La opinión pública y la vuelta de carnero

Artículo publicado originalmente el 3 de julio de 2004.

El clima democrático que vive el país desde 1990, luego del cese de la invasión, ha permitido que un poderoso movimiento de opinión haya rechazado mayoritariamente las reformas propuestas por el PRD. Si tal clima hubiere existido entre 1968 y 1972, la Constitución fraguada y aprobada por los golpistas no se hubiera expedido. En aquella época, hasta 1968, regía una carta democrática ampliamente discutida en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente, escogida en unos comicios ejemplares e integrada por constituyentes nacionales y provinciales. Los primeros de marzo, fecha en que entró en vigencia, eran de fiesta nacional. Tal era la identificación del sentimiento popular con su carta política. El hecho en sí entrañaba una docencia democrática, como ocurre en España en cada aniversario de la Constitución. El gobierno y la sociedad organizan festejos en su honor.

La Constitución Nacional de 1946 era tan apreciada por el pueblo, que en el año de 1951 el presidente Arnulfo Arias, por haberla derogado de un plumazo, fue derrocado. Los episodios de 1951 respondieron a la verticalidad de la sociedad, la que cívicamente puso horma a la zigzagueante conducta de la Policía Nacional, obligándola a dar el golpe de Estado.

Los alzados de 1968 adoptaron, inicialmente, una táctica sinuosa o imprecisa con relación al texto constitucional. No derogaron la Constitución vigente, la supeditaron a un “Estatuto del gobierno provisional”. Suspendieron algunos artículos de la Constitución del 46, entre ellos el 30 que prohibía la pena de muerte. Es lógico que al suspender ese artículo, el gobierno militar de facto no se sentía cohibido para ejecutarla, lo que hizo de hecho decenas de veces como se lee en el histórico informe de la Comisión de la Verdad.

Posteriormente, el jefe del golpe militar Omar Torrijos Herrera dictó el Decreto 214 de 1971 mediante el cual se nombraba una comisión para que introdujera “reformas revolucionarias a la Constitución de 1946”. Seguidamente se convocó a una asamblea de representantes de corregimientos para que aprobara las reformas acordadas por la comisión. Las reformas fueron totalmente contrarias a los principios democráticos sustentados por la carta anterior. La asamblea de representantes sin discusión alguna y a golpe de tambor, con descarga de trompetillas temerosas o silenciosas de la oposición perseguida, aprobó el nuevo y “glorioso” texto revolucionario, denominado Constitución de 1972. Recibió 504 votos de apoyo y solo un voto en contra, el de Luis Emilio Veces.

En el informe de la Comisión de la Verdad aparece un cable del embajador de Estados Unidos en Panamá recomendando al Departamento de Estado que se enviara una felicitación al general Torrijos por haber sido declarado, en el texto constitucional, “Líder máximo de la revolución de octubre” o jefe de Gobierno. A partir de entonces, ya no en privado, los embajadores de Estados Unidos actuaban como relacionistas públicos del “gobierno constitucional” panameño.

La actual embajadora de Estados Unidos, señora Linda Watt, debe encontrar en estos capítulos de nuestra historia el origen, o una concausa, de la mala distribución de la riqueza en el istmo de Panamá, porque los miles de millones de dólares que sumaron los empréstitos otorgados a los militares no fueron a dar, precisamente, a los bolsillos del pueblo. Esto era del conocimiento del Gobierno de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales. Hoy la deuda pública contraída con tantas complicidades ha generado pobreza y corrupción en perjuicio del pueblo.

A partir de 1972 se bifurcaron las oposiciones al texto constitucional. Unas se constreñían esencialmente al rechazo por sus orígenes y fines totalitarios. Se alegaba que toda Constitución debía descansar en la voluntad expresa de toda la nación, cosa que no ocurría con la Constitución de los militares. Las otras dirigieron sus dardos a las normas antidemocráticas y postulaban la alternativa de las reformas. Este ha sido el objetivo indeclinable de ambas corrientes. Han sido numerosas las reformas, pero la consigna de la constituyente ha quedado siempre en pie y seguirá así hasta que se logre sacudir el origen cuartelario de la Constitución vigente.

En una dirección y en otra se concentra el debate actual, felizmente sin caer en el combate. En Irak desde el combate se apunta hacia el blanco de una constituyente. Un país ocupado por 150 mil soldados extranjeros, con un gobierno títere, con 150 asesores de EU regados en todos los ministerios, no piensa en las reformas a los textos dejados por Sadam Husein, sino en la lucecilla remota de la constituyente soberana. Al traspasarse la administración que otros llaman equívocamente la soberanía del procónsul estadounidense al amanuense iraquí, los teóricos del nuevo orden de Irak adoptarán el lema de la resignación, estrenado por los jacobinos de la llamada tendencia panameña: ¡hemos avanzado, la lucha continúa! Hoy las realidades son otras, y ya nadie debe convivir con la resignación, ni quienes la aceptaron ni quienes la repudiaron desde su enunciación. En Irak se tendrá que superar aún el ferrete de la ocupación extranjera y seguramente la metralla viene condicionando la voluntad política. Pero en ambos casos, más temprano que tarde, sin la presión de pactos convenidos o forzados, se impondrá la voluntad nacional como única fuente perdurable de las instituciones. ¿Cuándo? Cuando en la correlación de las fuerzas políticas prevalezca el propósito de fundar una patria nueva, la auténtica, no la electoral. O cuando esa nueva fuerza vigorosa y consciente que se llama opinión pública le dé al país una vuelta de carnero. Mientras tanto, ¡la lucha continúa!

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad: