido el nombre del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) como supuesto receptor de los pagos ilegales, a través de un supuesto testaferro, el abogado Mauricio Cort, detenido en Panamá.

EL CASO DEL EXPRESIDENTE RICARDO MARTINELLI

Ulloa afirmó que la Fiscalía ha pedido a la Corte Suprema un informe sobre los casos por supuesta corrupción contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) que deben pasar al Ministerio Público como resultado de que renunció al cargo de diputado centroamericano que le daba un fueron especial.

Martinelli fue declarado el año pasado "no culpable" de los delitos de escuchas ilegales y peculado por un tribunal juicio luego de que el Supremo declinara su competencia en el caso (por el tema de la renuncia a la diputación regional), que abrió el máximo tribunal y por el que pidió la extradición del expresidente a Estados Unidos, que la concedió en base a un tratado bilateral.

La discusión se centra ahora en si el expresidente puede ser juzgado por los otros casos abiertos en su contra, cerca de una decena, luego de que Estados Unidos dijo en una comunicación oficial que las condiciones que daban vida al "principio de especialidad" establecido en el Tratado de Extradición y que limitaba la persecución penal al caso por el que fue entregado, ya no aplican.

Ulloa dijo que "los jueces panameños deben determinar si esa vía que ha decidido tomar Estados Unidos", de dar luz verde a Panamá para procesar nuevamente a Martinelli sin que supuestamente se le haya pedido formalmente, "es la vía que nuestra legislación señala para la autorización de excepción del principio de especialidad".

"La principal preocupación nuestra es que la consecuencia jurídica por obviar esa autorización (pedida formalmente) es la nulidad del proceso. Esa es la mayor preocupación. Lo que más fuerte se nos cuestionaría es provocar una nulidad" de un proceso contra Martinelli, agregó el fiscal general.