Autoridades, en silencio sobre tráfico de armas

El Ministerio de Seguridad y Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) guarda silencio sobre el levantamiento de la veda de armas, y los casos de tráfico ilegal mientras estuvo vigente por 10 años.

Tanto el ministro Juan Pino como Carlos Prosperi, jefe de la DIASP, no respondieron a un cuestionario que este medio envió el pasado 1 abril para solicitar información de la veda de armas, y tratar de confirmar que los estamentos de seguridad siguieron contratando con empresas vinculadas al tráfico ilegal de armas, entre ellas Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), del empresario Ricaurte Grajales.

Ambos funcionarios fueron consultados para conocer cuántas empresas han aplicado para reactivar la importación y ventas de armas, si la apertura limitará el calibre de las armas, y solo se aprobará a las empresas que anteriormente tenían licencia, y cómo se manejará la importación con empresas que mantienen procesos judiciales por supuesto caso de tráfico ilegal de armas durante la veda.

Pino y Posperi también se negaron a responder si los estamentos policiales siguieron adquiriendo armas Glock, ya que esta marca es representada en Panamá por la empresa Armunal. Incluso se les preguntó si algún representante de Armunal participa como asesor de algún estamento de seguridad, tema que tampoco fue respondido.

De acuerdo con documentación judicial, la empresa Armunal de Grajales habría sido parte de una estructura ilegal creada para introducir armas a Panamá, cuando existía una veda que prohibía esta operación.

De acuerdo con la demanda interpuesta por el abogado Edgar Torres, el 28 de julio de 2014, el Servicio de Protección Institucional (SPI) introdujo un lote de armas indicando que era obsequio y patrocinio para la institución, cuando esta transacción internacional realizada por la empresa Armunal era la venta.

Las armas que llegaron vía aérea fueron declaradas en los documentos de vuelo como 'Set de pistolas deportivas no restringidas', cuando en realidad eran armas de fuego y su ingreso a Panamá en ese momento estaba restringido para venta privada, sostiene textualmente la demanda.