Se puede combatir la corrupción

N uestro último artículo, titulado ‘Corrupción: Flagelo de la democracia’ generó un amplio debate de ideas. En él, abordamos el tema de la corrupción desde el punto de vista de los elementos que la conforman, los tipos y las consecuencias a nivel político, social y económico que generan, así como su impacto a corto y largo plazo. La crítica —se nos dijo— no planteaba también propuestas de solución y por tanto respondía a otros intereses políticos.

Acepto como válido el comentario. No obstante, más que criticar por el mero hecho de hacerlo, mi interés es que nos sensibilicemos como ciudadanos de la problemática que representa para el país los escándalos de corrupción y el deterioro de la credibilidad de nuestro gobierno.

Se trata, pues, de lograr un cambio de mentalidad con el propósito de hacer las cosas con transparencia y eficiencia, siendo la norma en nuestras acciones diarias como personas y como sociedad. A fin de cuentas, eso fue lo que se nos prometió. Debemos dejar de ver los actos de corrupción como hechos ligados de forma perenne a los gobiernos y políticos de turno, y ver en éstos a garantes y ejemplos de que las cosas se van a hacer bien.

La lucha contra la corrupción pública y privada empieza con el compromiso y el ejemplo personal de los gobernantes, adoptando y cumpliendo una estrategia dirigida a fortalecer las estructuras de combate a la corrupción, creando instancias y medios para su detección, corrección y su erradicación. También en el sector privado, motivando la participación ciudadana en este empeño, así como de inexorable castigo tanto a los corruptos como a los corruptores.

Para ello, es necesario involucrar en el aspecto preventivo de la corrupción a las instituciones con responsabilidades educativas y culturales; a las organizaciones cívicas y no gubernamentales, a las iglesias, a los medios de comunicación, a las asociaciones de funcionarios públicos y a la comunidad organizada en general.

No basta con formular políticas públicas de prevención de la corrupción. Se hacen imprescindibles las de carácter correctivo y punitivo y la acción judicial en la materia, y que se evalúe la efectividad y los resultados de la implantación de esas políticas por el gobierno nacional, previniendo la impunidad.

Un aspecto importante es implementar con eficacia la Ley de Carrera Administrativa e impulsar la política de que los cargos públicos sean progresivamente ocupados por Funcionarios de Carrera, seleccionados con base a concurso de méritos y antecedentes profesionales.

De igual manera, fortalecer la Carrera Diplomática. Fundamentalmente, designar profesionales diplomáticos en las posiciones de alto nivel del servicio exterior, para las variadas funciones de rutina; las de información sobre aspectos políticos, económicos, psicosociales y de seguridad y las de negociación, esenciales para la diplomacia, o de inteligencia estratégica.

Se hace necesario contar con una Ley General de Sueldos. Ésta deberá prever que el salario mínimo también se aplique a los servidores públicos, y que los salarios se fijen por mérito y antigüedad. Ello implica estimular y propiciar que su buen desempeño profesional se traduzca en ascensos y mejoría de sus retribuciones.

No puede existir una política de transparencia y lucha contra la corrupción sin la existencia de una Contraloría General de la Nación que garantice, con estricto apego a la Ley, la eficiencia y el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos. Ello implica su absoluta independencia y su orientación a la transparencia, la modernización y la efectividad administrativa.

En cuanto al marco judicial, es necesario fortalecer las Fiscalías Anticorrupción dotándolas del personal y los recursos necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de sus funciones, según los tipos penales a perseguir. Por su lado, el Órgano Judicial debe ser capaz de juzgar dichos delitos para erradicar efectivamente los actos de corrupción en general.

Particular interés debe existir para evitar actos de corrupción durante las campañas electorales, evitando la posibilidad que dineros provenientes del delito puedan afectar esos procesos y evitar el riesgo de contaminación de sus resultados.

También debe existir una transparencia informativa, haciendo conocer todos los datos referentes a decretos, disposiciones, nombramientos, contrataciones, compras y alquileres del sector estatal, salvo las excepciones motivadas por los imperativos de seguridad nacional, sin justificar tras ella irregularidades administrativas.

Por lo cual se debe establecer una clara definición de las normas y procesos administrativos, y de las atribuciones de los funcionarios, para eliminar las libres interpretaciones y discrecionalidades. Así como desregular y simplificar los trámites y eliminar sus duplicaciones.

La participación ciudadana es importante, por lo que se debe garantizar que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer el derecho y el deber de denunciar los casos de corrupción, no sólo ante las autoridades pertinentes, sino también a través de buzones especiales que garanticen la confidencialidad de las denuncias, a fin de darle curso a las investigaciones.

La lucha contra la corrupción no es fácil, pero tampoco imposible. La concientización de los gobernantes, ciudadanos y sociedad en general, en busca de medidas para combatirla, y de la implementación de prácticas sanas y de hacer de ellas la norma, no la excepción, sentarían las bases para un buen inicio. Y no sólo se trata de mejorar a nivel de país, sino de proyectar una imagen intachable a nivel internacional, como un país que mantiene prácticas transparentes en su administración y gestión de recursos y un buen lugar para invertir y desarrollar proyectos que generen beneficios a la nación.

ABOGADO