Abogados solicitan medidas cautelares por puerto Corozal

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) y la Asociación de Derecho Ambiental presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los residentes de las áreas revertidas por la construcción del puerto de Corozal, que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La acción legal es específicamente contra la Resolución Administrativa No. ACP .DJ-RM-14-711 del 30 de octubre de 2014, mediante el cual se autoriza a la administración de la ACP para que inicie el proceso de precalificación y licitación negociada para la concesión de la construcción y operación de un puerto de trasbordo de contenedores en Corozal.

A juicio de los demandantes, el desarrollo del puerto atenta contra sus derechos y por ser ‘violatorio' a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La solicitud lleva la firma de José Alberto Álvarez, presidente del CNA, Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, y Santander Tristán, presidente de la comisión de Corozal del CNA.

La demanda es en representación de los residentes de Diablo Heights, Balboa, Clayton, Los Ríos, Corozal, Albrook y Cárdenas, comunidades de las áreas revertidas. Los residentes se oponen a la construcción del puerto de contenedores en la zona porque, entre otras cosas, representaría la desaparición de la comunidad de Diablo.

En la zona opera el puerto de Panama Ports, que, a juicio de los residentes, afecta a las comunidades.

Los residentes piden que el nuevo puerto se construya en la zona de Farfan o Palo Seco, un poco más alejado.

La ACP aplazó el pasado martes la entrega de propuestas hasta el viernes 17 de febrero.

‘El puerto de Corozal incrementará los problemas que ya provoca Panama Ports',

AIDA TORRES

RESIDENTE