El juicio que pone a prueba al sistema de justicia panameño

Debería ser indiferente, ya que se presume que la justicia es ciega y el sistema así debería comportarse, sin embargo, eso no es una realidad en nuestro país. La presión que recibe el sistema cuando los implicados son actores políticos, pone en escena muchos defectos de la justicia panameña, y también pone en escena a una sociedad susceptible de calificar anticipadamente la inocencia o culpabilidad de una persona. Todos sabemos los defectos de la justicia inquisitiva mixta, que es el modelo de juzgamiento que se aplica al caso en referencia, por lo tanto al existir probabilidades altas de que el sistema vulnere derechos y desconozca garantías de ambos expresidentes, solo me queda como reflexión el tiempo perdido en el que ambos gobernantes pudieron fortalecer las bases de una justicia más eficiente, la cual habría garantizado para ambos su legítimo derecho a defenderse y esclarecer los señalamientos.

No lo está. La primera condición de estabilidad para el sistema judicial es que quien ostente el cargo de juez tenga permanencia en su cargo y nadie ejerza en condiciones de interinidad. Luego están las complejidades administrativas, el tiempo razonable de ese expediente para que quien decida pueda comprender todas las teorías de cada caso que presenta el Ministerio Público, son retos importantes. Frente al tema del tiempo y la prescripción de los delitos señalados, adicionalmente los vacíos y lagunas legislativas que no acompañan al pronóstico de llegar a una conclusión del caso.

Como abogado solo puedo valorarlas como dichos o palabras que requieren ser contrastados con otros elementos de convicción que permitan concluir cualquier extremo del caso. El trabajo del Ministerio Público es darle ese contenido a los dichos, para permitir que se acrediten como verdades, y todos debemos saber que en el ejercicio del derecho de defensa, las partes pondrán a prueba las capacidades del Ministerio Público.

La línea de tiempo de las investigaciones excluyeron un periodo presidencial, por lo tanto queda ese extremo sin determinar, y adicionalmente los colaboradores tampoco han mostrado un genuino aporte en sus declaraciones para lograrlo.

Que nadie puede sorprenderse, son las reglas del sistema que no fue auxiliado para tener mejores herramientas en su funcionamiento y ahí queda la reflexión de la primera pregunta, el poder político que no ha mirado a la justicia como una necesidad de proyectar seguridad y confianza en nuestro país. Mientras tanto, el sistema ha contemplado todos los supuestos de suspensiones que pueden darse.

El caso Odebrecht es un gran desgaste para la justicia panameña, y hemos hecho todo al revés: acuerdos incumplidos por montos irrisorios y una gran alharaca para nada. La justicia penal panameña está rumbo a convertirse en una pantomima, en la cual cada quien finge que cumple con su función, y es mentira.

La justicia no está por colapsar. ¡Ya colapsó!

Pienso que se reservó mucha información.

Falta información, y lo que menos hace falta ahora es que salga a la luz pública. Lo que necesitamos es que compensen al patrimonio estatal y paguen multas razonables. En Estados Unidos reembolsaron el excedente y pagaron una multa siete veces mayor y siguieron en la ejecución de sus proyectos, como debe ser, sin tanto trauma.

Una de cal y una de arena. La parte buena es que le dieron el mismo tratamiento que al resto de la población. Todos estamos así y más aún en casos en los cuales involucraron a decenas de personas en un barrido indiscriminado. Y la otra cara de la moneda es que solo han alargado la agonía para el que espera justicia. El caso Lava Jato murió en su cuna (más aún con el archivo del caso en Brasil) porque se desvió del objetivo, que era seguir la ruta del dinero, y lo convirtieron en un caso político que solo contribuyó a dañar aún más la maltratada imagen internacional de Panamá.