Una renuncia inesperada y la institucionalidad de la justicia

Su connotación inesperada ha hecho que todo tipo de conjeturas se ciernan sobre ella, causando un grave daño a la credibilidad de todo el sistema judicial; me parece que el licenciado Ulloa debe una explicación detallada al país. Nadie le podía obligar a mantenerse en el puesto y es su derecho no continuar; sin embargo, dejar historias a medias no es el mejor legado para un alto cargo de la justicia.

No, Insisto, nadie podía obligarle a quedarse, si simplemente ya no quería continuar y sus motivos eran de hastío y dejar el cargo era su derecho, pero las líneas de su nota no aportan nada al mejoramiento del Ministerio Público y generan más incertidumbre en el rumbo de la institucionalidad. Cómo dejar un legado de transformación si no revela lo que, según su mirada, eran obstáculos insalvables para mantenerse en el cargo.

El impacto de la renuncia no debe mirarse en relación a un caso en concreto, la renuncia afecta la credibilidad en la institucionalidad del Ministerio Público, con la llegada del sistema penal acusatorio, el avance de cada carpetilla es muy concreto; independiente del procurador que sea, se debe verificar si hay elementos que permitan imputar o no, se pedirá audiencia para imputar o no y a eso se limita el trabajo de los fiscales en cada caso. La renuncia pone en evidencia la fragilidad de la institucionalidad, ya que al encontrar obstáculos un procurador se reconoce no poder quitarlos del paso. La renuncia entraña el reconocer que no hay voluntad de transformación de la justicia.

Sí, vivimos un momento en el que nuestro país está bajo la mirada de organismos internacionales que nos mantienen en listas negras y grises; toda inestabilidad fortalece las dudas que giran en torno a nuestro estado de derecho. La no terminación de los periodos constitucionales expone la ausencia de mecanismos de selección adecuados y la falta de respaldo a los funcionarios en asuntos de justicia. El individuo frente a la soledad del cargo es lo que queda de manifiesto; un hecho como la renuncia del exprocurador Ulloa apunta directamente a la debilidad del marco normativo; hemos sugerido que la figura del amparo de la independencia judicial sea extendida a los fiscales, lo que permitirá incluso que un procurador pueda sentirse respaldado en medio de un debate judicial que le ponga en situaciones de vulnerabilidad. Un país sin fortalezas institucionales en materia de justicia genera desconfianza en la seguridad jurídica, principalmente en la inversión extranjera, por lo tanto los inversionistas miran con mayor cautela mantener relaciones comerciales con un socio como el Estado panameño.

Que debe ser rechazada de plano. Es una propuesta superficial y simplista del problema de la justicia penal. Entender que el estado de derecho se consolida con la existencia de tres poderes del Estado debidamente fortalecidos en su marco institucional y presupuestario es el punto de partida, propugnar por una comisión internacional es cercenar a un poder del Estado panameño. ¿De qué nos sirve a los panameños que un ente extranjero llegue a consumir el presupuesto que tanto se le ha negado al Órgano Judicial, al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal durante décadas?, ¿en qué aporta esta propuesta si la población en general debe lidiar con la ineficacia de la justicia?, ¿mostrar dos tipos de justicia?, ¿queremos sustituir nuestras instituciones y no pensar en cómo fortalecerlas? El problema de la justicia se corrige dando prioridad a los asuntos de justicia en la agenda política, entendiendo que es un servicio que debe ser brindado con controles de calidad y evaluación del desempeño. Yo aspiro a que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia eficiente, no que la justicia se convierta en un espectáculo político y que sea eficiente solo para unos. Me parece que antes de pensar en crear comisiones internacionales debemos poner la mirada en lo básico, y cabe preguntarnos qué falta en la administración de justicia, qué se necesita, y me surge como respuestas los siguiente puntos: la entrada en vigencia del Tribunal de Integridad y Transparencia, en la puesta en funcionamiento del Amparo de Independencia Judicial ampliada a los fiscales y abogados, la implementación de mecanismos de evaluación del desempeño en el Ministerio Público, fortalecimiento de su estructura legal, la terminación de los cargos interinos en la justicia penal, y por último el acompañamiento institucional para los funcionarios judiciales.

Es una salida desastrosa, duro golpe a la institucionalidad. El licenciado Eduardo Ulloa contaba con el conocimiento de la situación que por años atraviesa el Ministerio Público dada su experiencia como funcionario y fiscal por largos 17 años y, mínimo, ocho años como litigante en materia penal. Quedamos con la impresión de que los panameños pagamos miles de dólares por unas evaluaciones con apariencia de que fueron manipuladas o direccionadas a favor del exprocurador. El señor Ulloa no dimensionó el duro golpe que le gestó a la institucionalidad democrática con su incolora gestión, agravada por su inexplicada renuncia.

El exprocurador le mintió al país con descaro. Trasladar la responsabilidad de su renuncia a la familia, a los medios de comunicación, que por cierto estuvieron pendientes y esperando poder respaldar su gestión si la hubiese realizado, culpar al sistema o poderes, todo ese mal narrado cuento carece de sentido y de realidad, para la inteligencia de un profesional que voluntariamente aspiró y maniobró para alcanzar el más alto cargo de investigación criminal de la República.

Afecta dramáticamente. Consecuencia de la irresponsable renuncia al cargo de procurador y su falta de explicación y verdad, esta investigación que pone de manifiesto la existencia de hechos de relevancia para el derecho penal, cuyas víctimas son de los más frágiles, los menores de edad. Debió impulsar la gallardía, comprometerse a realizar una investigación rigurosa y objetiva que permitiera identificar a los responsables y llevarlos ante los tribunales de justicia. Esa postura hubiese ganado el respaldo nacional. Lastimosamente, su incolora gestión transitó en contravía con las exigencias institucionales y sociales reclamadas por el momento histórico.

Por supuesto que afecta nuestra imagen internacional. Sin lugar a dudas, tenemos el récord negativo que le exhibe al mundo que en Panamá, ser procurador o fiscal general, es algo manipulable, insignificante y transitorio. Nuestra imagen y colaboración en temas globalizados como corrupción, blanqueo de capitales, delincuencia organizada, trata de personas, es cuestionado por la ausencia de un Ministerio Público institucionalmente robusto y profesional, encabezado por procuradores estables que muestren una gestión dinámica y eficaz al culminar su periodo constitucional. El país requiere de un procurador o procuradora dotado de conocimiento jurídico, principalmente en materia penal y procesal penal, con conocimiento en gerencia administrativa y gerencia de procesos, que tenga capacidad de liderar la modernización de la instituciones y el buen manejo de los procesos de investigación. La experiencia nos grita, que requerimos de un procurador o procuradora con carácter y transparencia, activos estos que generarían apoyo de instituciones, gremios, la ciudadanía, incluso destacados organismos internacionales. En los últimos 30 años, procuradores han venido y se han ido por inexplicadas renuncias sin que la sociedad se haya sentido comprometida a movilizarse para respaldar su gestión; la sociedad no se ha identificado con ellos, los renunciados, debido a sus actuaciones tristemente sesgadas, carentes de objetividad, ausentes de grandeza de patria.

En lo particular, estas comisiones internacionales me generan desilusión de país. Concluir que los panameños no podemos atender nuestras responsabilidades y desafíos como nación, me vende la idea de país fracasado. Ciertamente, transitamos en la dirección equivocada. Hemos cedido la democracia a los antidemócratas que cada día merman más sus instituciones cuando el propósito es ir perfeccionando la democracia con más democracia. Hemos cedido la política a quienes la usan como instrumento para la corrupción, enriquecimiento ilícito y el sometimiento de los ciudadanos. Se aplaude la insensatez y la incapacidad en la gestión pública. Aun así, sigo pensando que los panameños de bien podemos rescatar y enrumbar al país hacia la institucionalidad, la democracia y la participación. Por ahora, prefiero que el procurador encargado le dé señales claras al país, que pongan de manifiesto que actuará con independencia, objetividad, carácter y grandeza de patria. Nos ayude a demostrar que los panameños podemos hacernos cargo de nuestras responsabilidades y desafíos, generando confianza y respaldo ciudadano.