La estructura, la coyuntura y el estallido social

Las crisis estructurales se incuban en el largo plazo, Panamá no es la excepción. El Estado y el régimen político presidencialista están en crisis; al igual que la matriz económico social transitista. Estamos frente a una doble crisis, de la economía y de la política. La crisis política de hoy es el producto de treinta años de desempeño de una institucionalidad que organizó la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, y que se instituyó a partir de la demolición del estado militar desarrollista.

Los últimos 30 años del Estado y de presidencialismo en Panamá, son los que este violento proceso impuso, redefiniendo con ello una nueva relación del Estado con la sociedad. Este reordenamiento del Estado se desarrolló bajo una nueva modalidad de concentración y centralización de las estructuras del poder, a través del orden político presidencialista, hoy agotado.

A su vez, empujó al mercado a la condición de organizador social; y estableció niveles inéditos de profundización de la economía transitista. La aplicación de políticas neoliberales produjo un crecimiento sin desarrollo social; crecimiento altamente concentrado que elevó a Panamá a la condición de estar entre los seis países más desiguales del mundo, y ser el segundo o tercero de América Latina.

Hemos planteado en otra parte, que la polarización social y regional que atraviesa el país es el producto de la matriz concentradora y excluyente del “modelo económico transitista de acumulación” que expresaba ya su agotamiento a mediados de la década pasada. Nos encontramos de cara con una economía que crecía a tasas anuales promedio del 6%, mientras que se profundizaba la desigualdad social y regional del país. Antes del COVID, la crisis se manifestaba con una caída progresiva del PIB entre el 2018 y 2019, del 3.7% y 3% respectivamente.

Estamos frente a un “modelo económico” que demanda mano de obra de bajo nivel educativo y que se sirve para su acumulación, de la informalidad laboral y del desempleo. Esta informalidad laboral de naturaleza estructural al transitismo económico rondaba, antes del COVID-19, en el 45% de la fuerza laboral, hoy está en el 50% aproximadamente; a su vez, el desempleo ha transitado de un 7.1% (2019), 18.5 % (2020) a un 14.5% (2021).

Un hecho estilizado de la matriz económica es la concentración. El 86.6% de todo el PIB nacional se concentra en las dos provincias del transitismo histórico: Panamá: 68.8% y Colón: 17.8%. Dos provincias que, a su vez, aglomeran el 60% aproximado de la población total del país. Todas estas asimetrías que distorsionan la vida de la población son la expresión de un modelo de acumulación que concentra riqueza, hunde los ingresos laborales y excluye socialmente.

En la dimensión de la polarización geográfica o regional, como la caracteriza el BID, el área metropolitana aloja (ciudad de Panamá y San Miguelito) aproximadamente el 47.5 % de la población del país, y concentra, el 70% aproximado de todo el PIB nacional. Este proceso de concentración y de exclusiones ha convertido a todo el país, en un espacio de intensas contradicciones y conflictos.

Detonantes de una crisis de acumulación, son el aumento del combustible, alimentos, transporte, despilfarro gubernamental. Factores que han actuado como aceleradores de graves problemas: la desigualdad, desempleo, privilegios inadmisibles del poder político, la sensación de impunidad y, por supuesto, la corrupción generalizada en los órganos del Estado. Es en ese sentido, que el actual momento político, fuertemente condicionado por la crisis estructural de un “modelo de crecimiento sin desarrollo”; y de un orden político de privilegios altamente concentrado (recursos) y centralizado (decisiones), ha mostrado la incapacidad de darle soluciones al desempleo y a la mermada capacidad adquisitiva de la población.

El orden político que padecemos se organiza en torno a la relación “presidencialismo-partidocracia-clientelismo” que es un sistema político de naturaleza rentista, que genera privilegios inaceptables a una élite; y por su carácter, le es imposible estructurar un plan estratégico de crecimiento y desarrollo en beneficio de la población. Un plan estratégico de desarrollo requiere mínimamente, tributación progresiva y. políticamente, un esfuerzo de sacrificio concertado entre sectores. Ambos componentes son complicados, por el carácter excluyente de la economía y la política.

En este contexto de crisis política, merece especial atención el régimen fiscal del estado panameño. Hay dos componentes propios del Estado. El monopolio de la coerción (fuerza legitima) y el monopolio de la tributación fiscal. Dejando atrás el tiempo político estatal, cuando se compartía la coerción con los “marines” de la “ex zona del canal”, el régimen fiscal que ostenta el estado panameño es el régimen propio de la matriz transitista que favorece a un bloque de poder de naturaleza especulativa y rentista. Bloque que ha creado una estructura de privilegios, exoneraciones, amnistías y evasiones en todo el sistema económico y político, y que impactan en la estructura de desigualdades y exclusiones de la sociedad panameña.

Rudolph Goldshied manifiesta de manera lapidaria: “el presupuesto es el esqueleto del Estado desnudo de toda ideología engañosa”. Esto significa, que la estructura fiscal expresa, no solo la naturaleza del Estado; expresa también en nuestro país, el carácter del bloque de poder que ha organizado los elementos esenciales e inmodificables hasta ahora, de la estructura de privilegios y desigualdades prevalecientes, es decir, el orden político económico hoy en crisis.

La estructura fiscal de privilegios, exoneraciones y evasiones es un problema estructural e inherente a la forma de acumulación transitista. Es una fiscalidad que está en “cohabitación” con un sistema político que articula el régimen presidencialista a una partidocracia, que medra en privilegios, y cuya renovación es el producto de prácticas clientelistas institucionalizadas a lo largo de todo el sistema. Todo lo anterior sirve a un bloque de poder constituidos fundamentalmente por especuladores y rentistas (finanzas, oligopolios, servicios transnacionalizados).

Juan Jované, quien mejor ha estudiado el problema, escribe lo siguiente: “en muchos casos el origen de la corrupción se ubica en el sector privado. Este es el caso de la evasión fiscal, la cual se inicia con un acto corrupto de un agente privado. En Panamá, este tipo de corrupción proveniente del sector corporativo tuvo un costo para el fisco y la sociedad que entre el 2009 y 2019 alcanzó a B/.57,877.8 millones de balboas. Se trata de una enorme cantidad de recursos, los que equivalen al 91.0% del PIB del 2021”.

Los movimientos sociales en despliegue político están hoy movilizados por el descontento que produce la acción del gobierno, en lucha por intereses; que no se reducen a demandas puntuales y focalizadas, como ha sido la respuesta del ejecutivo (congelamiento del combustible, 10 artículos de la canasta básica y una lista tardía e insuficiente de austeridad en el gasto). Estos movimientos están hoy en el fragor de la coyuntura en capacidad de construir una plataforma que puede ir más allá de los particulares intereses de sectores, y generar objetivos y demandas que apunten a lo estructural. Hoy las calles y avenidas de país, como nunca en 30 años, están ocupadas por el magisterio, los estudiantes, los sindicatos, los cuenta propia, pequeños y medianos productores y empresarios, los pobladores de los sectores comunitarios, los indígenas, en definitiva, es la presencia viva del mundo de lo popular.

Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

El autor es académico de la Universidad de Panamá