Cabotaje nacional, entre la aprobación y la duda

El 7 de abril pasado, el viceministro de la Presidencia presentó un anteproyecto de ley sobre cabotaje marítimo. Ese día, como corresponde, el documento fue entregado con las firmas de rigor para la aprobación de una ley producida desde el Ejecutivo; llevaba la firma de todos los ministros, incluyendo el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez de la Guardia.

Menos de tres meses después, ese hecho ha provocado una controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo “solamente que Ramón no haya venido aquí (a la comisión) es una falta de respeto con la industria”, dijo el diputado Raúl Pineda, presidente de la subcomisión de Comercio, refiriéndose a la ausencia del titular disidente en el análisis del proyecto de cabotaje, apoyado por la Cámara Marítima de Panamá, la Asociación de Armadores panameños (Arpa) y los asociados a la industria marítima auxiliar.

Dos notas fueron enviadas a la Asamblea de Diputados: una del viceministro del Interior, Omar Montilla, del día 20 de agosto, y unos días después se envió otra similar, firmada esta vez por el ministro, en menos de una semana, insistiendo en su oposición al espíritu de la ley debido a la certeza de que un artículo del proyecto sobre la propiedad de las empresas, podría ser lesivo a los intereses de los países firmantes de dichos acuerdos con Panamá, varios de los cuales son potencias marítimas con naves y negocios que usan nuestras aguas y posición geográfica, para sus operaciones.

Wendy Sagel, vicepresidenta de la Cámara Marítima, se declaró confundida por la posición ambigua del Ejecutivo “después que firmaron un anteproyecto, ahora se están echando para atrás”, dijo.

El diputado Pineda fue más lejos y afirmó que si “el apreciado ministro, hubiese sido ministro de Comercio en 1977, el Canal sería de Estados Unidos; eso pasa por la falta de compromiso”.

Para la Asociación de Armadores Panameños (Arpa) e integrantes de la Cámara Marítima de Panamá, el verdadero asunto está en la distorsión del mercado debido a la existencia de empresas y naves sin licencia ni registro de varios de los países de Asia, Unión Europea y Estados Unidos, que entran a aguas nacionales y lucran dentro de nuestras fronteras sin ninguna responsabilidad con el país, enviando el dinero a sus países de origen.

Sagel preguntó durante el debate, “¿a quiénes estamos defendiendo hoy en esta mesa, al extranjero, a dos firmas de abogados o empresas, que representan esos países o a Panamá? ¿Para quién vamos a legislar?”, dijo.

El diputado Pineda afirmó que “eso pasa porque no estamos comprometidos con la decisión del presidente Cortizo, porque si el presidente trajo esa ley a la Asamblea, es porque va a tomar la lucha”.

Para Pineda “nadie respeta al presidente, todo el mundo se sale por la puerta de atrás, no debieron ilusionar a una industria que viene perdiendo terreno frente a tres empresas que cada día se hacen más millonarias y dos firmas que no dejan un solo centavo en Panamá”, denunció.