La decisión más difícil

Los hechos ocurridos a partir de 1985, que culminaron con la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, constituyen el mayor trauma sufrido por Panamá desde la independencia hasta la fecha. La ruptura del orden constitucional y la instauración de un régimen dictatorial, establecidos a raíz del cuartelazo del 11 de octubre de 1968, constituyen los antecedentes históricos de aquel lustro trágico, pero es a partir del asesinato de Hugo Spadafora y la destitución de Nicolás Ardito Barletta cuando el régimen militar, despojado de las mínimas pretensiones de legalidad, inicia la vorágine represiva que condujo el país al borde del caos y propició la intervención extranjera.

Manifestaciones y protestas pacíficas en todo el país sólo provocaban represiones brutales. Un intento de golpe, el 16 de marzo de 1988, encabezado por el coronel Macías y los mayores Valdonedo, Quesada y Fundora fue sofocado rápidamente. Aún quedaba abierta la solución de la crisis por la vía electoral, pero el desconocimiento del triunfo de la Alianza Democrática de Oposición en las elecciones de mayo de 1989 frustró ese camino y luego, la brutal represión del alzamiento del 3 de octubre, encabezado por Moisés Giroldi, la entrega de armas a grupos paramilitares y las medidas represivas contra las multitudinarias manifestaciones populares paralizaron el país y dejaron pocas opciones para terminar con el régimen.

Desde mayo hasta diciembre, los dirigentes políticos intentaron sin éxito abrir espacios para una salida al conflicto, mediante negociaciones en las que participaron allegados al dictador, así como la OEA, funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y gobernantes de países amigos, como el Presidente Carlos Andrés Perez. Todas las gestiones para que Noriega abandonara el poder voluntaria y pacíficamente, incluidas ofertas para residir en España, Paraguay y Venezuela, fueron rechazadas, dejándonos a los panameños sin posibilidades de resolver el impasse y abriendo la puerta para que los norteamericanos actuaran unilateralmente.

Los norteamericanos hacía buen rato eran parte del conflicto. La subversión armada de los setenta y los ochenta en Centroamérica los condujo a una ambigüedad rayana al patrocinio de la dictadura panameña y, además, la importante presencia militar que aún mantenían en el istmo -que incluía la sede del Comando Sur- les incitaba a actuar para evitar que las bravatas norieguistas pudieran concretarse en acciones contra el Canal.

La decisión que habían tomado de intervenir, que comunicaron a Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford ya iniciada la operación militar, no dejaba a estos muchas opciones, pues si esa sombría madrugada del 20 de diciembre se hubieran negado a asumir su responsabilidad como los legítimos representantes de la voluntad popular expresada en las elecciones de mayo, Panamá hubiera sido no sólo un país invadido, sino también ocupado por un ejército extranjero que habría impuesto su tutela en sus propios términos, prolongando la agonía de aquellos años terribles y con consecuencias imprevisibles para el cumplimiento de los tratados Torriijos Carter y la entrega del Canal de Panamá.