Reflexiones sobre la ola criminal

El país se encuentra alarmado por la creciente ola de violencia. El fenómeno nada tiene que ver con el sistema político que nos rige. Se trata de un hecho social que tiene sus raíces en los múltiples conflictos que lesionan la estructura moral, económica y cultural de la población. Afirmar que la criminalidad la encara mejor una dictadura es hablar delgadeces, como dicen los campesinos cuando alguien habla necedades a borbotones, sin comedimiento. Como igualmente se habla delgadeces al sostener que la criminalidad, más que un problema de la prevención, lo es de la represión. Para estos, la criminalidad encuentra su freno con el aumento de las penas.

La historia indica que las soluciones intimidatorias no impiden necesariamente el aluvión criminal. Recuerdo haber leído que un alto porcentaje de quienes fueron guillotinados, presenciaron alguna vez una ejecución de esa naturaleza. Esta realidad sugiere que sería más eficaz orientar toda política anticriminal hacia el campo de la prevención, sin dejar de lado, por supuesto, una acción estatal en el campo de las penas, bien definida tanto pedagógica como científicamente.

Se impone una política estatal que estudie el acto criminal en sus orígenes, y que una vez provocado tal acto se apliquen soluciones penitenciarias bastante individualizadas dirigidas a la rehabilitación del delincuente. En el primer caso el Estado debe penetrar en la sociedad con políticas sociales que eliminen las desigualdades y que garanticen pan, trabajo y abecedario para todos. La sociedad en su conjunto debe armonizar con esa política social. En el segundo caso, en el de las soluciones penitenciarias, Jiménez de Asua con su insuperable bisturí penetraba muy profundo en el alma del delincuente. El delincuente ocasional o el delincuente reincidente presentan problemas diferentes en lo que a la aplicación de las penas se refiere. En el sondeo bio-psicológico del sujeto activo emerge una terrible diferencia que transforma todo el mapa penal, surge lo que se denomina la peligrosidad real y potencial del delincuente. Este diagnóstico que califica el alma del criminal es lo que debe hacer más responsable la misión del Estado. Comenzando por el papel del juez penal, que sin dejar de ser juez de leyes no debe olvidar que es juez de seres humanos, con todo el aditamento necesario para su buena gestión, como contar con institutos de criminología que estudien, previa a la sentencia, en todas sus dimensiones al infractor social. En este aspecto existen diferencias doctrinales, pero los países que siguen el sistema lo señalan como exitoso.

En lo concerniente a estos temas basta decir que el problema es mundial. No para nuestro consuelo sino para nuestro aprendizaje al conocer las soluciones foráneas. Precisamente hoy la Francia de las luces se conmueve ante los crímenes de un reincidente pederasta. Un criminal de esta índole hace poco salió de la cárcel condenado por pederasta y sin ninguna regeneración, en la primera oportunidad, violó a un niño de 5 años. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, indignado, sugirió la castración química para esta clase de delincuentes y también recomendó el encierro del criminal en un hospital-cárcel hasta que científicamente deje de ser peligroso. Se trata de una solución de defensa social que históricamente ha enfrentado muchas batallas teóricas, sobre todo las relativas al respeto de los derechos humanos y a la eficacia de estos métodos previsores.

Pero en la solución de Sarkozy fluye lo responsable de la política estatal en el campo penitenciario. La castración química enfrenta opiniones contrarias, pero someter a ese enfermo sexual a un tratamiento carcelario y hospitalario hasta que deje de ser peligroso es totalmente adecuado, y en el diagnóstico y tratamiento de la peligrosidad se perfecciona una política penal previsora. Establecer hospitales-cárceles para enfrentar la peligrosidad y otros males que exigen el aislamiento, clínicamente concebido, tiene alcances que denotan una mayor responsabilidad estatal o una especial consideración a la condición humana víctima de duras patologías.

¿Cuántos reincidentes peligrosos andan en nuestro medio a la caza de nuevos delitos? ¿Dónde están las cárceles-hospitales? ¿Dónde encontramos políticas preventivas?

Como se puede observar, el asunto criminal, tan difícil de comprender y resolver, conmueve al universo humano. Siempre lo ha conmovido. Es un problema científico, es un problema complicado y de alcance interdisciplinario que exige la palabra y el esfuerzo del sociólogo, del médico, del penalista, del psicólogo, del criminalista, y los especialistas en estas ramas abundan en el país.

Adicionalmente se puede afirmar que la ola criminal que nos azota produce otros efectos negativos que afectan el desarrollo nacional. La ola de violencias pone de manifiesto una tremenda inseguridad social. Por este solo hecho Estado y sociedad deben conocer los planes para resolver esa inseguridad. Para los inversionistas nacionales y extranjeros esa inseguridad que origina el crimen es más peligrosa y negativa que un día de huelga de trabajadores; como igualmente a los inversionistas les afectan más los noticieros permanentes de sangre, crímenes y muertes, que un tranque vehicular momentáneo.

Lo importante ante el crimen desbocado es tomar conciencia de la complejidad y universalidad del problema. El país espera, desde luego, una política estatal propia, científica, sana y responsable que supere las frivolidades y las delgadeces para resolver a fondo el gran flagelo de nuestros tiempos.

Publicado originalmente el 25 de agosto de 2007.